Con casi 45 años de experiencia en el ejercicio del derecho, Cristina Guzmán representará a la Conferencia Episcopal Española en la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos
El pasado 26 de septiembre, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y con la presencia del presidente y del secretario general de la CEE, Luis Argüello y César García Magán, respectivamente, y del presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, se reunió por primera vez la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA). Se cumplía así el mandato de los obispos, reunidos en Asamblea Plenaria extraordinaria el pasado 9 de julio. Entre los expertos de distintos ámbitos se encuentra Cristina Guzmán Pérez, doctora en Derecho Civil, con casi 45 años de experiencia. Ella tiene asiento como representante de la CEE.
¿Cómo ha vivido el hecho de que la Iglesia haya pensado en usted para formar parte de esta comisión?
Con gran sorpresa. Nunca pensé que la Iglesia pudiera pensar en mí para realizar esta misión, porque creo que no soy merecedora de tanto honor. Pero, por otro lado, soy consciente de que Dios nos reclama, en el momento menos esperado, para realizar trabajos que nunca hubiéramos sospechado que íbamos a realizar y, como católica, estoy en deuda con la Iglesia por lo mucho que he recibido siempre de ella y es mi obligación responder con responsabilidad y entrega a esta nueva tarea.
¿Cómo se plantea este trabajo?
Me planteo esta misión como una aportación de trabajo personal y responsable para dar cumplimiento a esa búsqueda de la verdad y realización de la justicia a la que se ha comprometido la Iglesia en el tratamiento, atención y asistencia a las víctimas de abusos, recogida en el PRIVA. La afronto con ilusión y entusiasmo, sentimiento este que prevalece sobre el peso de la responsabilidad. Soy consciente de que no es una tarea fácil de cumplir y que me resultará dolorosa en algunos momentos, pero con el equipo de personas que forman parte de la comisión a la que pertenezco, estoy convencida y esperanzada en que entre todos sabremos llevarla a cabo.
El pasado 26 de septiembre se celebró la primera reunión. ¿Cuál es su valoración de este primer contacto y del grupo que se ha formado?
Mis primeras impresiones han sido muy positivas. Todos los que formamos parte de la comisión estamos muy comprometidos e ilusionados con el trabajo que tenemos por delante, porque todos estamos esperanzados en que se pueda dar una reparación moral a todas las víctimas de los abusos que no hayan podido lograr una satisfacción judicial estatal o canónica porque el delito haya prescrito o porque el victimario haya fallecido o haya resultado inimputable.
Tiene una amplia trayectoria en el mundo del derecho: civil y canónico. ¿Qué puede aportar usted a esta comisión?
Mi experiencia de casi 45 años en el ejercicio del derecho. Como abogada ante los tribunales estatales, he llevado procesos civiles y penales durante bastantes años y, sobre todo, he asistido y sigo asistiendo profesionalmente procesos de familia —declaraciones de paternidad, adopciones, incapacitaciones, separaciones, divorcio, liquidación de bienes gananciales, testamentarías—. Como abogada canonista he atendido y sigo atendiendo muchas peticiones de opinión sobre la posibilidad de iniciar o no procesos de nulidad de matrimonio canónico y he dirigido estos procesos ante los tribunales eclesiásticos y ante la Rota de la Nunciatura Apostólica de España. Son muchos años de práctica en procesos judiciales y, sobre todo, de paciente escucha ante los problemas humanos, lo que creo que favorece la adquisición de una cierta sensibilidad ante las situaciones que vamos a tratar en la comisión. Esto es lo que puedo aportar.
Entonces, será de utilidad haber abordado, por ejemplo, situaciones familiares difíciles…
Todos los procesos de familia que he llevado y sigo llevando implican situaciones familiares difíciles. Imparto actualmente una asignatura con esta denominación en el Instituto Juan Pablo II. Además, he impartido varios años docencia a psicólogos que realizan un máster en terapias familiares en la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas. Mi contacto con la psicología es muy constante, tanto a través de estos procesos ante los tribunales estatales como en los procesos canónicos. Aunque en la comisión contamos con la presencia de psicólogos y psiquiatras, cuya profesionalidad es indudable, espero que mi visión de las distintas personalidades y actuación de las personas que intervienen en un proceso judicial pueda ayudar también a estos técnicos de la comisión y a los demás miembros para descubrir la verdad.
¿Qué importancia tiene el derecho y, en concreto, el derecho canónico, en procesos como los que van a abordar en la comisión?
