La Iglesia pone el foco en la principal preocupación de los españoles, defendiendo que el derecho a un hogar es propio de la ley natural, no un lujo ni un privilegio, y animando a los cristianos con propiedades a ponerlas en el mercado a precios justos
Ni los poderes públicos ni el conjunto de la sociedad parecen haber aprendido de la burbuja inmobiliaria de 2008, que tanto sufrimiento provocó, especialmente a las familias más vulnerables. Porque la vivienda, a pesar de los récords de compraventa o de su revalorización, es un problema. Esta realidad está avalada por los propios españoles, que mes a mes la colocan como una de sus principales preocupaciones.
En estos momentos, el precio de la vivienda se encuentra por las nubes, superando incluso el de los momentos previos a la citada crisis. Según explicó Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española, en el XXX Curso de Formación en Doctrina Social de la Iglesia, los ingresos de los hogares crecieron entre 2008 y 2021 un 12 % y, sin embargo, no se redujo la pobreza. Peor aún, creció la desigualdad. La razón se encuentra en el auge de los precios, especialmente en los que más impacto tienen en la economía familiar: la alimentación y la vivienda. Según mostró Flores, en el segundo caso, la subida es exponencial: 51 % para la compra y un 44 % para el alquiler. La comparación es reveladora.
Por eso, no es de extrañar, como recoge el avance de resultados del IX Informe FOESSA, que se publicará en el tercer trimestre de 2025, que los problemas de vivienda afecten al 25 % de los hogares españoles, un porcentaje que se eleva hasta el 90 % en el caso de personas en exclusión social severa. Así, hasta 4,6 millones de personas tienen dificultades para el acceso y el mantenimiento de una casa, mientras que 6,8 millones realizan un sobreesfuerzo financiero.
«La vivienda es una emergencia social y tenemos que hablar de ella como tal», insistió el representante de Cáritas Española durante el curso organizado por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, la Fundación Pablo VI y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UPSA con el título La vivienda. Análisis y propuestas desde la Doctrina Social de la Iglesia.
Porque un techo, como dijo en la clausura Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y presidente de la Fundación Pablo VI, no es solo un bien económico o un recurso urbano, sino «el lugar donde se construye la intimidad familiar, donde germina la vida, donde se educa, se sueña y se sufre». Una idea que ya había manifestado Jesús Avezuela, director general de la misma fundación, en la inauguración, cuando dijo que también es «un espacio de identidad».
Teniendo en cuenta todo esto, otra de las ponentes, Helena Beunza, presidenta de ASVAL, que engloba a los propietarios de vivienda en alquiler, y ex secretaria general de Vivienda, explicó que la respuesta a este reto requiere soluciones éticas, políticas y económicas. «La ética nos remite a la justicia, la dignidad y la equidad. La política nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad institucional y el marco regulador que tenemos. Y la economía nos exige comprender la vivienda como un motor de desarrollo, y no como un freno al crecimiento inclusivo», subrayó.
Y desde esta perspectiva, la Doctrina Social de la Iglesia, en palabras de Fernando Fuentes, director de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana, aporta criterios y herramientas para evaluar la falta de un techo digno y considerar que no es solo eso, un techo, sino un hogar». «El objetivo no es solo conocer datos técnicos e instrumentos políticos, económicos y fiscales, sino animar a un mayor compromiso con los más vulnerables y jóvenes», agregó.
«Desde la Doctrina Social de la Iglesia —abundó García Beltrán—, afirmamos que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental. No puede considerarse un lujo ni un privilegio, sino una exigencia básica de la dignidad de la persona».
En este sentido, las ponencias del curso pusieron en relación esta emergencia con los principios que emanan de la Doctrina Social de la Iglesia. Uno de ellos, el destino universal de los bienes, lo abordó Román Pardo, decano de la Facultad de Teología de la UPSA. El también director de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social defendió que la casa es algo innato a la naturaleza del ser humano y que, por tanto, «el derecho a la vivienda es algo propio y parte de lo que llamamos ley natural». Una afirmación que tiene una base antropológica sólida, porque «la vivienda tiene que ver con nuestro ser más profundo». Y por eso, afirma que «es un derecho y un bien personal, social, primario, básico, fundamental…».
Por su parte, Julio Martínez, doctor en Teología por la Universidad Pontificia Comillas, reivindicó que la vivienda se encuentra dentro de eso que llamamos bienes sociales que son indispensables para el bien común. Y sin bien común, no hay sociedad, dijo. La vivienda digna entra dentro del núcleo del bien común, «porque en disponer de ella se juega el valor de la vida humana como un bien social fundamental».
Mientras tanto, la Iglesia tiene un papel relevante en el debate público. Como conciencia, para recordar, como hizo Flores, que hay vivienda disponible —creció en un 55 % cuando la población lo hizo en un 22 %—, aunque un exceso de casas vacías y dedicadas al turismo. Lo que sí escasea es la vivienda pública: representa el 3,3 % frente al 9,3 % de la media europea.
Llegados a este punto, y analizada la situación, se plantea la pregunta de cuál debe ser el papel de la Iglesia y de los fieles cristianos. La realidad es que son muchas las organizaciones eclesiales dedicadas a paliar la falta de vivienda, incluso en situaciones extremas. Algunas de ellas se presentaron durante el curso, como el Proyecto Base 25, de Cáritas Diocesana de Tenerife, que ofrece acompañamiento social y jurídico a aquellos que pueden perder su vivienda. O el Albergue San Juan de Dios, en Madrid, para personas sin hogar y en situación de exclusión social.
Otra variable tiene que ver con lo que los cristianos pueden hacer con sus bienes, y, por tanto, si deben alquilar sus propiedades al precio de mercado o a un precio justo. Es la propuesta que hizo el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Esto se traduciría, escribe el arzobispo de Valladolid en una carta pastoral, en aceptar «un nivel de renta menor, que suponga una justa retribución a un dinero invertido, pero que no se someta a las reglas coyunturales de un mercado».
En este sentido, Román Pardo citó a Benedicto XVI para iluminar más la respuesta a esta disyuntiva: los problemas de hoy son tan complejos que no se pueden resolver solo con la justicia, sino que hace falta ser generosos, la caridad.
