Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, las pastorales de la Salud y el Trabajo denuncian una economía que «exige demasiado y devuelve demasiado poco»
La Conferencia Episcopal denuncia, con la vista puesta en el Primero de Mayo, que prácticamente la mitad de los trabajadores en España vive bajo condiciones de inseguridad y precariedad, con un impacto devastador en la salud mental y la siniestralidad laboral. En una sociedad que parece haber integrado el agotamiento en su paisaje cotidiano, los obispos quieren alzar la voz para romper la normalización de la precariedad en el ámbito laboral. Así, también con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra este 28 de abril, la Pastoral de la Salud y la Pastoral del Trabajo han publicado una nota conjunta en la que denuncian una economía que, en sus propias palabras, «exige demasiado y devuelve demasiado poco».
El documento, así las cosas, no se limita a la reflexión teológica, sino que se apoya en los datos de una radiografía social alarmante. Según el Informe PRESME 2025 del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el 47,5 % de los trabajadores españoles sufre algún tipo de precariedad, una cifra que los directores de los departamentos, José Luis Méndez y Antonio Javier Aranda, califican como un sistema que «corroe la vida común» y que actúa como una «herramienta de erosión humana».
Uno de los puntos más críticos del manifiesto es el vínculo directo entre las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. El informe subraya que el riesgo de sufrir trastornos psicológicos se multiplica por 2,5 en entornos precarios, subrayando que las bajas por causas psicológicas rozaron un total de 600.000 solamente en el último año. «El estrés crónico y la ansiedad no son debilidades personales, son consecuencias de ritmos inhumanos», advierte la Iglesia, vinculando este malestar con una cultura que prioriza la rentabilidad económica sobre la prevención de riesgos.
Mientras tanto, las cifras de siniestralidad laboral son calificadas de «escándalo ético». En 2025, nada menos que 735 personas perdieron la vida en sus puestos de trabajo en nuestro país, elevando la cifra de muertes acumuladas en las últimas tres décadas por encima de las 30.000. Ante esta realidad, el documento es tajante: «No son cifras; son familias truncadas por una cultura que antepone la rentabilidad a la prevención».
La denuncia también pretende poner el foco sobre los colectivos más vulnerables, señalando que el 90 % de las mujeres jóvenes migrantes en empleos manuales sufren precariedad severa. La nota critica con dureza que la sociedad descanse sobre el «sacrificio invisible» de quienes cuidan de los hogares y de los mayores sin contar con los derechos básicos aparejados a su dignidad y labor.
Asimismo, se hace eco del Informe FOESSA 2025 para desarticular el mito del empleo como salvaguarda contra la exclusión, pues, según el mismo, tres de cada cuatro hogares en exclusión severa cuentan con personas en situación de trabajo activo. «Trabajar ya no garantiza salir de la pobreza», lamentan los autores, quienes exigen, además, que la dignidad del trabajador se sitúe, de forma no negociable, por encima de la lógica del beneficio.
El texto concluye con una exigencia directa a las instituciones y agentes sociales para implementar «políticas valientes». Entre las medidas propuestas destacan la garantía de una estabilidad laboral real y salarios suficientes, el refuerzo de la inspección de trabajo, y la integración efectiva de la salud mental en los protocolos de prevención. Inspirados en una ética del cuidado, los departamento de Pastoral de la Salud y Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal cierran su comunicado con un grito de urgencia: «¡Basta de una economía que mata!», ya que, para la Iglesia, es el momento de construir un país donde el trabajo sea un sostén para la vida y no su principal fuente de desgaste.
