Además, han exigido a las autoridades asumir su rol en la protección y defensa de la cuenca amazónica
A través de un pronunciamiento público,los obispos de los ocho vicariatos de la Amazonía peruanaalertaron acerca de la expansión descontrolada de la minería ilegal en la región, especialmente en los territorios indígenas. Los representantes de los vicariatos de Iquitos, Jaén, Puerto Maldonado, Pucallpa, San Ramón, Yurimaguas y San José del Amazonas, exigieron a las autoridades medidas efectivas para proteger a las comunidades afectadas y garantizar sus derechos territoriales y ambientales.
Precisaron que dicha actividad viene desarrollándose en los ríos Marañón, Santiago, Huallaga, Nanay, Napo, Mazán, Curaray, Putumayo, Tapiche, Cenepa, Pachitea, Pozuzo, Yuyapichis, Inambari, Madre de Dios, Malinowski, Punkiri, Pariamanu, entre otros. Y anotan que esta expansión abarca 32 distritos amazónicos.
En ese sentido, exigieron a las autoridades asumir su rol en la protección y defensa de la cuenca amazónica por medio de la implementación de un sistema de monitoreo permanente y la elaboración de un plan de desarrollo sostenible para la Amazonía con la participación activa de las poblaciones amazónicas. «Urgimos a combatir enérgicamente los delitos asociados a la minería ilegal: trata de personas y el crimen organizado», indicaron.
Los prelados señalaron que «la falta de alternativas y la desatención del Estado provocan que cada vez más familias y comunidades se sumen a la minería ilegal como única forma posible de supervivencia. De esta manera el Estado va perdiendo soberanía sobre sus propios territorios, ganados por la minería ilegal, cada vez más vinculada con otros delitos como la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de tierras y el crimen organizado».
Inacción de las autoridades
Han condenado enérgicamente «la inacción por parte de las autoridades estatales frente a esta problemática y pedimos que asuman su responsabilidad en la protección y preservación de la Amazonía, especialmente de los territorios indígenas». A su vez, han exigido a las autoridades competentes «brindar protección efectiva a las comunidades afectadas por la minería ilegal y garantizar su seguridad, así como sus derechos territoriales y ambientales, especialmente de las comunidades nativas».
Tomar medidas urgentes
Por último han instado a las autoridades competentes «a tomar medidas urgentes y efectivas como la implementación de un sistema de monitoreo permanente para detener la extensión e implantación de la minería ilegal en territorio amazónico y especialmente en los territorios indígenas. Así mismo, instamos a la elaboración de un plan de desarrollo sostenible para la Amazonía con participación y protagonismo de la población amazónica con los pueblos indígenas».
