El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, ha mantenido este mañana un encuentro con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a cuenta del informe que el segundo ha realizado sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. De hecho, según han comunicado la Oficina de Información de la CEE, ha aprovechado la ocasión para hacer entrega del documento de manera institucional.
La reunión, según confirman a ECCLESIA fuentes episcopales, ha sido «cordial» y se ha producido instantes antes de la celebración de la Comisión Ejecutiva de la CEE. Por tanto, Gabilondo no ha tomado parte en el encuentro de los obispos.
El informe del Defensor del Pueblo fue entregado en el Congreso de los Diputados y presentado a la opinión pública el pasado 27 de octubre. Luego se comunicó al Gobierno, en concreto, al presidente, Pedro Sánchez. El texto, de 777 páginas, recoge el trabajo de más de un año de la Comisión Asesora, la Unidad de Atención a Víctimas y el Foro de Asociaciones. En él, se plasman los testimonios de 487 víctimas, una encuesta sobre el impacto de los abusos y una serie de recomendaciones, entre ellas, la creación de un fondo estatal, en el que colabore la Iglesia, para el pago de compensaciones económicas.
El documento reconoce, como recalcó el propio Gabilondo, el compromiso de la Iglesia en España en materia de abusos, que ha ido «adoptando medidas y posiciones más firmes» y que la mayor conciencia del problema se ha manifestado en la elaboración de protocolos y normas internas. En concreto, señala «el avance que ha representado la Instrucción dictada por la Conferencia Episcopal Española, en 2023, sobre abusos sexuales, con una especial referencia a los casos de menores».
Eso sí, apunta que hace falta avanzar en la atención a los derechos y necesidades de las víctimas durante el proceso penal canónico, así como en la reparación. También critica que, en algunos casos, se minimice el fenómeno y se relegue a un aspecto marginal, «enfatizando la dimensión social del problema y rehuyendo abordar los factores internos que pueden favorecer las dinámicas de abuso y de encubrimiento».
