La Mesa de Diálogo Interconfesional acuerda con el Gobierno crear una mesa de trabajo frente a las ofensas por motivos religiosos

Representantes de este organismo mantuvieron una reunión con la directora general de Libertad Religiosa

Una representación de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España se ha reunido este viernes 20 de junio, con la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo. La presidenta de la Mesa, Carolina Bueno, el vicepresidente, Mons. Timotei Laurant, y el secretario, Rafael Vázquez, han participado en este diálogo sobre el estado de la propuesta de derogación del delito contra los sentimientos religiosos, recogido en el artículo 525 del actual Código Penal.

Los representantes de la Mesa han manifestado la preocupación de las confesiones cristianas de que se pueda crear un clima de falta de respeto hacia los creyentes de cualquier religión. También han señalado la desprotección que podría suponer la derogación de este delito para los cristianos y miembros de otras religiones ante ataques e insultos por motivos religiosos. Tras un diálogo, se ha llegado al compromiso de establecer un grupo de trabajo y diálogo para afrontar estas dificultades, de manera que juntos se ha podido trabajar por blindar el derecho fundamental a la libertad religiosa con todos los medios legales posibles.

En esta misma reunión, se ha presentado una carta conjunta dirigida al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En ella, la Iglesia católica, en su deseo de colaborar y apoyar a las otras confesiones cristianas, se ha sumado a la petición de acabar con las situaciones discriminatorias que hoy viven los ministros de culto de estas confesiones minoritarias en lo que se refiere a la cotización en la Seguridad Social.

La carta conjunta ha detallado cuatro puntos que la Mesa de Diálogo Interconfesional ha urgido a resolver:

1. Aprobación del Real Decreto para los Pastores Protestantes: Se ha solicitado la aprobación del Real Decreto cuya tramitación comenzó en el año 2022. Este decreto busca dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 2012 y del Tribunal Supremo (TS) de 2007, las cuales han reconocido la discriminación por motivos religiosos que sufren en España los Pastores evangélicos a los que no se ha permitido cotizar antes de 1999. Por esta razón, no han podido ni pueden acceder a sus pensiones de jubilación, muerte y supervivencia, habiendo quedado sin protección ellos y sus familias. Muchos han ido falleciendo sin ver su derecho reconocido, y la solicitud ha incluido la no exigencia del pago del capital coste correspondiente a unas pensiones no disfrutadas, así como una compensación y reconocimiento por la discriminación sufrida.
2. Aprobación del Real Decreto para la cotización de sacerdotes, religiosos y religiosas del Obispado Ortodoxo Rumano de España y Portugal: Se ha solicitado la aprobación del Real Decreto que ha comenzado a tramitarse en el año 2022 y que se ha reclamado desde 2010. Se busca permitir la cotificación a la Seguridad Social de los sacerdotes ortodoxos rumanos. En relación con los religiosos y religiosas de dicho Obispado, si no se ha incluido la posibilidad de su cotización en el anterior Real Decreto, se ha solicitado que se les incluya en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social de forma análoga a lo que ocurre con el clero regular de la Iglesia Católica, con el fin de acabar con la situación de discriminación que este colectivo ha estado sufriendo.
3. Habilitación de la cotización a tiempo parcial para ministros de culto ortodoxos y protestantes: Se ha instado a permitir la cotización a la Seguridad Social a tiempo parcial para aquellos ministros de culto ortodoxos y protestantes que se han encontrado en la necesidad de compatibilizar su ministerio religioso con un trabajo secular.
4. Permitir la cotización a la Seguridad Social de sacerdotes, religiosos y religiosas de todas las confesiones cristianas orientales: Se ha solicitado, igualmente, que se encuentre una solución para el resto de las confesiones religiosas de rito oriental, como la Iglesia Apostólica Armenia o la Iglesia Siríaca Ortodoxa de Antioquía en España, para que se les incluya en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social de forma análoga a lo que ocurre con el clero regular de la Iglesia Católica.