Tras un proceso de escucha de diez meses, presenta un paquete de reformas legislativas concretas para que los partidos políticos blinden los derechos básicos, resuelvan la crisis de la vivienda y frenen la precariedad laboral
Ante la próxima cita con las urnas fijada para el 29 de noviembre, Cáritas ha hecho público un documento con once propuestas políticas orientadas a revertir la vulnerabilidad y la exclusión social que hoy afecta a una de cada cuatro personas en España. El informe es fruto de un trabajo de campo directo impulsado durante diez meses con cerca de 940 personas acompañadas en 84 grupos de reflexión promovidos por las Cáritas diocesanas de todo el país, respaldado por los análisis de la Fundación FOESSA y del Observatorio de la Realidad de Cáritas.
«Queremos contribuir a lograr un marco legislativo que garantice los Derechos Humanos para el conjunto de la sociedad, prestando especial atención a las personas que tienen mayores dificultades para acceder a ellos, debido a realidades de pobreza y exclusión, al origen, al género o al lugar en el que residen», asevera Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política de Cáritas Española.
El proceso participativo impulsado por la entidad de Iglesia permitió a las personas en situación de exclusión identificar 13 derechos vulnerados en su día a día y detallar hasta 680 consecuencias directas en sus vidas. Entre los impactos más señalados figuran problemas severos de salud física y emocional —como la ansiedad, depresión o estrés—, pobreza económica, aislamiento e imposibilidad de trazar un proyecto vital. El concepto más repetido a lo largo de todas estas sesiones fue el de «inseguridad».
Entre los desencadenantes estructurales de esta situación, los participantes apuntaron tres grandes causas —la dificultad de acceso a la vivienda, la inestabilidad y precariedad laboral y la irregularidad administrativa— y dos barreras transversales: una administración pública «ausente» atascada por la brecha digital y un alarmante incremento de la discriminación, el racismo y el estigma social.
En lo referente a la vivienda, los datos del informe FOESA confirman que 4,3 millones de personas sufren exclusión severa en España y que uno de cada cuatro hogares afronta problemas graves de habitabilidad. Además, 266.450 personas acompañadas por Cáritas malviven hacinadas en habitaciones de alquiler.
Frente a este escenario, Virginia Pastrana, responsable de las políticas de vivienda y salud de Cáritas Española, advierte de que «la vivienda se ha convertido en el nuevo vector de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social». Para compensar sus efectos negativos, la organización plantea una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que sirva para extender las garantías del alquiler habitual a los arrendamientos por habitaciones; modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para evitar desalojos sin alternativa habitacional previa, y consolidar un parque público de vivienda social y de emergencia.
En materia sanitaria, Cáritas propone asimismo ampliar la cobertura pública del Sistema Nacional de Salud en servicios bucodentales, ópticos y auditivos para personas en exclusión. «No poder ver bien, escuchar con dificultad o renunciar a un tratamiento bucodental por falta de recursos no debería ser una barrera para nadie», remarca Pastrana.
En la esfera laboral, Cáritas propone reformar el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores para exigir una justificación por justa causa en los contratos a tiempo parcial no deseados, así como regular el reconocimiento de las prácticas formativas que realizan las entidades sociales al amparo de la Ley de Empleo.
Respecto a los cuidados y el empleo del hogar, María Segurado, referente de Empleo de la entidad eclesial, defiende una plena equiparación de derechos y la obligatoriedad de registrar los contratos en el SEPE para atajar el fraude de jornadas no cotizadas. «Una sociedad justa se mide por su capacidad de acompañar a quienes más apoyo necesitan y de valorar a quienes sostienen esa tarea cada día», argumenta Segurado.
Del mismo modo, Cáritas reclama sacar del cajón de una vez por todas la Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos, una norma pendiente desde hace casi una década, a pesar del incremento registrado en las víctimas identificadas. Raquel Benito, responsable de igualdad de género, califica de «urgente y necesario un marco normativo integral amplio que asegure la protección de las víctimas, incluyendo el diseño de un nuevo Plan Estratégico Nacional».
Por su parte, en el ámbito migratorio, Diego Fernández Maldonado, referente de esta sección, insta a abrir vías de migración regular y autorizaciones de residencia que no dependan en exclusiva de la tenencia de un contrato de trabajo, además de flexibilizar los requisitos para la reagrupación familiar. «La falta de vías legales para migrar en numerosas ocasiones tiene como consecuencia que muchas personas que podrían migrar a nuestro país tramitando el correspondiente visado, se ven abocadas a realizar peligrosos trayectos poniendo en riesgo su vida e integridad física», subraya. En paralelo, pide acelerar el desarrollo reglamentario de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación para eliminar la arbitrariedad en los trámites administrativos.
El catálogo de reformas se completa con una profunda reestructuración del Ingreso Mínimo Vital para acelerar su concesión y garantizar su compatibilidad con empleos temporales; la modificación de la Ley de Tratados para exigir el cumplimiento vinculante de las resoluciones de organismos internacionales; la vinculación de la transición ecológica a la protección de colectivos vulnerables frente a la pobreza hídrica y energética; y el blindaje del compromiso de destinar el 0,7 % del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo sin condiciones, pues «la interpretación de los derechos contenidos en nuestra legislación de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos es una obligación que vincula tanto al legislador como a los tribunales», ha afirmado Sonia Olea, referente de ecología integral y Derechos Humanos.
Con una estructura territorial sostenida por 67.966 voluntarios, 70 Cáritas Diocesanas y 4.923 Cáritas parroquiales que prestan apoyo a 2,13 millones de personas, la entidad de Iglesia asegura que ya ha iniciado una ronda de contactos con los principales partidos políticos de cara a la campaña del 29N. Frente a la crispación política, Ana Abril advierte de que «una de las fracturas más profundas de nuestra sociedad es el crecimiento de la polarización existente en el debate público y en la expansión de discursos que alimentan la confrontación y, con ello, debilitan los vínculos sociales necesarios para sostener una convivencia democrática orientada al bien común». Por su parte, Paco Cristóbal, director del Área de Comunicación, ha reafirmado la firme voluntad de la institución de «ponerlas encima de la mesa y alzar la voz de la gente que no tiene voz» a lo largo de toda la legislatura.
Preguntados sobre si la Iglesia se excede en sus funciones al plantear estas medidas o si Cáritas está confeccionando en la práctica el programa político de un partido de izquierdas, Ana Abril responde con rotundidad invocando la propia identidad de la institución: «Intentamos ser fieles a nuestra misión y a nuestra identidad. Ya en el Concilio Vaticano II se nos decía que la Iglesia no solo debe acompañar los efectos de los males, sino que tiene que colaborar en la transformación de las causas estructurales». Recordando las apelaciones de Juan Pablo II a combatir las «estructuras de pecado» y los llamamientos del papa Francisco a no permanecer al margen de la injusticia, la coordinadora de Incidencia Política advierte de que no actuar ante la raíz de la pobreza supondría incurrir en un «pecado de omisión»: «Nuestra fidelidad es esa: a las personas que acompañamos, al Evangelio y a la doctrina social de la Iglesia. Y desde ahí nacen nuestras propuestas políticas». Por su parte, Paco Cristóbal descarta cualquier atisbo de tutela ideológica sobre el electorado o las siglas políticas: «Nosotros no pretendemos decirle a nadie lo que tiene que pensar, ni a los católicos ni a los partidos políticos. Lo que sí queremos es acercar la experiencia de quienes más sufren y alzar la voz de la gente que no tiene voz».
