León XIV conocerá la situación en el destino de una de las rutas migratorias más mortíferas del planeta, así como la respuesta de la comunidad cristiana
Corría el de agosto de 1994. Dos jóvenes saharauis llegan a la costa de Fuerteventura en una embarcación frágil pidiendo asilo político. Es la primera patera de la que se tiene constancia en el archipiélago canario, la que inaugura lo que a día de hoy conocemos como la ruta atlántica o ruta canaria. Más de tres décadas después, lo que comenzó como un goteo aislado se ha convertido en una de las crisis humanitarias más complejas y sangrantes del siglo XXI.
Las cifras de los últimos años reflejan una aceleración sin precedentes. Aunque el fenómeno no es nuevo —la memoria colectiva aún guarda la crisis de los cayucos de 2006, cuando llegaron más de 31.000 personas—, la magnitud actual ha dejado atrás aquellos registros. Si en 2017 las llegadas apenas superaban las 400 personas, en solo unos años el salto ha sido impactante: el 2024 cerró con un récord de 46.843 migrantes.
El repunte no es casual y responde a una inestabilidad profunda en los países de origen. Los motivos de la huida tienden a ser tres, principalmente: la persecución política, el hostigamiento por la identidad —creencia, género, etnia…— y situaciones graves de naturaleza socioeconómica. Pero, en muchas ocasiones, antes incluso de subirse al cayuco, el migrante ya es víctima. El trayecto desde Senegal o Guinea es una travesía por tierra en un primer momento donde se enfrentan a conflictos armados, redes de trata y agresiones sexuales. Los que más lo sufren: las mujeres y los niños. Es decir, el trayecto puede llegar a ser de hasta 1.600 km desde la costa de Gambia, lo que a veces puede suponer estar diez días a la deriva por el Atlántico. Es la ruta menos transitada hacia Europa, sí, y también una de las más mortíferas. Solo en 2025, según la ONG Caminando Fronteras, se cobró 1.906 víctimas —entre fallecidos y desaparecidos—, sumando más de 5.000 en la última década.
Las llegadas intentan contenerse con acuerdos de control fronterizo, como los existentes entre España o la UE con países como Marruecos o Mauritania. Pactos que explican los descensos puntuales, pero que no acaban con el problema. Con todo, cabe destacar que del 24 % que pesa la población migrante en Canarias, la mayoría procede de Hispanoamérica.
Sin embargo, es la crudeza de la ruta atlántica la que desborda la gestión institucional. Y por ello, la Iglesia ha pasado a ocupar un lugar clave en las tareas de emergencia, auxilio y acompañamiento.
La Iglesia de trinchera
En esta situación, Cáritas Diocesana de Canarias —que abarca la provincia de Las Palmas— se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la respuesta ante la crisis. Para Caya Suárez, secretaria general de la entidad caritativa, la labor de la Iglesia se sitúa entre la reacción frente a la urgencia y el mantenimiento de la dignidad de la persona. Describe así la misión, haciendo uso de los cuatro verbos popularizados por el papa Francisco: acoger, proteger, promover e integrar.
Para hacer frente, por ejemplo, al sinhogarismo al que se exponen los migrantes cuando dejan de ser tutelados al cumplir 18 años, la diócesis despliega una red que abarca desde asesoramiento jurídico y pisos hasta un acompañamiento sanitario, dado que muchos llegan con secuelas físicas y mentales tras la travesía, desde mutilaciones hasta traumas por agresiones sexuales. Pero el gran pilar de la entidad es la inserción sociolaboral. «Tenemos convenios con más de 300 empresas. No solo damos formación técnica, sino herramientas de habilidades sociales y de convivencia que los empresarios valoran enormemente», subraya Suárez.
La labor de integración es también una respuesta a los brotes de xenofobia que surgen cuando la pobreza estructural de las islas y la crisis migratoria coinciden en el mismo espacio. Es por eso que proyectos como los llamados corredores de hospitalidad resultan clave. «No trasladamos personas, acompañamos procesos de vida», explica Suárez al hablar del proyecto. El planteamiento es, en esencia, sencillo: las diócesis españolas se coordinan entre ellas para acompañar a jóvenes migrantes y facilitar su traslado a la península, donde buscan integrarse y encontrar la vida que les había sido prometida en un primer momento. 50 jóvenes se beneficiaron de la iniciativa el pasado año.
«Se lo va a comer la calle»
La respuesta de la Iglesia canaria es, además, una red que se extiende por todas las islas. Dentro de ella, existen proyectos que ponen el foco en perfiles concretos de una vulnerabilidad extrema, como la Fundación Don Bosco (Salesianos Social) en la diócesis de Tenerife. Su labor se centra en un colectivo muy frágil: el joven migrante que, tras haber estado tutelado por la Administración como menor, cumple la mayoría de edad y queda fuera del sistema de protección.
