Denuncia que el ministro Bolaños pretende imponer una respuesta a este problema sin contar con ella ni con el Defensor del Pueblo
«Una muestra clara de oportunismo». Así se manifiestan a ECCLESIA fuentes eclesiales tras conocer los movimientos del Gobierno en materia de abusos en el seno de la Iglesia, con el envío de una carta del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, —desvelada este domingo por El País— y con la convocatoria urgente de una reunión con las víctimas.
Decisiones que han llegado justo después de que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española convocase esta semana una Asamblea Plenaria extraordinaria —se celebra este martes— para aprobar su plan de reparación integral, conocido con las siglas PRIVA.
«El Gobierno presiona a la Iglesia para que no apruebe su plan de reparación el martes y contraprograma con una reunión convocada de urgencia a las víctimas», aportan las mismas fuentes.
De hecho, tal y como ha informado el diario El País este domingo, la carta de Bolaños a Argüello recoge que el Ejecutivo no aceptará ninguna fórmula en la que solo participe la Iglesia y reclama un modelo mixto.
Las fuentes eclesiales consultadas señalan que la carta del ministro es «inaceptable en el fondo y en la forma», pues consideran que «las cartas personales entre representantes institucionales no se hacen públicas», siendo «una deslealtad personal e institucional» publicarlas.
Amenaza a la independencia de la Iglesia
Además, la misiva supone «una amenaza para la vida y misión de la Iglesia y para su independencia». E insisten: «Son inaceptables las presiones del Gobierno para monopolizar el trato con las víctimas».
En este sentido, denuncian que si el Gobierno tiene el monopolio de la acción con las víctimas, se impide la respuesta de la Iglesia, a la que se impone «una respuesta contraria al derecho», que, además, «se ha elaborado sin contar con la Iglesia ni con el Defensor del Pueblo y que discrimina a unas víctimas respecto a otras».
Y concluyen: «El Gobierno insiste en utilizar a las víctimas. Pone por delante su interés político antes que la solución al problema».
