Este organismo, instituido por el comisario pontificio y arzobispo de Burgo, Mario Iceta, tiene la obligación de gestionar prudentemente los bienes
La Comisión Gestora instituida por el comisario pontificio, Mario Iceta, para abordar la situación del monasterio de Belorado —donde siguen las diez exmonjas que han decidido separarse de la Iglesia católica y sobre las que ha recaído la excomunión— se plantea tomar medidas legales si las exclarisas siguen obstruyendo la administración de los bienes, esto es, del monasterio y de las actividades económicas que en él se llevan a cabo.
Lo ha hecho en un comunicado para responder a las acusaciones de la abadesa en un programa de televisión —Todo es mentira—, donde acusan a este organismo de coacción.
El comunicado, publicado por la archidiócesis de Burgos, señala que la Comisión Gestora tiene entre sus funciones preservar el patrimonio de los monasterios. «Esto lleva consigo la obligación de administrar prudentemente los bienes, examinando con cautelas las obligaciones económicas de la entidad, de manera particular las contraídas con anterioridad al nombramiento del comisario pontificio y representante legal», añade.
En este sentido, dice la nota que se ha requerido hasta en cuatro ocasiones toda la documentación, sin obtener respuesta. «No solo se han ignorado estas solicitudes de manera reiterada, impidiendo cualquier tipo de comunicación por parte de la exabadesa, sino que además nos consta que ha sido dada una orden expresa por su parte de no facilitar esta documentación a la Comisión Gestora», denuncia.
A día de hoy, la comisión ha recibido más de veinte facturas por un importe superior a 35.000 euros y un total de once nóminas por 9.800, cantidades que las cuentas del monasterio no pueden hacer frente, pues el saldo no superaba los 6.000 euros. Por ello, señala que se han empezado a saldar estos pagos gracias a la solidaridad de otros monasterios de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenece Belorado.
Sin noticias de los ingresos
Del mismo modo, la Comisión Gestora denuncia que no tiene constancia de los ingresos que se obtienen de las actividades que realizan en el monasterio y que se les impide el acceso a la información tributaria necesaria para presentar los modelos fiscales correspondientes, referidos a la actividad del último trimestre.
Finalmente, comparte que no se ha ordenado el corte de ningún suministro ni se ha amenazado con hacerlo. «Todo indica que el pretendido corte de suministros es debido al impago de más facturas, cuyo importe desconocemos», concluye.
