Como es habitual en la rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el secretario general y portavoz, César García Magán, ha abordado distintas cuestiones relacionadas con la actualidad. Una de ellas, el futuro gobierno de España y las exigencias de algunos grupos políticos para apoyar al nuevo presidente. En concreto, la posible amnistía a los políticos que participaron en el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, declarado ilegal.
«Hay herramientas excepcionales para situación excepcionales. En este país hubo una amnistía con el cambio de régimen. No estamos ante una situación excepcional que haga imprescindibles herramientas excepcionales», ha asegurado García Magán.
En cualquier caso, el también obispo auxiliar de Toledo ha recalcado que el respeto a la legalidad vigente y al orden constitucional es «importante» y ha recordado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «no ha dicho explícitamente que vaya a utilizar a esta medida». También ha dicho que si se activa, serán los técnicos del ámbito constitucional los que tendrán que emitir un juicio y ha reivindicado la separación de poderes, «garantía de democracia y legalidad».
Al margen de esta cuestión, el portavoz episcopal ha comenzado su intervención haciendo referencia al suceso en un colegio de Jerez, donde un alumno ha apuñalado a otros dos y a tres profesores. Ha asegurado su oración y manifestado su «cercanía» a las familias. Y ha hecho una reflexión sobre la necesidad de incidir en la educación ante tantos sucesos en los que están implicados menores en los últimos tiempos: «Se requieren pactos de Estado, un compromiso por la educación, en el sentido integral», ha dicho.
Preguntado por el sacerdote detenido en Málaga tras abusar sexualmente de varias mujeres, se ha adherido al comunicado emitido por la diócesis malagueña y ha añadido que a nivel personal, como sacerdote y obispo, tiene un sentimiento «de rechazo y condena» ante esta situación.
El informe de Cremades y Calvo-Sotelo, en dos semanas
En materia de abusos, también ha comentado que el despacho de abogados Cremades y Calvo-Sotelo prevé entregar el informe encargado por la CEE en dos semanas tras más de medio de año de retraso. De hecho, representantes del bufete estuvieron presentes en la reunión de la Comisión Permanente. «Le puedo asegurar que a los obispos no nos gusta el rechazo. Por respeto a la independencia del trabajo, no hemos interferido en el modo de trabajar y estamos esperando con paciencia. Luego será estudiado por los miembros de la Comisión Ejecutiva y será presentado a todos los obispos y a la sociedad», ha recalcado.
Con todo, ha recordado que las oficinas de las diócesis y congregaciones religiosas siguen trabajando en esta problemática y que, de hecho, hay programada una jornada de formación para el próximo mes.
