La experta regional para Europa de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores participó en octubre en el VIII Encuentro para las Oficinas de Protección de Menores
El pasado mes de octubre tuvo lugar en Madrid el VIII Encuentro para las Oficinas de Protección de Menores, organizado por la Conferencia Episcopal, en colaboración con la CONFER. Dos jornadas de trabajo durante las que se abordaron cuestiones como la sanación y el acompañamiento, el abuso de poder, los mapas de riesgo o la atención a los victimarios. También hubo tiempo para escuchar la experiencia de representantes de la Conferencia Episcopal Italiana. La cita formativa coincidió en el tiempo con la publicación del II Informe de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, que reconoce el trabajo de la Iglesia en nuestro país, con citas al Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA) y el Proyecto Repara. Hablamos de ello con Claudia Giampietro, experta de la comisión, cuya ponencia inauguró el encuentro.
—¿Cuál fue el principal mensaje que transmitió a los responsables de las oficinas?
—La misión de la protección no se mide en reglamentos, sino en gestos concretos. Y, por ello, invité a cada una de las oficinas a ver la protección como una cuestión de evangelización, porque cuando la Iglesia protege, también evangeliza. Escuchando, se convierte y reparando, se renueva. Entonces, se trata de seguir cultivando la cultura del cuidado. La respuesta siempre nace de la escucha real a las víctimas y supervivientes y de una conversión del corazón, que tiene que traducirse en hechos verificables.
—El mes pasado se presentó el II Informe de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. ¿Cuáles son sus conclusiones?
—El tema central es la reparación, entendida como un proceso integral, pues no es solo una cuestión económica. En este documento se describen todas las dimensiones que permiten llevar a cabo una reparación de verdad, comenzando por la acogida y la escucha, pasando por las disculpas públicas, el acompañamiento psicológico y espiritual, el apoyo económico justo, las reformas institucionales y la formación de las comunidades. Todo esto apunta a un mismo fin: restaurar la dignidad y reconstruir la confianza.
—¿Hay alguna novedad con respecto al primer informe?
—La principal novedad es que las conferencias episcopales incluidas en el mismo están creciendo. Si en el primer informe contábamos con 17 episcopados y dos congregaciones, ahora se han incluido 18 conferencias episcopales y dos congregaciones más, con mayor presencia en Europa y Asia. Además, hay nuevas voces de víctimas y supervivientes, que se integran en los grupos de escucha.
—¿Qué ejemplos de buenas prácticas han encontrado?
—Diría que los centros de escucha, donde se recibe y se acoge a las víctimas y supervivientes. También el acompañamiento psicológico y espiritual, que son ofrecidos gratuitamente. Son importantes, del mismo modo, las disculpas públicas o la participación de las víctimas y de los laicos en el diseño de las políticas de prevención.
—En el informe se dedica un espacio a la situación de España. Con este análisis y la experiencia de haber participado en el Encuentro para las Oficinas de Protección de Menores, ¿cuál es su impresión del trabajo que se está realizando?
—Deseo felicitar y agradecer la organización del encuentro, porque refleja una visión madura y colaborativa. En el programa hubo espacio para reflexiones teológicas, pero también para el acompañamiento pastoral o la formación práctica. Se habló sobre nuevas formas de abuso y cómo afrontarlas… Hay una apertura real a escuchar experiencias de otras Iglesias y a la inclusión de voces diversas, también de víctimas. Y creo que se entiende que la dimensión espiritual y pastoral es fundamental para la credibilidad en esta tarea.
—En el proceso de elaboración de este documento se ha incluido a grupos de víctimas. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
—Estamos aprendiendo y creciendo en este ámbito. La escucha debe ser no solo amable, sino también creíble. Y hemos constatado también que la reparación tiene que ser adaptada a cada historia, pues no es solo económica. Las víctimas suelen subrayar como importante la información, pues esto forma parte de la justicia. Quieren saber qué decisiones se han tomado y por qué. Y esto no puede depender de que se encuentren con un obispo justo o de la buena voluntad de una persona. Necesitamos estructuras estables y justas.
—¿Qué es lo que más demandan los supervivientes?
—En primer lugar, ser escuchados. Esto abre procesos, también de credibilidad, porque en algunos casos esas víctimas fueron rechazadas. También quieren tener voz y opinión sobre la reparación. Y nos dijeron algo muy interesante: que se haga un seguimiento de su vida. Quizás, las Iglesias locales deberían tener grupos más o menos estables con víctimas para hablar de todos estos temas. La participación de las víctimas es crucial, porque mejora la calidad de las decisiones y la credibilidad de los procesos. Y pone sobre la mesa la dimensión comunitaria del asunto. El proceso de escucha debe involucrar a todos, pues forma parte de la justicia, de la conversión de la que hablábamos. Entonces, creo que recomendaremos como Comisión que cada Iglesia local cuente con espacios seguros de escucha y grupos de trabajo con víctimas.
—¿Cómo mirar al futuro en esta materia?
—Debemos caminar en la dirección de la colaboración entre Iglesias locales. Hay que formalizar la reparación integral en diócesis y congregaciones religiosas, así como fortalecer los mecanismos de denuncia y transparencia con una verificación externa. Es fundamental contar con profesionales que se forman de forma continua en prevención, que se simplifiquen los procesos administrativos para evitar la revictimización y mantener, como ya hemos dicho, la participación de las víctimas y supervivientes en todas las etapas.
