Abarca también el suicidio asistido, y establece diferencias con España: sobre el papel, el texto aprobado en la Asamblea Nacional habría rechazado la petición de Noelia Castillo, al no encontrarse en una fase terminal irreversible
El pasado miércoles, la Asamblea Nacional de Francia decidió avanzar en una cuestión que ha fracturado al país durante años, dando luz verde de manera definitiva a lo que se ha llamado Ley de «ayuda activa para morir». La aprobación de la eutanasia —una de las promesas estelares de Emmanuel Macron para su segundo mandato— por parte de una cámara legislativa no menos dividida —el resultado de la votación fue de 291 votos a favor por 241 en contra— hace promocionar al país desde la excepcionalidad de su tradición médica a un club global todavía reducido, pero en clara expansión.
El nuevo marco legal
La ley aprobada por la Asamblea Nacional introduce lo que denomina el «derecho a la asistencia para morir», un concepto híbrido que abarca tanto la eutanasia como el suicidio asistido. La diferencia es importante, puesto que, en el primer caso, es un profesional sanitario quien administra la sustancia letal, mientras que, en el segundo, el paciente realiza la acción final tras recibir los medios necesarios.
Para acceder a este derecho, el legislador ha impuesto cinco condiciones acumulativas: ser mayor de edad, residente estable en Francia, padecer una enfermedad grave e incurable en fase avanzada o terminal, presentar un sufrimiento físico o psicológico insoportable que los tratamientos no puedan aliviar, y mantener la plena capacidad de discernimiento. Un matiz fundamental separa este texto de otros marcos europeos: la ley especifica que «el sufrimiento puramente psicológico, sin patología física grave subyacente, no da acceso a este derecho». Esta cuestión marca una distancia con el modelo español, donde el reciente caso de Noelia Castillo, la joven barcelonesa de 25 años con paraplejia que recibió la eutanasia tras una larga batalla judicial, habría sido rechazado —al menos, en teoría— al no encontrarse en una fase terminal irreversible.
El mapa de la eutanasia en el mundo
Francia se convierte, de este modo, en el noveno país que avala legalmente la eutanasia, sumándose a una lista que encabezaron los Países Bajos y Bélgica, en 2002. Luxemburgo (2009), Canadá (2016), España (2021), Nueva Zelanda (2021), Portugal (2023) y Uruguay (2025) completan, por el momento, la lista. En Hispanoamérica, países como Colombia y Ecuador han despenalizado la práctica mediante sentencias judiciales, aunque carecen de leyes orgánicas específicas aprobadas por sus parlamentos.
Según vienen denunciando los expertos en bioética, la tendencia global muestra una preocupante pendiente resbaladiza. Sirva un ejemplo reciente: en los Países Bajos, pioneros del sistema, las autoridades confirmaron hace apenas un mes la primera eutanasia a un menor de 12 años, tras una ampliación de la ley en 2024.
La rebelión de los intelectuales: «Descivilización»
Al contrario de lo que se podría pensar, la reacción a este paso no ha venido solo de la Iglesia francesa, sino de personas muy importantes dentro de la intelectualidad francesa, como Michel Houellebecq o Laurent Frémont. En un artículo publicado a cuatro manos en la revista Le Point, califican la ley como un proceso de «descivilización». Recuperando la tesis del filósofo Giambattista Vico, Houellebecq y Frémont recuerdan que en el concepto humanitas procede del latín humare —enterrar— y que la humanidad comienza «en el momento en que aún se da a quien no devolverá ya nada». El escritor va, incluso, más allá, afirmando que el lecho del moribundo era el «último territorio donde la utilidad no tenía cabida». Al eliminar esta excepción, el Estado francés estaría sucumbiendo a una lógica puramente contable. Como sentencian los autores con crudeza: «Un moribundo cuesta dinero, un muerto no cuesta nada».
Los críticos, así las cosas, denuncian que la autonomía que se está vendiendo con euforia por el Elíseo no es más que un espejismo burocrático. En palabras de Houellebecq y Frémont: «Extraño derecho que anula a su titular, única libertad que se consuma al consumir a su sujeto». Y advierten, además, de que los pacientes más frágiles no leerán el Código Penal, sino que «leerán las miradas» de sus familiares, sintiéndose una carga económica y emocional que la ley les permite —o les invita— a eliminar.
