Han firmado este lunes un protocolo para que las víctimas puedan hacer sus solicitudes a través del Defensor del Pueblo. Entrará en vigor el 15 de abril y se extenderá durante un año, con posibilidad de prorrogar otro
La Iglesia da un nuevo paso en su compromiso moral para la reparación a víctimas de abusos cuyos casos han prescrito o no tienen recorrido judicial. Este lunes se ha firmado el desarrollo del acuerdo suscrito en enero para que las víctimas tuvieran una nueva vía de acceso a la reparación a través del Defensor del Pueblo.
El protocolo —suscrito por CEE, CONFER, Ministerio de la Presidencia y Defensor del Pueblo— establece la organización y el funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de víctimas en el ámbito de la Iglesia y valora el camino ya realizado por esta con el Plan de Reparación Integral (PRIVA) y la Comisión Asesora, que ya ha atendido a 131 solicitudes.
«A partir de ahora existe una nueva vía de acceso al plan establecido por la Iglesia y que demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad. En este sistema la colaboración de las instituciones será muy importante y el Defensor del Pueblo tendrá en cuenta aquellos casos ya reparados a través del PRIVA», explican desde la Conferencia Episcopal y la CONFER.
Esta idea la ha reiterado el presidente de la CEE, Luis Argüello, en la rueda de prensa posterior a la firma del protocolo: «Se abre un nuevo paso para seguir impulsando este plan. Nuestra propuesta se complementa, nunca se sustituye, con una colaboración pública. Es una oportunidad de colaboración, respetando el ámbito de cada uno».
Por su parte, el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, ha subrayado que se trata de un paso importante, y que siempre es mejor un acuerdo. «Que este día sirva para aliviar el sufrimiento de las víctimas, que no queremos abandonar ni ignorar», ha añadido.
Se tendrán en cuenta las reparaciones ya realizadas
El protocolo del acuerdo detalla cómo se llevará a cabo la reparación, que puede ser «simbólica o restaurativa, enfocada en el reconocimiento institucional y en ofrecer herramientas para el acompañamiento o la solicitud de disculpas». También se incluye la compensación económica por el daño causado y por los gastos derivados de los tratamientos que hayan sido necesarios.
Estas compensaciones, según detallan la CEE y la CONFER en una nota, tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado, así como otras compensaciones ya percibidas en otros modelos de reparación de la Iglesia. No habrá duplicidades, han explicado tanto Luis Argüello como Félix Bolaños.
El proceso
Además, en el protocolo se detalla que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una unidad de tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación y se comunicará con las partes. Además, notificará las propuestas y recogerá los informes necesarios.
El Defensor del Pueblo, por su parte, tendrá que constituir una unidad de víctimas. Esta hará la evaluación individualizada de las solicitudes y elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y su reparación. Esto se hará siempre teniendo en cuenta si ya fue reparada por el PRIVA o una congregación religiosa.
Por su parte, tanto la CEE como la CONFER se encargarán, a través de la Comisión Asesora del PRIVA, de emitir un informe sobre las valoraciones del Defensor del Pueblo. Si no hay acuerdo, una comisión mixta abordará el caso y, en última instancia, decidirá del Defensor del Pueblo tras hablar con los presidentes de la CEE y de la CONFER.
El protocolo no incluye ningún baremo económico, puesto que los casos se abordarán de manera individual. «Una reparación justa no debe venir determinada por una cifra», ha explicado el ministro Bolaños.
El protocolo entrará en vigor el próximo 15 de abril y estará en funcionamiento durante un año, con la posibilidad de prorrogar uno más.
«Es un día de justicia con las víctimas», ha dicho Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en su comparecencia. El representante del Gobierno ha defendido que se trata de un modelo «en el que se garantiza la reparación integral de las víctimas».
Para el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el paso dado con el acuerdo es «importante», aunque ha reconocido que ya se habían dado algunos de forma previa. «Era una necesidad social, ética y política», ha explicado.
Ha subrayado también que la reparación debe ser integral. Pues el dolor tiene muchas dimensiones —simbólica, restaurativa, espiritual…—, que la reparación deberá tener en cuenta. «Tenemos que escuchar a las víctimas», ha agregado.
Asimismo, ha dicho que espera que este camino realizado en el ámbito de la Iglesia católica pueda llevarse a cabo en otros ámbitos.
