Ahora que la adopción por parte del cardenal Prevost del nombre de León XIV ha hecho que muchos católicos oigan hablar por primera vez de León XIII y de la doctrina social de la Iglesia (DSI), no estaría de más volver nuestros ojos a la Rerum novarum. Muchas de las injustas descalificaciones que sufrió el Papa Francisco estaban fundadas, precisamente, en el desconocimiento de la DSI.
León XIII defiende la propiedad privada frente a los aires revolucionarios que azotaban Europa por aquella época (estamos en 1891). Pero ya desde el primer número de la encíclica deja claro el juicio negativo que le merecen la inhumanidad, la desenfrenada codicia y el mal voraz de la usura de empresarios y banqueros, «hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios». Aunque hemos avanzado en estas décadas en medidas regulatorias de la economía y el trabajo y hemos creado un poderoso sistema de protección social en muchos países, el papa Francisco se vio obligado a escribir en Evangelii gaudium: «Tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata (…) Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil» (n. 53). Como ven, perfecta sintonía entre uno y otro pontífice.
Sentado ese principio, León XIII avanza en una de las ideas principales de la encíclica: «Los desvelos públicos han de prestar los debidos cuidados a la salvación y al bienestar de la clase proletaria; y si tal no hace, violará la justicia, que manda dar a cada uno lo que es suyo» (n. 24). Y para que no quedase la menor sombra de duda sobre lo que quería afirmar, dice en el número siguiente: «La equidad exige que las autoridades públicas prodiguen sus cuidados al proletario para que éste reciba algo de lo que aporta al bien común, como la casa, el vestido y el poder sobrellevar la vida con mayor facilidad. De donde se desprende que se habrán de fomentar todas aquellas cosas que de cualquier modo resulten favorables para los obreros».
Está claro que la vivienda es un bien fundamental en la vida de las personas. Facilitar el acceso a la misma a los colectivos que más difícil lo tienen es un imperativo moral de primer orden para el Estado y, no lo olvidemos, también para todos y cada uno de los ciudadanos. De ahí que León XIII escribiese: «En la protección de los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los débiles y los pobres (…) El Estado deberá, por consiguiente, rodear de singulares cuidados y providencia a los asalariados» (n. 27). Por eso, predicadores y confesores harían bien en recordar insistentemente al Pueblo de Dios la necesidad de distinguir entre la recta posesión de los bienes y el recto uso de los mismos.
