El acuerdo, firmado este lunes, recoge que la promoción de estos pisos se realizará sin alterar el título de propiedad de los bienes eclesiales
En lo que han calificado como un paso significativo hacia la justicia social y el servicio a los más necesitados, la Iglesia en Cataluña y la Generalitat han firmado un protocolo de colaboración en el que la Iglesia pone diversos bienes de su titularidad a disposición de familias vulnerables con problemas habitacionales. El acuerdo, rubricado hoy lunes en el Palau de la Generalitat, establece de esta forma un marco de trabajo conjunto para incrementar el parque de vivienda social en todo el territorio catalán.
El acto ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del arzobispo de Tarragona, monseñor Joan Planellas, quien ha actuado en representación de todas las diócesis con sede en esta autonomía y de las comunidades religiosas de la Unión de Religiosos de Cataluña. Con esta firma, la Iglesia reafirma su compromiso histórico de estar al lado de quienes sufren las carencias más básicas de nuestra sociedad.
Para materializar este proyecto, se ha acordado asimismo la creación de una mesa de trabajo paritaria, compuesta por cinco miembros de las diócesis catalanas y cinco representantes de la Generalitat catalana. Este órgano nace con el mandato de estudiar la viabilidad de los proyectos, proponer los cambios normativos necesarios y garantizar que las nuevas viviendas se destinen a colectivos en situación de vulnerabilidad bajo criterios de transparencia y equidad.
Un aspecto clave del convenio, así las cosas, es que la promoción de estas viviendas se realizará sin alterar el título de propiedad de los bienes de la Iglesia. En su lugar, se establecerán cesiones de uso a la administración pública por periodos de tiempo determinados, para que esta pueda aportar la financiación y las condiciones técnicas necesarias para la construcción.
Monseñor Joan Planellas ha valorado muy positivamente este acuerdo, recordando que la Iglesia no puede ser ajena a una realidad que golpea a miles de familias. Según ha subrayado el prelado, «la falta de vivienda es uno de los problemas de primer orden de nuestra sociedad catalana, donde casi el 25 % de la población tiene algún problema de exclusión social en el ámbito de la vivienda». Planellas ha añadido que, en ocasiones, la Iglesia posee bienes que permanecen bloqueados por falta de financiación o por normativas urbanísticas complejas y que, gracias a este protocolo, se cederá el uso a la Generalitat para que pueda establecer las condiciones idóneas para construir.
Esta iniciativa se enmarca en la larga trayectoria de la Iglesia en el ámbito de la pastoral social, que abarca también el sector de la vivienda. Planellas ha recordado la labor incansable de instituciones como Cáritas, el Centre Català de Solidaritat, Justícia i Pau o Manos Unidas. «La Iglesia, desde hace muchísimos años, ha procurado paliar las indigencias sociales de la población», ha afirmado monseñor Planellas, para quien este nuevo acuerdo es una continuación de esa misión de caridad y acompañamiento.
El protocolo tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y contará con una comisión de seguimiento, que velará por el cumplimiento de los objetivos y el examen de los resultados anuales.
