Dolor, perdón y reparación. Son las tres palabras que surgieron de la reunión de la Asamblea Plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el pasado 30 de octubre en Madrid, para abordar la cuestión de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. En el orden del día, solo dos cuestiones: el estudio y valoración del informe del Defensor del Pueblo y la decisión sobre la solicitud del despacho Cremades y Calvo-Sotelo para ampliar el plazo de entrega de su auditoría.
«Al analizar esta cuestión, los obispos han manifestado su dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y reiteran su petición de perdón a las víctimas. Asimismo, han manifestado el deseo de trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos», recoge una nota de la Oficina de Información de la CEE.
La reunión, que comenzó a las 16:30 horas, se celebró de forma bimodal: presencial (31 obispos) y por videoconferencia (57 obispos). También participaron el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, el secretario general, Jesús Miguel Zamora, y la secretaria general adjunta, Silvia Rozas.
En general, los obispos valoraron de forma positiva del informe del Defensor del Pueblo, donde ven aportaciones «valiosas», como recogió la citada nota y se confirmó en la comparecencia del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, y del secretario general, César García Magán, en una rueda de prensa al día siguiente, 31 de octubre. Reconocieron, en especial, «el testimonio recogido de las víctimas, lo que permite situarlas en el centro».
Cabe destacar que el informe liderado por Ángel Gabilondo tuvo noticias de un total de 487 víctimas, 334 directamente y 153 por testimonios indirectos, mientras que la Iglesia recoge en su último informe Para dar luz en torno al millar. Además, propone, entre otras medidas, el reconocimiento y aceptación de la gravedad del problema, la creación de un fondo estatal para compensar a las víctimas, la coordinación entre las oficinas de prevención de la Iglesia y la Administración o la mejora de los procesos de selección de los candidatos al sacerdocio y la vida religiosa.
Los obispos están dispuestos a poner en marcha las recomendaciones y, de hecho, señalaron que son convergentes con otras propuestas trabajadas en la CEE desde hace ya un tiempo. En relación con el fondo estatal, Omella y García Magán confirmaron que la Iglesia está dispuesta a colaborar en un mecanismo de estas características siempre y cuando se extienda a todas las víctimas y no solo a las de la Iglesia, porque entonces «se estarían creando víctimas de primera y de segunda». En cualquier caso, si esta propuesta no saliese adelante, el Episcopado se compromete a llevar a cabo una reparación integral de las víctimas, que incluye la dimensión económica, pero también la psicológica y espiritual. Y también, añadió García Magán, tiene que haber una reparación comunitaria del pueblo de Dios, que también sufre por esta situación.
El cardenal Omella reconoció que en los últimos años la Iglesia ha aprendido, aunque lo ha hecho «tarde». Ha aprendido, continuó, que no era correcto enviar de un lugar a otro a un agresor y a escuchar y a acompañar a las víctimas.
Itinerario de aplicación de las recomendaciones
Con todo, los obispos decidieron que sea el Servicio de Protección de Menores de la CEE el que lidere el itinerario de aplicación de las propuestas del Defensor del Pueblo, un proceso que ya será implementado en la próxima Asamblea Plenaria de la CEE, en tres semanas.
También en esa reunión se decidirá sobre la petición del despacho Cremades y Calvo-Sotelo sobre la ampliación del plazo de entrega de la auditoría encargada en febrero de 2022. El pasado 11 de octubre, la CEE pidió formalmente al bufete que entregase los trabajo, una petición motivada, según confirmaron a ECCLESIA fuentes conocedoras, «por los sucesivos retrasos que el despacho ha tenido». Ante esta solicitud, el presidente, Javier Cremades, que también participó en la Asamblea Plenaria Extraordinaria, pidió la citada prórroga para concluir el informe.
Al margen de la cuestión de los abusos, esta reunión episcopal sirvió también para informar de que el próximo 28 de noviembre, todos los obispos españoles se reunirán en Roma con el papa Francisco y los responsables del Dicasterio para el Clero para presentar las conclusiones de la visita que dos obispos uruguayos, enviados por el Pontífice, realizaron a los seminarios de nuestro país a principios de año. Según Omella, el informe es positivo, aunque siempre hay cosas que mejorar.
«La extrapolación de las cifras no se corresponde a la verdad»
Además de reiterar el dolor y la petición de perdón, los obispos han querido rebatir la extrapolación que algunos medios de comunicación han hecho de la encuesta que el Defensor del Pueblo añade a su informe, cifras «que no representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino». De hecho, si se da por buena la extrapolación del 0,6 % de adultos que fueron abusados por sacerdotes y religiosos antes de la mayoría de edad, también lo habría que hacer con la incidencia de esta lacra a nivel general, que, como recordó el secretario general de la CEE, César García Magán, afectaría a 4,5 millones de españoles. «Las víctimas no son números», agregó, al tiempo que dijo que reducirlas a eso es «una falta de respeto». También dijo que es un problema de orden social, no solo eclesial. En cualquier caso, los obispos han pedido al Defensor del Pueblo todos los datos relativos a la encuesta para hacer una valoración más detallada.
«De todas formas —concluyeron en la nota publicada el lunes—, un solo caso de abusos es intolerable. La Iglesia católica en España lleva años trabajando para poner fin a esta lacra y va a seguir trabajando en la misma línea. La Iglesia quiere contribuir a erradicar los abusos sexuales en la infancia no solo en la Iglesia, sino en toda la sociedad y pone al servicio de la misma su triste experiencia para hacerlo, con espíritu de colaboración».