El derecho tiene su importancia, y en particular también el derecho canónico, porque nos permitirá no solo confirmar los datos remitidos por las oficinas de acogida de las víctimas de que realmente ha existido una prescripción penal estatal y canónica, sino también para proceder a la valoración del daño. Esto se hará según criterios jurídicos previamente establecidos o recomendados en los sistemas de legislación comparada, teniendo en cuenta que la reparación integral que recomendará la comisión, tras la evaluación del caso, no solo puede ser económica, sino también en el ámbito del apoyo psicológico y espiritual.
¿Cómo se le puede explicar a una víctima que su caso ha prescrito cuando su dolor no ha desaparecido?
Es una cuestión más de índole psicológica que jurídica, pero le puedo ofrecer mi impresión: creo que una indemnización económica no hace desaparecer el dolor, pero puede aliviar algo el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima y de sus familiares. En el ámbito del estricto dolor psicológico y/o físico, el acogimiento con cariño y comprensión de las víctimas, las terapias psicológicas o psiquiátricas, cuyo coste puede proponer la comisión que se afronten por las diócesis o congregaciones religiosas, y el acompañamiento espiritual pueden contribuir a mitigar este dolor.
¿Es esta comisión una vía para superar la barrera temporal que impone la prescripción del delito y hacer realidad la justicia?
La Iglesia española ha entendido que la constitución de una comisión asesora formada por miembros de profesiones jurídicas, judiciales, sanitarias, e incluso de una persona que ha estado en contacto muy directo con las víctimas de abusos, era uno de los compromisos en respuesta a la responsabilidad moral de la Iglesia y sus instituciones prevista en el Plan PRIVA. No hay que olvidar que este plan no comienza ahora: la reparación de las víctimas de la Iglesia que han declarado serlo se lleva realizando en las oficinas más de seis años. Ahora, se le confía a esta Comisión Asesora una reparación específica, sea económica o de recomendación especializada a dichas oficinas, para las víctimas que lo soliciten, porque, por diversas circunstancias —prescripción del delito, victimario fallecido o que haya resultado inimputable…—, lo necesitan. Confío en que el trabajo de la comisión sirva para esta finalidad.
En muchas ocasiones, los casos que tendrán que analizar pertenecen a décadas pasadas. ¿Cómo abordarlos cuando apenas se cuenta con documentación, el victimario ha fallecido y hay pocos testimonios?
La investigación previa la realizan las oficinas de acogida de las diócesis, de las congregaciones religiosas, o la del Defensor del Pueblo, donde han sido atendidas las víctimas. Son ellas las que analizan si ha existido o no delito y si este ha prescrito o no. Es decir, la comisión no va a tratar directamente con las víctimas, sino que va a estudiar los casos o informes que remitan estas oficinas. Son estas las que ya habrán analizado en muchos casos de los que se presentan, o tendrán que analizar, la verosimilitud de los hechos que se denuncian, así como los procesos estatal o canónico que proceda realizar. Por tanto, estas dificultades que realmente existen en los supuestos que me indica son las que resolverán dichas oficinas antes de que actúe la Comisión Asesora. En base a dicha información que las diócesis o congregaciones religiosas envían a la Comisión Asesora, esta emitirá un informe con el marco posible de reparación, partiendo de lo que la propia víctima solicita para su sanación y buscando siempre una reparación integral. Puede pasar por el ámbito del apoyo psicológico, económico, etc. Y serán las diócesis y entidades religiosas las que libremente acogerán estas recomendaciones para llevarlas a cabo con el apoyo, si es necesario, de la CEE y de la CONFER.
Ha dicho que la comisión no va a tratar con las víctimas. ¿Por qué?
Queremos evitar revictimizarlas. Estudiaremos los casos que remitan las oficinas de las diócesis y entidades religiosas o, incluso, del Defensor del Pueblo. Dicho esto, las víctimas deben ser tratadas con el mayor respeto y acogerlas con amor y comprensión. Los criterios del PRIVA contemplan que durante el proceso puedan formular alegaciones al informe del que se dispone y presentar otros documentos que estimen pertinentes.
Y una última pregunta. ¿Cómo valora la respuesta de la Iglesia ante estas situaciones dolorosas?
La Iglesia está dando pasos importantes para atender estas dolorosas situaciones de abusos. Por supuesto, y en primer lugar, pidiendo públicamente perdón en reiteradas ocasiones a los fieles y a la sociedad, pero también poniendo los medios necesarios para que los casos que han existido no se vuelvan a producir, con tolerancia cero a estas situaciones y a los victimarios, y abordando una reparación integral a las víctimas de los abusos, bien sea por el cauce jurídico y procesal, bien sea por medio del cauce extraprocesal que estudiará y propondrá la Comisión Asesora.
