Cuando se toma plena conciencia de esta tríada, se cae en la cuenta del cuarto: «La razón y la voluntad de acuerdo por la defensa de la dignidad humana» en el debate público
El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, se ha referido a la polémica suscitada por el desahucio de la anciana Mari Carmen del piso donde vivía alquilada en Madrid en un texto colgado en las redes sociales. Sobre este caso que ha saltado a la arena política y mediática, ha defendido la necesidad de «un acuerdo social respecto al reconocimiento del grave problema que vivimos: escasez de viviendas, viviendas cerradas sin uso por falta de confianza, casas vacías en la España rural, precios y rentas muy altas, alquileres por habitación sin “derecho a cocina”, pues hasta la cocina se transforma en habitación, millones de pisos de uso unipersonal, etc.».
Monseñor Argüello ha advertido asimismo sobre los riesgos del consenso «emocional más que moral» y la «manipulación ideológica y el conflicto político y social sobre las causas y las posibles soluciones» a este grave problema. Para hacer frente a estas tentaciones, el arzobispo ha pedido «considerar como un asunto importante» el «nuevo contrato social» al que precisamente se refirieron trabajadores y empresarios durante el encuentro con el papa León XIV en su visita a España.
Lejos de quedarse en la espuma de la actualidad, monseñor Argüello ha denunciado también que «los ceutíes viven el desahucio de sus calles, plazas y de su normalidad», así como los inmigrantes, «algunos desahuciados de sus países de origen, otros desplazados por intereses geopolíticos», personas «deslocalizadas continuamente y que se resisten a un desahucio definitivo».
De los habitantes de Ceuta, como un gran número de españoles, ha afirmado que «desean un desahucio rápido y total de los que han entrado en la ciudad como “okupas”», sin olvidar que, en medio, existe «una crisis humanitaria —física, psicológica y moral— que afecta a todos, inmigrantes y ceutíes». Y ha lamentado que «por contaminación de esta crisis que no es primariamente migratoria, se está condicionando la manera de mirar a los inmigrantes en toda España».
Por ello, ha calificado como «imprescindible» la necesidad de «un acuerdo nacional para ayudar a los ceutíes y solucionar la crisis humanitaria». A este respecto, ha solicitado «un pacto de Estado y europeo que aborde las causas de las migraciones en los países de origen, combata las mafias —también haga frente a los Estados que utilizan los éxodos personas para provocar invasiones por intereses geopolíticos con comportamientos mafiosos— regule los flujos migratorios y acoja a los que llegan respetando su dignidad, que no se pierde al atravesar la frontera, aunque luego hubieren de ser retornados a sus países de origen».
Sin olvidar que, si la actual situación de natalidad continua, «en pocos años Europa competirá por el inmigrante escaso».
El tercer desahucio denunciado por monseñor Argüello es «el del vientre materno provocado mediante el aborto», de consecuencias irreversibles. Pese a la «campaña moralista del Gobierno lo presenta como un acto bueno, porque es legal —“tienes derecho”– y autónomo –“decidas lo que decidas, estará bien”—», la ciencia demuestra que en el seno de una mujer embarazada «hay un ser humano, un hijo, distinto de ella, sobre el que no puede decidir sin plantearse la moralidad de esa decisión».
El arzobispo de Valladolid afirma la necesidad de ayudas sociales, laborales, de vivienda o de pleno apoyo, y reconoce que «habrá casos de un gran conflicto ético», pero que «nunca podrá justificarse la solución en un derecho legal que niega al hijo la vida en cuya dignidad se fundamentan todos los derechos».
En este sentido, monseñor Argüello destaca que «ante estos tres tipos de desahucios la argumentación ética varia de forma interesada: de la defensa a ultranza del derecho a decidir del propietario o de la embarazada, si la decisión es legal, sin tener en cuenta a quien sufre las consecuencias, al rechazo de la libre decisión aunque sea legal y confirmada por un juez, pues afecta a personas que deben de ser tenidas en cuenta por encima de la decisión del propietario».
En el caso del «desahucio» de los ocupantes de Ceuta, «algunas propuestas, para que sea inmediato, animan a prescindir de la legalidad y quieren cerrar los ojos ante aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad, otras propuestas se niegan a ver que muchos ceutíes también son víctimas de la crisis humanitaria desencadenada por el éxodo-invasión-ocupación. Los tres asuntos reclaman diálogo sereno y grandes acuerdos».
Cuando se toma plena conciencia de estos tres desahucios, se cae en la cuenta del cuarto: «la razón y la voluntad de acuerdo por la defensa de la dignidad humana y el bien común», que parecen «haber sido expulsados de nuestra casa común».
