Desde febrero del presente año 2025, cuando comenzaron a recibirse las primeras solicitudes, hasta este mes de septiembre, se han acumulado un total de 89 casos de reparación integral
La Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, Víctimas de Abusos sexuales (PRIVA), ha completado su primer año de trabajo con un balance significativo, resolviendo 39 dictámenes de reparación integral de los 40 informes completos recibidos. Este hito se ha producido en su primer año de funcionamiento, pues fue puesta en marcha en septiembre de 2024.
La portavoz de la Comisión Asesora de PRIVA, Sandra Várez González, ha recordado que el grupo de trabajo tiene como su principal objetivo «evaluar y dictaminar la reparación integral de aquellos casos de abusos sexuales cometidos a menores de edad o personas equiparables en derechos que ya han prescrito o en los que la justicia formal tiene extinguida su capacidad de actuar». Y ha añadido que la comisión opera con independencia y autonomía propias, basando sus dictámenes en criterios jurídicos y terapéuticos.
Desde febrero del presente año 2025, cuando comenzaron a recibirse las primeras solicitudes, hasta este mes de septiembre, se han acumulado un total de 89 solicitudes de reparación integral. De estas, 32 corresponden a casos en diócesis y 57 a casos ocurridos en congregaciones religiosas. Cerca de la mitad de estas solicitudes ya han sido resueltas.
Así las cosas, la propuesta de reparación integral incluye cuantías económicas que oscilan entre los 3.000 y los 100.000 euros, dependiendo de la gravedad, las consecuencias y las circunstancias del abuso. Además de la compensación por daño moral, la reparación integral abarca una retribución económica para compensar gastos terapéuticos pasados y futuros; y recomendaciones a la institución eclesial para acompañar, reparar y sanar a la víctima, así como para implementar procesos de prevención y formación.
El ámbito de actuación de la comisión se centra en situaciones donde la justicia formal —penal, civil o canónica— no puede actuar, ya sea por prescripción del delito o porque el victimario ha fallecido o es inimputable. Esto incluye a clérigos, miembros de institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica o laicos con misión pastoral, apostólica o profesional en la institución eclesial. En cuanto a las víctimas, se pone el foco especialmente en los menores de edad o personas con vulnerabilidad por discapacidad intelectual.
Actualmente, el plazo estimado de resolución de las solicitudes es de tres meses, y en la mayoría de los casos resueltos, este tiempo no ha sido superado. El proceso habitual para acceder a la reparación comienza con la petición del solicitante a través del formulario en la web https://www.paradarluz.com/priva Tras recibir la solicitud, la comisión contacta a la institución eclesial para solicitar un informe. Con esta documentación, los miembros, que trabajan por grupos y en conjunto, elaboran el dictamen de reparación. En caso de que la reparación no pueda ser realizada por la institución, la Conferencia Episcopal Española o CONFER responden subsidiariamente.
En su primer año, la Comisión Asesora, compuesta por profesionales con experiencia en el acompañamiento a víctimas, también ha desarrollado su propio reglamento de actuación, los baremos aplicables para las indemnizaciones y el diseño de documentos y métodos para el procedimiento de solicitud. Este modelo busca garantizar la independencia y el rigor en la reparación, evitando la revictimización.
Esta instancia está formada por 10 miembros: un representante de la Conferencia Episcopal Española, uno de CONFER, y ocho profesionales independientes —cuatro del ámbito judicial, fiscal y universitario, y cuatro terapeutas especializados en atención a víctimas—. Estos miembros, que prestan su servicio de forma voluntaria, basan su trabajo en la experiencia, la independencia y el respeto a la integridad y privacidad de las víctimas, priorizando evitar mayor sufrimiento en el proceso.
El resto de los casos pendientes de resolución están a la espera de recibir los informes correspondientes de las instituciones eclesiales.
