La Conferencia Episcopal Española se ha sumado a la crítica contra la decisión del Ayuntamiento de Jumilla, recordando que limitar las manifestaciones religiosas en el espacio público supone una forma de discriminación incompatible con los principios democráticos
La reciente decisión del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), por la que se restringe el uso de espacios públicos como el polideportivo municipal a eventos exclusivamente deportivos o promovidos por el propio consistorio, ha generado un amplio debate en torno a la libertad religiosa y el principio de igualdad. La medida, que impide a la comunidad musulmana local celebrar en dichos espacios las festividades del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero, ha sido cuestionada por diversas voces sociales, religiosas y jurídicas.
En este contexto, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha expresado públicamente su rechazo a la medida adoptada, y ha mostrado su respaldo a la postura ya manifestada por la Comisión Islámica de España. En un comunicado, los obispos han recordado que las manifestaciones públicas de fe forman parte del ejercicio legítimo de la libertad religiosa, derecho reconocido tanto por la Constitución Española como por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
«El artículo 16.1 de nuestra Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley», recuerda la CEE. En ese sentido, subraya que cualquier restricción al ejercicio de este derecho debe estar basada en criterios técnicos y objetivos, nunca en razones ideológicas o arbitrarias.
La Conferencia Episcopal advierte además que «la limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones y también a los no creyentes». En consecuencia, restringir actos religiosos por su contenido confesional constituye, en palabras del episcopado, «una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas».