Oposición en la comunidad médica
Una parte importante de la comunidad médica también se ha mostrado contraria a la eutanasia. Un amplio grupo de 57 figuras destacadas de la ciencia y la bioética francesas —entre ellas los profesores Emmanuel Hirsch y Didier Sicard, el expresidente del Comité Nacional de Ética Consultiva, Jean Leonetti, o la psicóloga y psicoterapeuta Marie de Hennezel— publicaron una declaración durante la tramitación de la ley en la que denunciaban que «los médicos y enfermeros deben acompañar a la persona moribunda hasta sus últimos momentos; asegurar, mediante cuidados y medidas apropiadas, la calidad de vida de quien termina, salvaguardar la dignidad del paciente y brindar consuelo a sus seres queridos». «No pueden —subrayan— provocar la muerte deliberadamente».
A estos nombres de reconocido prestigio se ha sumado el ex ministro de Sanidad bajo la presidencia de Emmanuel Macron François Braun, médico de urgencias, quien se ha opuesto a la ley y ha pedido un debate bien informado: «El día de mañana, será más fácil acceder a la eutanasia que a una unidad de cuidados paliativos», ha declarado, pidiendo que se otorgue prioridad a los cuidados paliativos en Francia.
La Iglesia ante la «ruptura grave»
Por su parte, la Iglesia católica de Francia ha denunciado que la aprobación de esta ley representa «una ruptura grave» en la historia del país. En una declaración firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal de la nación, el cardenal Jean-Marc Aveline, así como por los arzobispos Benoît Bertrand y Vincent Jordy, los obispos denuncian que la nueva legislación introduce «la posibilidad de provocar la muerte» y quiebra la tradición médica orientada al cuidado y al alivio del paciente. El arzobispo de Tours ha sido especialmente incisivo en el proceso, citando, incluso, a Rabelais ante los parlamentarios: «La ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma».
La preocupación mostrada por la Iglesia que peregrina en Francia se centra en tres frentes: por un lado, la fragilidad social —el riesgo de que los ancianos en situación de precariedad se sientan presionados a solicitar la muerte para evitar molestias y gastos económicos—; por otro, la objeción de conciencia, pues la ley incluye una cláusula para médicos, pero no para farmacéuticos, y obliga además a los centros católicos a permitir que equipos móviles de eutanasia puedan actuar dentro de sus instalaciones; y, por último, el abandono de los cuidados paliativos, cuando más del 20 % de los departamentos del país carecen todavía de unidades para estas prácticas, empujando a la eutanasia como la opción más accesible y económica.
Recorrido por delante
Pese a lo histórico de la votación del 15 de julio, el recorrido de la ley de eutanasia en Francia todavía no ha concluido. Se enfrenta ahora a una aduana jurídica que podría matizar o anular sus puntos más controvertidos, empezando por una fase de revisión constitucional y reglamentaria que determinará su aplicación definitiva.
En primer lugar, el primer ministro, Sébastien Lecornu, ha anunciado que remitirá parte del texto al Consejo Constitucional para su revisión. Esta solicitud también ha sido realizada por el presidente del Senado, Gérard Larcher. El Consejo tiene la potestad de rechazar la propuesta íntegramente o expresar reservas sobre artículos específicos. En esta instancia, está previsto que los magistrados analicen especialmente la cláusula de conciencia y su aplicación en centros sanitarios que se oponen a estas prácticas, así como la brevedad del periodo de reflexión de dos días impuesto al paciente. El Consejo Constitucional dispone de un mes para pronunciarse —aunque este plazo puede reducirse a ocho días si el Gobierno solicita una revisión de urgencia— y sus decisiones son vinculantes.
En caso de superar este filtro, el presidente de la República firmará el texto definitivo y se redactarán los decretos de aplicación o reglamentos, que contendrán los protocolos técnicos y administrativos a seguir por médicos y hospitales.
Por todo ello, y pese al varapalo legislativo, la Iglesia francesa no da la batalla por perdida. A partir de este momento, cabe esperar una batalla legal a través de los recursos judiciales. Tanto la Iglesia como diversas asociaciones civiles han manifestado su intención de interponer un «número significativo de recursos».
Monseñor Mathieu Rougé, portavoz de los obispos franceses, ha insistido en que la respuesta cristiana debe ser un «compromiso fraternal» que vaya más allá de la condena moral. «Ayudar a vivir es un objetivo de civilización», sostienen desde la Pontificia Academia para la Vida.
La mirada está puesta ahora en la próxima visita del papa León XIV a Francia, de quien se espera un mensaje contundente sobre la dignidad humana y el derecho a la vida como cimiento de todos los demás derechos.
