El Dicasterio para el Clero reconoce que situaciones como la carencia de sacerdotes pueden hacer necesarias adaptaciones, pero se advierte contra la generalización excesiva de las Misas colectivas
El Dicasterio para el Clero ha emitido un nuevo decreto, fechado el pasado domingo, 13 de abril, y que entrará en vigor el próximo Domingo de Pascua, con el objetivo de actualizar y hacer más explícita la disciplina en materia de las intenciones de las Santas Misas y las ofrendas realizadas por los fieles. El espíritu de la legislación busca integrar la normativa vigente —teniendo en cuenta la experiencia acumulada desde la publicación del Decreto Mos iugiter (1991)—, así como responder a las diversas observaciones y solicitudes recibidas.
De esta forma, el nuevo decreto reafirma el principio fundamental de que, según la costumbre aprobada de la Iglesia, es lícito que cada sacerdote que celebre o concelebre la Misa reciba una ofrenda para encomendarla según una intención determinada. Se subraya, asimismo, que esta práctica permite a los fieles unirse más estrechamente al Sacrificio Eucarístico, añadiendo un sacrificio propio y colaborando con las necesidades de la Iglesia, especialmente en el sostenimiento de sus ministros. Esta tradición, con raíces en los primeros siglos de la Iglesia, nunca debe ser considerada como un «precio de venta» de algo santo, lo cual nos pondría, sin duda, ante un acto simoníaco.
Uno de los puntos centrales del decreto es la regulación de las llamadas «Misas colectivas», donde se aplican múltiples ofrendas a una única celebración. El decreto establece que, si el Concilio Provincial o la reunión de los obispos de la provincia lo dispone por decreto, los sacerdotes pueden aceptar múltiples ofrendas de distintos oferentes para una sola Misa celebrada según una única intención «colectiva», únicamente si todos los oferentes han sido informados y han dado su consentimiento explícito. Esta voluntad nunca puede ser presumida. En estos casos, el celebrante puede retener para sí la ofrenda de una sola intención. Se insiste en la importancia de ofrecer la posibilidad de celebrar Misas diarias de intención singular.
En concordancia con lo anterior, el decreto reitera la ilicitud de aplicar una sola Misa por múltiples intenciones para las cuales se hayan aceptado diversas ofrendas sin el consentimiento explícito de los oferentes. Tal práctica se considera contraria a la justicia, al igual que la no aplicación de una Misa en relación con la ofrenda aceptada. También se prohíbe la sustitución de la aplicación prometida en la Misa por una simple «intención de oración» en una celebración de la Palabra.
Las nuevas normas buscan salvaguardar la justicia hacia los oferentes y evitar incluso la apariencia de «comercio» de cosas sagradas. Del mismo modo, se reconoce que situaciones como la carencia de clero pueden hacer necesarias adaptaciones, pero se advierte contra la generalización excesiva de las Misas colectivas, ya que podría llevar a desincentivar la ofrenda por intenciones singulares.
El decreto también aborda la destinación de las ofrendas, señalando que los obispos diocesanos pueden disponer, mediante ley particular, su donación a parroquias necesitadas, especialmente en países de misión. Se encarga, asimismo, a los Ordinarios la tarea de informar al clero y al pueblo sobre el contenido y significado de estas normas, y de vigilar su correcta aplicación, asegurando la adecuada anotación en los registros de las Misas, tanto de las intenciones como de las ofrendas. Se debe asegurar la clara distinción entre la aplicación de una Misa por una intención determinada (incluso colectiva) y un simple recuerdo en otros momentos litúrgicos, considerando gravemente ilícita la solicitud o aceptación de ofertas por estas últimas.
Finalmente, el decreto anima a los pastores de almas a fomentar la venerable práctica de recibir ofrendas para la aplicación de Misas por intenciones determinadas y, donde esté debilitada, a revigorizarla a través de la catequesis sobre los novísimos y la comunión de los santos. Se establece que, en las provincias eclesiásticas donde no se disponga nada al respecto, seguirá en vigor lo previsto por el Decreto Mos iugiter de 1991. Por último, el Dicasterio para el Clero ha informado que realizará un estudio sobre la aplicación de estas normas diez años después de su entrada en vigor.