«Tenemos un programa de acompañamiento a jóvenes en calle para conocer su situación, darles apoyo idiomático, jurídico y, cuando hay plazas, apoyo residencial», explica Miguel Ángel Rojas, director de la entidad. El desafío supone una carrera a contrarreloj para evitar que la exclusión de la persona se vuelva crónica. «Hay un compañero que siempre dice: “A este joven se lo va a comer la calle”. Si le ayudas en el momento puntual, cuando aún no ha sido absorbido por esa realidad, y lo acompañas hasta que consigue un empleo, el joven suele aprovechar su oportunidad».
A través del programa Buzzetti, la fundación atiende a unos 200 jóvenes de media al año mediante itinerarios que incluyen formación y regularización administrativa. Rojas advierte de que la presión está en máximos históricos y que hay más jóvenes que nunca en las listas de espera, puesto que los menores que llegaron hace unos años están empezando a cumplir ahora la mayoría de edad. En este contexto, la reciente aprobación de la regularización extraordinaria es vista como una «ventana maravillosa», dado que denegar la documentación a personas que ya viven y aportan a las islas es «darle pasaporte a la exclusión social».
El derecho a no migrar
En los barrios de Santa Cruz de Tenerife, la Fundación Canaria Buen Samaritano ofrece también respuesta a la crisis. Lo que comenzó en el año 2020 con la acogida de una veintena de jóvenes que acababan de cumplir la mayoría de edad, se ha convertido en un hogar que alberga a día de hoy a unos 175 chicos. El padre Pepe Hernández, uno de los responsables, explica que su labor se centra en el vacío legal que sufren los jóvenes mayores de 18 años. «Los acompañamos hasta que tienen sus papeles y se pueden insertar laboralmente», dice.
Además de la formación y la cooperación, la fundación combate el estigma social en las islas mediante el teatro y charlas en institutos, donde los propios migrantes cuentan su historia. Para el padre Pepe, el contacto diario con estos jóvenes es una lección de vida que choca con los bulos de las redes sociales. «Me reconcilian con el ser humano y me recuerdan valores que nosotros hemos perdido: el respeto a los mayores, la educación y la convivencia».
Por otra parte, entendiendo que la migración forzosa siempre es un fracaso, han puesto en marcha un proyecto en Senegal, concretamente en Kayar, donde han construido un hogar-escuela. «Nos parecía importante hacer algo en origen. Allí los jóvenes se forman en emprendeduría local, energías renovables o agricultura, y les ayudamos a abrir su propio negocio con pequeños créditos», explica el padre Pepe. El proyecto pone el foco en lo que ya señalaba el papa Francisco: también existe el derecho a no migrar. «Intentamos que tengan una oportunidad en su propia casa», subraya.
Del cayuco a la cárcel
Sin embargo, muchas veces, los proyectos de vida se desvanecen antes siquiera de poder comenzar. Existe, en medio de la realidad migratoria, un rincón especialmente invisible donde la red eclesial es, en muchas ocasiones, el único vínculo real con el mundo. En los centros penitenciarios de Gran Canaria, la Delegación de Migraciones de la diócesis de Canarias coordina un equipo intercongregacional de religiosos que acompaña a cientos de migrantes que han pasado, prácticamente sin ninguna transición, del cayuco a la cárcel. El perfil que predomina es el de jóvenes veinteañeros que son acusados de tráfico de personas por llevar el timón de una patera, labor que en otro tiempo realizaban miembros de mafias y que hoy asumen los migrantes.
Esther Santana, priora vicarial de la Congregación Romana de Santo Domingo e integrante de este equipo pastoral, explica que la labor de la Iglesia en estas situaciones es ser puente con el mundo exterior. «Muchos pasan de la patera a la prisión sin saber español y sin entender por qué», explica. «Nosotros servimos de mediadores. Les explicamos a las familias que su hijo está bien y tratamos de combatir el estigma. Muchos no entienden que se les acuse de ser capitanes cuando son simples agricultores que ni siquiera saben nadar», añade. La labor abarca desde la asistencia jurídica hasta el apoyo económico básico.
Para estos jóvenes, la cárcel es un doble encierro que dificulta cualquier futuro permiso de residencia o trabajo. «Ellos no vinieron con este proyecto; su vida simplemente se truncó. Por eso nuestro trabajo es estar ahí, acompañarlos en el duelo de las malas noticias que llegan de sus países y prepararles para que, cuando salgan, la calle no sea un nuevo callejón sin salida, explica Santana.
Una red de esperanza
La realidad de la ruta canaria demuestra que, frente a la insuficiencia de instituciones, la Iglesia sigue siendo un pilar fundamental en el apoyo y acompañamiento de quienes llegan a las costas de las islas. No se trata de suplir las carencias logísticas o económicas, sino de tratar de devolver la dignidad a las miles de personas que desembarcan en el archipiélago canario año tras año. Una tierra que se reafirma como lugar de acogida cada día que pasa.
Así, la próxima visita del papa León XIV se percibe como un reconocimiento a esta labor, una forma de poner el foco en la crisis para que el mundo entero sea consciente de lo que sucede.
