Un año después de su entrega al Congreso, Ángel Gabilondo explica su investigación en sede parlamentaria. En este tiempo, la Iglesia ha aprobado un Plan de Reparación Integral y constituido una comisión para determinar las indemnizaciones, entre otras medidas
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha explicado este martes ante la Comisión mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo el informe sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Una presentación que llega casi un año después de haber sido entregado —el 27 de octubre de 2023— a la presidenta del Congreso de los Diputados y a los periodistas.
De hecho, la principal novedad señalada por Gabilondo ha sido el hecho de que, desde el cierre del informe hasta hoy, se ha escuchado a en torno a 150 víctimas más, cuyos casos serán incluidos en una actualización del texto. También ha dicho que la unidad que se encarga de la atención a las víctimas sigue operativa.
El resto de la intervención son los datos y recomendaciones ya conocidas: el acto público de reconocimiento, la creación de un órgano para reparar a las víctimas de casos prescritos o cuyo agresor haya fallecido, el fondo estatal para pagar compensaciones y la modificación de distintas leyes.
Así, Gabilondo, que tendrá que volver al Congreso para presentar el informe ante el Pleno, ha reclamado a los poderes legislativo y ejecutivo que tomen en consideración estas recomendaciones, porque «las víctimas esperan que se implemente, lo antes posible y de la mejor manera».
Durante este periodo, que va desde la entrega del informe del Defensor del Pueblo hasta su explicación hoy en la citada comisión, la Iglesia ha venido realizando un trabajo intenso y continuado, sabiendo que dar respuesta a esta realidad tan dolorosa lleva tiempo.
Así, en los últimos doce meses, la Conferencia Episcopal Española convocó dos asambleas plenarias extraordinarias —en octubre del 2023 y en julio de 2024— para dar pasos importantes, además de dedicar tiempo a ellas en las ordinarias, otras dos.
Mientras que en la reunión del 30 de octubre del año pasado, los obispos se mostraban dispuestos a poner en marcha las recomendaciones del informe presentado esta mañana y de asegurar que muchas de ellas iban en concordancia con lo que la propia Iglesia estaba haciendo, durante la Asamblea Plenaria ordinaria de noviembre se dieron pasos más concretos: se aprobó el itinerario para la elaboración de un plan de reparación integral y un mensaje al pueblo de Dios sobre esta cuestión titulado Enviados a acoger, sanar y reconstruir.
«Muchos de nosotros nos hemos encontrado con las víctimas de esos abusos. Hemos conocido su rostro, su historia, su nombre. Queremos hacernos cargo de su dolor encarnado. Les hemos pedido perdón», recogían los obispos en ese texto.
El tema no dejó de abordarse, pues se publicó el informe Para dar luz y, que recogió tanto parte de las aportaciones de la investigación encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo como del propio Defensor del Pueblo.
A lo largo de 2024, se fue avanzando los trabajos para hacer frente a esta lacra, que desembocaron en la aprobación, en la Asamblea Plenaria extraordinaria del 9 de julio, del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA), sus criterios orientadores y al documento Líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia en España. Todos estos documentos se elaboraron y aprobaron conjuntamente con la CONFER.
Una acción que no fue «una respuesta al Gobierno, ni siquiera al Defensor del Pueblo, sino a cada víctima». El objetivo es hacerse cargo del dolor de las víctimas y como dijo el presidente de la CEE en aquella Asamblea, asumir «una obligación moral».
En este sentido, es conveniente recordar que las citadas líneas de trabajo de la Iglesia en España ya incluyen las propuestas reseñadas por el Defensor del Pueblo.
Comisión asesora
En el plan se incluye la creación de una comisión asesora —con profesionales independientes y de diversas disciplinas— que ayudará a las diócesis o congregaciones que así lo pidan un sistema de reparación integral para víctimas. Un órgano que mantuvo su primera reunión el pasado 26 de septiembre y que ya está en marcha.
En estas páginas hemos hablado con Cristina Guzmán Pérez, doctora en Derecho Civil y miembro de la citada comisión, que representará a la Conferencia Episcopal Española.
