En la rueda de prensa posterior a la firma, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha afirmado que la vía del Defensor del Pueblo no es paralela al PRIVA, sino complementaria
«Para nosotros es una satisfacción poder encontrarnos aquí y ver que los pasos que la Iglesia católica está dando a través de sus diócesis y congregaciones religiosas continúan». Así ha comenzado Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, su comparecencia ante la prensa tras firmar el acuerdo con el Gobierno por el que se abre una vía para que las víctimas puedan hacer llegar sus casos a través del Defensor de Pueblo.
Para el también arzobispo de Valladolid lo que ha firmado la Iglesia con el Gobierno es «un paso adelante más en el camino que venimos realizando», una nueva vía para las víctimas que, por diversas razones, no quieren acceder a la reparación a través de la Comisión Asesora del PRIVA. Un instrumento, cuyo trabajo se recoge en el acuerdo con el Gobierno: «Se reconoce explícitamente el plan de reparación de la Iglesia».
En este sentido, recuerda que el nuevo mecanismo «no es una vía paralela, sino complementaria», pues la Comisión Asesora seguirá teniendo un papel central a la hora de evaluar las propuestas que lleguen del Defensor del Pueblo y para cumplirlas una vez se aprueben por todas las partes.
El presidente del Episcopado Española ha explicado que ha podido hablar de esto personalmente con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, que ya previamente había avalado cualquier acción conjuntas de la CEE y la CONFER y que animaba al acuerdo.
Con todo, ha recordado que desde la propia Santa Sede, a través de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, se ha realizado un juicio muy positivo del camino que está llevando a cabo la Iglesia en nuestro país e incluso se le ha planteado la posibilidad de compartir su experiencia con otras conferencias episcopales.
Finalmente, ha compartido que tanto para ellos como para la Santa Sede es «llamativo» que los dos únicos intereses del Gobierno en su relación con la Iglesia en España y con el Vaticano sean el tema de los abusos y el del Valle de los Caídos, aunque este último no lo citó explícitamente.
