REDES, la CONFER, Cáritas y la Conferencia Episcopal señalan que supone un reconocimiento a tantas personas que con su trabajo llevan contribuyendo al desarrollo del país
La Iglesia celebra la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno aprueba este martes en Consejo de Ministros y que fue anunciada el lunes por Podemos, en el marco de un acuerdo con el primero. De esta manera, en torno a medio millón de personas que ya viven y trabajan, muchos en sectores esenciales, en nuestro país podrán legalizar su situación.
Ha sido la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española las organizaciones que han fijado la postura eclesial, considerando la medida como «un acto de justicia social» y un «reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país».
Sostienen, asimismo, que esta regularización es «un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias». Se refieren, en concreto, a personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos; personas indocumentadas que no pueden acceder a la cédula de inscripción; personas con difícil empleabilidad; trabajadores que no logran presentar un contrato formal previo; solicitantes de protección internacional denegada; y familias con niñosy niñas en situación irregular.
Este acuerdo político para la regularización, que se pone negro sobre blanco en un real decreto, no puede obviar el trabajo que la sociedad civil, y en ella la Iglesia, ha realizado. La Iglesia, junto con más de 900 organizaciones de toda índole, recabó más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de migrantes.
De hecho, ante el enquistamiento de la propuesta, los representantes eclesiales han ido manteniendo reuniones con diversos actores políticos y sociales para alcanzar un acuerdo. Una de las últimas se produjo en el Congreso de los Diputados, con los grupos parlamentarios socialista y popular, a la que asistió el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.
La voz de la ciudadanía
Xabier Gómez, obispo de Sant Feliu de Llobregat y otrora responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, subraya a ECCLESIA que «era hora de que la voz de la ciudadanía fuera escuchada, en coherencia con el apoyo expresado reiteradamente por la Iglesia católica».
Además, pide ir más allá «del oportunismo de posibles lecturas políticas o ideológicas sobre la regularización para centrarnos en que es una medida que hace justicia y promueve, integración, dignidad y bien común».
Gómez hace suya la nota publicada por las entidades eclesiales y pone en valor la apuesta de la Iglesia «por tejer consensos y cultura del encuentro al servicio del bien común».
En una entrevista en ECCLESIA, publicada en 2024, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, defendió la regularización desde un punto de vista católico. «El primer derecho del migrante es estar en su casa, y siendo conscientes de que se está produciendo un fenómeno global de reemplazo y de sustitución ante la carencia de esperanza de vida en nuestras sociedades. Dicho esto, la Iglesia acoge a los que vienen desde la afirmación de la fraternidad. Pero la acogida tiene que mostrar toda la realidad del fenómeno migratorio, teniendo siempre como referencia el rostro de los que sufren, que empiezan a hacerlo en sus países de origen, continúan durante el camino en manos de las mafias, y también al llegar aquí, donde se encargan de los trabajos que los europeos no queremos realizar», dijo Argüello entonces.
