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El sufrimiento de los migrantes no termina al llegar a Canarias

La Iglesia denuncia que muchos acaban en prisión aunque son inocentes y que jóvenes extutelados se quedan en las calles y sin recursos. Esta información fue trasladada al papa Francisco el pasado mes de enero por los obispos canarios

Que el eco mediático, incluso político, de la situación migratoria en Canarias sea menos intenso que en la crisis de 2020 no quiere decir que el problema en la actualidad sea menos preocupante. Las cifras indican que la presión migratoria se ha intensificado y las organizaciones sociales, también la Iglesia, subrayan que el respeto a la dignidad y los derechos de los migrantes que llegan, ya muy golpeados por la situación en sus países y por la dura travesía, está lejos de cumplirse.

En 2023, el número de llegadas a las islas creció un 154 % hasta los casi 40.000 migrantes, fundamentalmente por el éxodo que se vive en Senegal, con gran incertidumbre social y política. Y la situación no ha cambiado en 2024. En los primeros 15 días del año, desembarcaron en las costas canarias 3.480 personas, un 838 % más que en el mismo periodo del año anterior. Además, el año pasado se alcanzó un triste récord con 6.007 muertes en la ruta hacia Canarias, muchos de ellos desaparecidos en el océano, tal y como ha recogido en un informe la ONG Ca-minando fronteras. Más de tres centenares eran niños.

Todos estos datos, más el trabajo a pie de calle de tantas organizaciones católicas —Cáritas, diócesis, congregaciones religiosas…— fueron presentados al papa Francisco el pasado 15 de enero por los obispos de las diócesis canarias: José Mazuelos y Cristóbal Déniz, obispo y obispo auxiliar de Canarias, y Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife.

Junto a esta realidad presentaron algunas preocupaciones, retos a los que hay que responder. Uno de ellos es el de los desaparecidos, en el que está muy implicado el claretiano José Antonio Benítez. En colaboración con la citada ONG Ca-minando fronteras, busca a los chicos cuyos familiares reclaman o sobre los que piden información. Una vez le llega una petición, recorre numerosos lugares: el CIE, la cárcel, los centros de acogida…  También pregunta a la Policía. Tal y como reconoce en conversación con ECCLESIA es algo que desgasta y genera estrés, porque en el 90 % de los casos no puede dar una respuesta. Tiene que contestar que no sabe dónde está, aunque cualquiera podría imaginar el escenario más trágico. Benítez forma parte de la Asociación Rehoyando, que tiene cobijo en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, que llevan los claretianos en Las Palmas. Allí, además de un comedor social, cuentan con programas para migrantes y personas privadas de libertad. Va con frecuencia a la cárcel, donde se encuentra otro drama: el de los migrantes que son acusados de ser los patrones de las pateras en las que viajaban. Dice Benítez que, en la mayoría de las ocasiones, sin fundamento, «pues basta que dos personas señalen a alguien para que acabe detenido». En el mejor de los casos, explica el claretiano, estarán tres años en la cárcel y cuando salgan lo harán con una hipoteca en forma de antecedentes penales que les obligará a estar más de una docena de años en la irregularidad. Sabe de lo que habla porque ya ha atendido varios casos en la parroquia. En el informe presentado al Papa se denunciaba, además, el número alarmante de migrantes que se declaran culpables a cambio de una reducción de la pena y evitar la celebración del juicio. Todo ello sin explicarles que pueden defender su inocencia y salir absueltos. También se han encontrado con menores en prisión. 

Otra de las preocupaciones de la Iglesia en Canarias es la situación de los extutelados, aquellos jóvenes que al cumplir la mayoría de edad salen de los recursos de menores. Algunos se quedan en situación de calle, sin documentación y expuestos a todo tipo de abusos. «Se está dejando tirados a chicos que podrían salvarse con acompañamiento y si se cumpliera la ley y salieran de los recursos con los papeles», explica Benítez.

Ana María Cabrera es salesiana y directora de la Fundación MAIN, que atiende a extutelados, en su gran mayoría migrantes. En estos momentos dan cobijo a 49 personas —contando los bebés, pues tienen una casa para madres— y su lista de espera asciende a 150. Solo esta cifra ya muestra que se necesitan más recursos, porque, además, según señala la religiosa, con el aumento de llegadas, también crecerá el número de extutelados en unos meses. Muchos tienen 16 o 17 años. El objetivo de la Fundación MAIN es insertar a estos chicos y chicas en la sociedad. Lo hacen enseñándoles el idioma y las costumbres de nuestro país y preparándolos para un trabajo. La experiencia de Ana María —ha visto pasar por la fundación a un centenar largo de chicos en el tiempo que lleva en Canarias— es que cuando se da una oportunidad, una casa, y se ofrece un acompañamiento adecuado, el resultado es favorable. «El 90 % sale adelante», subraya.

Y para dar respuesta a esta situación, como ya hemos contado en números previos de ECCLESIA, la Pastoral de Migraciones a nivel nacional está desarrollando los Corredores de Hospitalidad, también presentados a Francisco, y que ya han derivado desde las islas a la península a casi una decena de migrantes. Los últimos, el pasado 30 de enero, con destino a Bilbao. «Cada vez son más las diócesis que se están interesando y que ofrecen plazas», reconoce la religiosa salesiana, que ejerce de enlace entre las diócesis canarias y las peninsulares. «Es una gota en el océano», añade el claretiano José Antonio Benítez, que reconoce el esfuerzo de la Iglesia y apremia a la Administración a dar una respuesta. 

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