En contraste con el distanciamiento católico, el pluralismo religioso crece, con las minorías sumando ya el 10 % de la población, incluyendo 2,2 millones de musulmanes y 1,5 millones de protestantes y ortodoxos
La Universidad Pontificia de Comillas ha presentado el Informe España 2025, un análisis exhaustivo de las transformaciones sociales, económicas y culturales que han definido al país durante las últimas cuatro décadas. Este estudio, elaborado por la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la UPF con el apoyo de la Fundación Ramón Areces, dibuja un retrato de España centrado en desafíos críticos como la precariedad vital de los jóvenes, el reto demográfico, la inmigración y, de manera notable para la comunidad de fe, la creciente secularización de la sociedad. En este sentido, el director de la Cátedra y coordinador del Informe España, Agustín Blanco, revela que la investigación se ha enfocado en asuntos que ilustran claramente lo que él denomina un «cambio de época en el que estamos inmersas todas las sociedades, pero particularmente las europeas y la española».
Una de las conclusiones más impactantes para el ámbito católico es la confirmación de que España vive la tercera oleada de secularización desde inicios del siglo XXI. Este proceso está marcado por un distanciamiento notable del catolicismo y, simultáneamente, un aumento del pluralismo religioso.
Así las cosas, los datos revelan una triple caída en el compromiso religioso: en primer lugar, el porcentaje de españoles que se declaran «sin religión» se ha triplicado en dos décadas, pasando del 13,2 % en el año 2000 al 40 % en 2024. Esta tendencia es aún más pronunciada entre la población juvenil, donde el porcentaje alcanza el 60 %. En segundo lugar, si bien los católicos practicantes se estabilizan en un rango del 15-20 %, la confianza en la Iglesia ha descendido casi 10 puntos. Y, en tercero, los matrimonios celebrados por la Iglesia se han desplomado drásticamente, cayendo del 76 % en el año 2000 a solo el 19 % en 2022. En contraste con el distanciamiento católico, el pluralismo religioso crece, con las minorías sumando ya el 10 % de la población, incluyendo 2,2 millones de musulmanes y 1,5 millones de protestantes y ortodoxos.
En otro orden de cosas, el informe también lanza una seria advertencia sobre la precariedad económica que afecta a la juventud, un tema de gran relevancia para la Doctrina Social de la Iglesia. La edad media de emancipación para esta «generación inquilina» se sitúa en los 30,4 años, significativamente superior a la media europea de 26,3 años. El principal obstáculo es la vivienda, pues el coste del alquiler de un piso completo supone el 92 % del salario joven; la propiedad de vivienda entre los menores de 35 años ha caído del 58 % en 2017 al 27 % en 2024; y la renta media de los hogares menores de 35 años ha caído más de un 20 % en dos décadas.
Esta precariedad se enmarca asimismo en un contexto de profunda desigualdad: el 10 % más rico en España concentra casi el 60 % de la riqueza. Abordando otros grandes desafíos sociales, el informe destaca la paradoja demográfica que enfrenta Europa: se necesita inmigración para compensar el descenso de la natalidad, pero se mantienen políticas de seguridad restrictivas. Los autores advierten que la crisis demográfica, con una dependencia que alcanza el 33,4 %, amenaza la cohesión social y el Estado del bienestar.
Cecilia Estrada, directora de la Cátedra de Refugiados Forzosos de Comillas, analiza el papel de las redes sociales en este contexto. Si bien estas plataformas se convierten en herramientas clave para la planificación y el empleo de los migrantes (el 96,3 % accede a ellas desde el móvil), también alertan sobre graves riesgos: el 87 % de las noticias sobre migración que circulan en redes son falsas, lo que alimenta la desinformación y los discursos de odio.
Estrada explica que si bien «estas plataformas aceleran la integración cultural, también pueden reforzar la segregación digital». Ante estos retos, la autora propone «superar modelos obsoletos de integración hacia una gobernanza inclusiva y justa».
