Señala en un comunicado que «solo en facturas se adeudan unos 42.000 euros, algunas de las cuales tienen hasta dos años de antigüedad»
La Comisión Gestora de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio ha salido al paso de las acusaciones de la exabadesa, Laura García de Viedma, y ha denunciado que sigue impidiendo la gestión del monasterio, cuyo representante legal es el comisario pontificio, es decir, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.
«Al comisario pontificio, como representante legal, le asiste el derecho de administrar todos los bienes muebles, inmuebles, dinerarios y financieros de los monasterios. Es una acusación falsa hablar de usurpación ilegítima de las cuentas bancarias ni se requiere para ello ningún procedimiento judicial. Todas las actuaciones realizadas por el comisario pontificio y la comisión gestora están realizadas dentro de la más estricta legalidad», ha explicado a través de un comunicado.
En este sentido, ha subrayado que desconoce la amplitud de las obligaciones financieras de los monasterios, porque la exabadesa «sigue ilegalmente impidiendo el acceso a su gestión» después de haber pedido información a través de cinco requerimientos.
Lo que sí sabe es que hay facturas que llevan meses sin ser abonadas «por la gestión de la exabadesa». «Aproximadamente, y con exclusión de los préstamos, solo en facturas se adeudan unos 42.000 euros, algunas de las cuales tienen hasta dos años de antigüedad», añade.
Del mismo modo, desmiente las acusaciones de asfixia económica, sobre todo, cuando son los monasterios de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu —y otras— las que están aportando fondos para hacer frente a facturas y nóminas que la García de Viedma sigue enviando.
Respeto a las personas y la legalidad
«Nuestro modo de proceder es y seguirá siendo el respeto absoluto a las personas, a la legalidad, a la verdad y a la transparencia. No entraremos en descalificaciones o difamaciones de ningún tipo. Todas las informaciones aparecidas en nuestras comunicaciones están perfectamente documentadas y se ciñen exclusivamente al relato de hechos verificables», ha agregado.
Finalmente, la nota de la comisión gestora ha lamentado las descalificaciones personales vertidas contra el comisario pontificio, con argumentos ad personam sobre la época en la que perteneció al consejo de administración de Cajasur. Y ha añadido que este se reserva el derecho de acudir a los tribuales para defender su honor y buen nombre «ante estas declaraciones sin escrúpulos y calumniosas».
