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La Iglesia pide a los grupos parlamentarios que la ILP de regularización de migrantes sea, al menos, debatida en el Congreso

El próximo martes se vota la toma en consideración de la propuesta, que ha recibido 700.000 apoyos ciudadanos. En estos momentos, PP y PSOE, además de VOX, están instalados en el no, por lo que la iniciativa decaería

Nadar para morir en la orilla. Esta es una buena metáfora de los que podría suceder el próximo martes en el Congreso de los Diputados, cuando se votará la toma en consideración —que no es otra cosa que el inicio de la tramitación y el primer paso para que sea debatida— de la ILP de regularización de migrantes, apoyada por la Iglesia.

Esta propuesta, que contó con el respaldo de numerosas entidades eclesiales, entre ellas la Conferencia Episcopal Española (CEE), logró 700.000 firmas y aglutinó a grupos de distintas corrientes ideológicas —a izquierda y derecha— en un mismo objetivo: ofrecer la ciudadanía plena a en torno a medio millón de personas que ya viven entre nosotros.

«Esta ILP se encuentra en un momento crucial: en los próximos días los partidos políticos han de decidir si la toman en consideración, abriendo un período sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana, o, por el contrario, rechazan y ponen fin a su tramitación antes siquiera de debatir en profundidad sobre ella», recogen en una nota conjunta Cáritas Española, la CONFER, Redes y el Departamento de Migraciones de la CEE.

En opinión de estas entidades, sería «incomprensible» que la iniciativa no fuera ni siquiera debatida y, por ello, invitan a los partidos políticos «a iniciar conjuntamente un diálogo constructivo, votando a favor de la toma en consideración de la ILP».

En estos momentos, la negativa de PP, PSOE y VOX hace que es iniciativa no solo decaiga, sino simplemente que se hable sobre ella. Es cierto que el contexto electoral en el que nos encontramos tampoco ayuda.

El propio presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, señaló en su perfil de X que sería absurdo que no se permitiera el debate, pues de los que se está hablando es de «cuestiones centrales de la dignidad humana y la convivencia».

Y añadió: «Estamos acostumbrándonos a unas Cortes que no dialogan en la búsqueda de acuerdos, o de nombrar los desacuerdos. Queremos que nuestros representantes dialoguen y acuerden unas bases mínimas de regulación de personas que viven aquí varios años. Todo, menos rechazar dialogar».

En una reciente entrevista con ECCLESIA, Argüello, defendió la regularización con las siguientes palabras: «Lo hacemos de una manera católica. Diciendo que el primer derecho del migrante es estar en su casa, y siendo conscientes de que se está produciendo un fenómeno global de reemplazo y de sustitución ante la carencia de esperanza de vida en nuestras sociedades. Dicho esto, la Iglesia acoge a los que vienen desde la afirmación de la fraternidad. Pero la acogida tiene que mostrar toda la realidad del fenómeno migratorio, teniendo siempre como referencia el rostro de los que sufren, que empiezan a hacerlo en sus países de origen, continúan durante el camino en manos de las mafias, y también al llegar aquí, donde se encargan de los trabajos que los europeos no queremos realizar».

Razones para su aprobación

En la Exposición de motivos de la ILP se ofrecen varias razones por las que se justifica una decisión de estas características en estos momentos. En primer lugar, cita, el respeto de los derechos fundamentales de cada ser humano. «La irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad», apunta.

En segundo lugar, no darles la ciudadanía plena supone una pérdida de un gran aporte económico y fiscal, pues se impide a los migrantes contribuir al sostenimiento de la sociedad. Una estimación de la Universidad Carlos III sugiere que la aportación de los trabajadores regularizados sería 3.250 euros por persona y año de media.

Además, afirma que «la existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza pública que es urgente corregir». Y recuerda que es una medida que ya se ha utilizado en varias ocasiones en España y en el resto de Europa.

«La política migratoria no puede permanecer escindida de la realidad socioeconómica del país y de todas las personas que la componen y construyen día a día. La regularización extraordinaria permitirá visibilizar la totalidad de la población migrante que reside en el país, compensar las desigualdades que presentan como punto de partida, y a la vez, garantizar los derechos laborales en condiciones de igualdad, reduciendo las situaciones de abuso y explotación», concluye.

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