«Las personas beneficiarias del mismo ven reconocida la posibilidad de salir de un laberinto angustioso, caldo de cultivo de abusos e ilegalidades diversas, y, sobre todo, ven reconocida su dignidad de persona que abre la posibilidad de su colaboración al bien común».
El trabajo cotidiano de las 70 Cáritas diocesanas, la experiencia de acogida y acompañamiento de congregaciones de religiosos, así como de otras entidades unidas en una red para el desarrollo solidario y la labor de las delegaciones diocesanas para las migraciones, permite a la Iglesia tener un conocimiento directo de la realidad de muchos de los migrantes que viven entre nosotros. Miles de personas que participan en algunos de los servicios de nuestro Estado del bienestar, especialmente la educación, la sanidad y algunos servicios sociales, que son atendidos por ayuntamientos y diputaciones. Muchas de estas personas no tienen más remedio que trabajar en la economía sumergida e, incluso, empresarios que desearían poder llevar a cabo un contrato, encuentran un obstáculo insalvable en la carencia de la documentación y formación adecuada de los posibles trabajadores.
Esta experiencia hizo que el 23 de abril del año 2022 comenzara una recogida de firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular sobre la regulación extraordinaria de personas extranjeras. Centenares de organizaciones sociales vinculadas a la Iglesia católica sumaron sus esfuerzos a la de otras organizaciones sociales para poder recoger en el plazo establecido las más de 500.000 firmas acreditadas necesarias para que en el Congreso pudiera admitirse a trámite. Fue admitida el 9 de abril de 2024 para luego sufrir las consecuencias del bloqueo político. El decreto regularizador, aprobado ahora por el Consejo de Ministros, supone una vía distinta del gran acuerdo parlamentario que, en un asunto tan complicado, hubiera sido de desear.
Son muchos los aspectos valiosos de este proceso y de su culminación. Las personas beneficiarias del mismo ven reconocida la posibilidad de salir de un laberinto angustioso, caldo de cultivo de abusos e ilegalidades diversas, y, sobre todo, ven reconocida su dignidad de persona que abre la posibilidad de su colaboración al bien común. Valiosa ha sido la movilización ciudadana en tiempos de quejas y apatías o defensa solo de los propios intereses. Nuestra convivencia democrática precisa del protagonismo social que rompa la pasividad. Los diálogos mantenidos, a muy diversos niveles, han ayudado a descubrir las posibilidades reales de acuerdo y de alianza para un objetivo común. Las organizaciones eclesiales que se dedican al cuidado, la asistencia y la promoción de personas en las más diversas situaciones de pobreza o exclusión han caído en la cuenta de la necesidad de ejercer la caridad social o política para ofrecer una respuesta adecuada a la llamada que realizan los empobrecidos.
Otras cuestiones se han puesto de manifiesto: la relación de la problemática migratoria con las necesidades y condiciones laborales, el problema de la vivienda, la salud de nuestro estado del bienestar. No podemos olvidar las dificultades de convivencia y de diálogo intercultural. Todo ello, en el contexto de una demografía desafiante, pues entre los originarios de nuestra nación son más los que mueren que los nacidos. Es una problemática que pone de manifiesto la necesidad de una respuesta integral, social, cultural, económica y política. También religiosa y pastoral: ¿cómo acogen e integran nuestras comunidades a los que llegan, singularmente a los católicos?
Gran pacto de Estado
Por eso, en coherencia con todo este proceso vivido en los últimos años, es necesario seguir insistiendo en un gran pacto de Estado y de la Unión Europea para abordar esta situación integralmente. Por un lado, las causas, llegando a acuerdos con los países de origen, pero, sobre todo, promoviendo otro orden económico internacional. Y afrontar también la lucha contra las mafias que trafican con personas. Los estados tienen derecho a regular las migraciones desde su compromiso en los otros dos asuntos, pero con los que llegan, es preciso, al mismo tiempo, reconocer la dignidad de toda persona, fuente de derechos, y promover el bien común, fuente de deberes, también para los que llegan, que han de colaborar con su integración social y su trabajo en el bien compartido de la sociedad a la que se incorporan, aceptando las reglas básicas del juego social.
No podemos negar los problemas reales de integración y de convivencia que surgen, sobre todo, si las tradiciones culturales son muy diferentes y si las situaciones sociales y económicas expresan una desigualdad excluyente. El reto demográfico de nuestro pueblo tiene dos caras, la vegetativa y la demográfica. Difícilmente se resolverá de una manera favorable al bien de todos si el desequilibrio entre ambos es tan grande como lo es actualmente. Es imprescindible una alianza social para la esperanza a favor de la natalidad, a la que la Iglesia convocó al mismo tiempo que apoyó la iniciativa a favor de la regularización. Se ha dado un paso, pero si no se recorren más tramos del camino con grandes acuerdos en los asuntos críticos, el paso puede ser contraproducente.
