Horas después de que el Gobierno de Nicaragua desalojase de la vivienda donde residían los jesuitas que sirven en la Universidad Centroamericana (UCA) —días antes había sido confiscada la propia universidad—, las universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, integradas en AUSJAL, han reclamado que se reviertan y corrijan estas medidas, que han calificado de «drásticas, inesperadas e injustas».
A través de un comunicado, y como ya hizo la semana pasada el superior general de los jesuitas, han exigido que cese «la actitud de creciente agresión contra la UCA y sus integrantes» y se busque una solución en la que «impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra».
Estas instituciones han denunciado asimismo que la UCA ha sido «calumniada y hostigada, al igual que la Iglesia católica, cuya personalidad jurídica fue cancelada por el Gobierno». «A la universidad se le negaron injustificadamente las certificaciones para cumplir con su misión de educar, producir conocimiento y vincularse socialmente, al igual que ocurrió con otros 27 centros de educación superior cuyos bienes fueron confiscados».
Una universidad reconocida
La AUSJAL ha puesto de manifiesto la alta calidad académica y el compromiso social de la UCA en Managua, reconocidos por instituciones como el Boston College. «Su denuncia de los hechos calificados como crímenes de lesa humanidad por el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas la ha hecho víctima de múltiples y progresivas agresiones desde 2018», ha continuado en el texto.
De hecho, han recordado que la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús «sostiene que la confiscación de facto de los bienes de la UCA es una represalia por el trabajo que ha hecho esta institución en la búsqueda de una sociedad más justa, así como por su compromiso para proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense».
