El compromiso es fruto del acuerdo firmado este jueves por el ministro Bolaños y los presidentes de la CEE y la CONFER para que las víctimas que lo desean puedan presentar sus casos a la Iglesia ante el Defensor del Pueblo. También ha pactado que las compensaciones económicas estén exentas de tributación
Nuevo capítulo en el camino que la Iglesia española viene haciendo en materia de abusos. Año y medio después de aprobar el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA), con la constitución posterior de la Comisión Asesora, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la CONFER y el Gobierno han acordado abrir una nueva vía para que las víctimas —aquellas que no quieren acudir directamente a la Iglesia— puedan presentar sus casos a través del Defensor del Pueblo. Fruto del pacto, el Gobierno se compromete a abordar la reparación de las víctimas de abusos en otros ámbitos públicos y ha aceptado que las compensaciones económicas estén exentas de tributación.
El pacto se ha sellado este jueves en el Palacio de Parcent, una de las sedes del Ministerio de Justicia, con la presencia de los presidentes de la CEE y la CONFER, Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego, respectivamente, y del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
De esta manera, el Gobierno reconoce de manera explícita el plan que la Iglesia ha puesto en marcha para la reparación integral a las víctimas. Un plan que ejecuta una comisión asesora independiente que, en noviembre de 2025, ya había recibido un total de 101 casos, de los que había resuelto 58.
De hecho, en los planteamientos de partida del acuerdo se recoge que la CEE y la CONFER mantendrán su propio sistema de reparación puesto en marcha por el PRIVA», mientras que en otra parte del documento, en el referido a las características del sistema, se afirma que la Comisión Asesora del PRIVA «ya ha comenzado sus trabajos y presenta una composición adecuada para evaluar dichas propuestas».
Cabe recordar que este mecanismo establecido por la Iglesia por una «obligación moral» está previsto para los casos prescritos o cuyo victimario ha fallecido y, por tanto, no tienen recorrido judicial.
Así será el proceso
Hasta ahora, los casos llegaban directamente de las propias víctimas o, por petición de estas, a través de las entidades donde se declararon los hechos. Con el acuerdo, el Defensor del Pueblo, una vez recibido y estudiados los casos, trasladará una propuesta de reparación a la Comisión Asesora del PRIVA. Este organismo la evaluará y, según los criterios y baremos establecidos, la aceptará o propondrá una nueva.
En caso de discrepancia, una comisión mixta estudiará el caso. Si no hay acuerdo, la decisión final corresponderá al Defensor del Pueblo, tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según el caso.
Finalizado el proceso, el cumplimiento del acuerdo de reparación será llevado a cabo por la Comisión Asesora del PRIVA «y con las mismas garantías previstas» en el plan de la Iglesia.
Con todo, fuentes de la Conferencia Episcopal señalan que las discrepancias no serán habituales, pues los criterios de valoración de los casos y de la baremación de la reparación que utilizarán tanto la Oficina del Defensor del Pueblo como la Comisión Asesora del PRIVA serán homogéneos.
«El sistema acordado tendrá el criterio técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la evaluación de la Comisión Asesora del PRIVA, el consenso Iglesia católica-Estado y la participación de las víctimas. No está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y en el mutuo acuerdo de las partes», ha informado la CEE a través de una nota.
Para la presentación de los casos se ha establecido un periodo de un año, aunque puede ser prorrogable por otro más.
Fruto de la negociación, la Iglesia ha arrancado al Gobierno el compromiso de abordar la reparación de los menores víctimas en cualquier ámbito de la vida pública. Aunque en la rueda de prensa posterior a la firma, el ministro Bolaños señaló que el acuerdo se circunscribe exclusivamente a la Iglesia, lo cierto es que en los planteamientos de partida se recoge que «el mecanismo de reparación a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica se inscribe en el marco del compromiso del Gobierno para abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social».
Además, ha visto aceptada una de sus propuestas: que las reparaciones económicas estén exentas de tributación para los beneficiarios.
