«Ante la información publicada en un medio de comunicación sobre la denuncia de un sacerdote a otro por abusos, la diócesis de Salamanca comunica que en la actualidad hay un proceso canónico abierto tras recibir, en su día, la denuncia de este sacerdote por un presunto delito de abusos sexuales, cuando él era menor, por parte de otro presbítero».
A través de este comunicado, la diócesis salmantina ha salido al paso de la información en la cual La Gaceta de Salamanca detallaba este viernes que el que fuera vicario de Pastoral y párroco en la capital, Policarpo Díaz, había denunciado a otro cura que habría abusado de él en el seminario de Calatrava, donde el primero entró con 11 años.
Asimismo, ha señalado que en cuanto tuvo conocimiento de lo sucedido, el obispo diocesano, José Luis Retana, escuchó a las partes y decidió apartar al agresor de todas sus tareas pastorales y del contacto con menores. Además, comenzó un proceso de acompañamiento en un centro especializado de ayuda para sacerdotes.
Aunque el delito estaba prescrito a nivel civil, el prelado puso en marcha el protocolo establecido por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española y se inició una investigación previa a cargo de un equipo técnico ajeno a la diócesis.
El resultado de las pesquisas fue enviado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, donde el proceso continúa a la espera de una resolución. «En todo momento, el obispo se puso a disposición del denunciante, ofreciendo toda la ayuda necesaria. Y a petición suya, y de acuerdo con el obispo, decidió irse un año fuera de la diócesis, situación que ha sido prorrogada por un tiempo», ha agregado en la nota.
Asimismo, ha señalado que el agresor ya ha firmado la recepción de la notificación por parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de su dimisión del estado clerical, esto es, su secularización.
La diócesis de Salamanca ha recalcado su compromiso «para esclarecer la verdad, proteger a las posibles víctimas y poner todos los medios para evitar que estos hechos se puedan producir» y ha lamentado «el sufrimiento y el daño que esta situación está provocando a las personas afectadas, a sus familias y comunidades».
Finalmente, ha hecho un llamamiento para que quienes hayan sufrido cualquier tipo de abusos presenten denuncias ante la Fiscalía o la oficina diocesana de protección de menores.
