Álex Bernet y Ángel Aguas analizan para ECCLESIA la profunda crisis de acceso a la vivienda y la precarización laboral que padece la sociedad actual
Álex Bernet y Ángel Aguas, portavoces de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) —plataforma integrada por Cáritas, HOAC, Justicia y Paz, JEC y JOC—, analizan para ECCLESIA la profunda crisis de acceso a la vivienda y la precarización laboral que padece la sociedad actual, muy especialmente la juventud. En el marco de sus acciones de concienciación y denuncia, alertan de que disponer de un empleo ha dejado de ser una garantía para salir de la pobreza o emprender un proyecto de vida autónomo. Con indicadores alarmantes —como una edad media de emancipación que alcanza los 30,2 años y cerca de un 30 % de la juventud en riesgo de exclusión—, Bernet y Aguas reclaman situar a la persona en el centro del sistema económico, regular el mercado inmobiliario frente a la especulación y garantizar condiciones de trabajo verdaderamente dignas.
—¿Cómo evalúan la pérdida de capacidad del trabajo para sostener un proyecto de vida autónomo y digno?
—Significa un claro desprecio a la dignidad de las personas. El papa Francisco ya recordaba que el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida mediante un trabajo libre, creativo, participativo y solidario. Sin embargo, para que esa dignidad sea plena, el entorno socioeconómico debe acompañar: la retribución laboral debe permitir cubrir las necesidades actuales y futuras de la persona sin condicionar el momento ni la forma de su proyecto familiar, algo que afecta cada vez a capas más amplias de la sociedad y, de forma sangrante, a la juventud.
—¿Qué consecuencias sociales y personales está generando este retraso forzado en la emancipación juvenil?
—Se está provocando un envejecimiento acelerado de la población al posponerse la formación de familias, además de una escasez de mano de obra en ciertos sectores productivos que está siendo cubierta por personas trabajadoras migrantes. A nivel personal, genera una profunda frustración y deterioro de la salud mental por la falta de futuro cierto —cuya cara más trágica se refleja en el aumento de suicidios—, así como una desconfianza justificada de los jóvenes hacia un mundo adulto que los maltrata laboral y vitalmente.
—¿Cuáles son los cambios estructurales prioritarios que debe afrontar el mercado de trabajo?
—Es imprescindible dejar de considerar la fuerza de trabajo como una mercancía a la que se puede comprar o desechar según su utilidad para el sistema productivo, avanzando hacia una concepción donde la economía se sitúe al servicio de la persona. Esto exige democratizar las relaciones laborales con una mayor participación de la plantilla en la propiedad y decisiones de las empresas, orientar la formación a la vocación real de las personas, garantizar condiciones de trabajo sanas y seguras, y adaptar la legislación a los nuevos modelos productivos.
—¿En qué medida la vivienda se ha convertido en el rostro de la exclusión y qué propuestas plantea ITD?
—Tener empleo ya no garantiza acceder a un hogar digno; los precios desorbitados abocan a compartir piso hasta edades avanzadas o a renunciar a un proyecto propio. Cuando la vivienda se subordina a la especulación, el trabajo pierde su función social. Para revertirlo, ITD defiende ampliar el parque público de vivienda a perpetuidad, movilizar inmuebles vacíos con garantías para ambas partes, limitar los precios de alquiler y frenar la especulación turística e inmobiliaria que expulsa a las familias de sus barrios.
—¿Cómo combatir las narrativas que culpabilizan a los jóvenes de sus dificultades para emanciparse?
—Nadie se «hace a sí mismo» de forma aislada; las condiciones de vida son el resultado del esfuerzo colectivo intergeneracional. La juventud actual se esfuerza por formarse, pero se topa con salarios estancados, empleos precarios y un coste de la vida disparado que acentúa la transmisión intergeneracional de la pobreza. Mientras los fondos de inversión y grandes propietarios acumulan inmuebles para enriquecerse a costa de los inquilinos, resulta injusto señalar individualmente a quienes sufren este sistema.
—¿Qué criterios mínimos definen hoy en día un «trabajo decente» desde la perspectiva eclesial?
—Tomamos como referencia la formulación de Benedicto XVI en Caritas in veritate: un trabajo que sea expresión de la dignidad esencial de la persona, libremente elegido, respetuoso y libre de discriminación. Debe permitir satisfacer las necesidades familiares, escolarizar a los hijos, autorizar la libre organización sindical, dejar espacio para la vida personal, familiar y espiritual, y asegurar una jubilación digna.
—¿Qué exigencias prioritarias trasladan a las administraciones públicas y qué papel le corresponde a la Iglesia?
—Reclamamos el cumplimiento estricto del artículo 47 de la Constitución Española para garantizar el derecho a la vivienda e impedir la especulación, sumado a contratos indefinidos a tiempo completo y sueldos acordes al coste de la vida. A la Iglesia le compete la labor de denuncia, concienciación y acompañamiento desarrollada por ITD, apoyada en informes rigurosos como los de la Fundación FOESSA, para impulsar un cambio cultural que priorice el derecho a un hogar digno frente a la acumulación de propiedad inmobiliaria en pocas manos.
