El director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, Josetxo Vera, publica en el diario El Mundo una contundente réplica a las intervenciones del ministro ante la Comisión Constitucional del Congreso
El director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Josetxo Vera, ha publicado en el diario El Mundo una contundente réplica a las recientes intervenciones del ministro Félix Bolaños ante la Comisión Constitucional del Congreso. En calidad de portavoz de los obispos para este artículo, denuncia que el ministro ha utilizado «trazo grueso» en afirmaciones que no se ajustan a la realidad sobre los acuerdos alcanzados por la Iglesia para la reparación de las víctimas de abusos sexuales.
Uno de los puntos de mayor fricción, a juicio de Vera, reside en la afirmación del Gobierno de que las víctimas carecían de apoyo antes de la firma de estos acuerdos. El director de la Oficina de Información de la CEE se muestra tajante a este respecto: «Eso no es cierto». En el artículo se explica asimismo que la Iglesia ya había establecido en 2020 «más de 200 oficinas en toda España para la atención a las víctimas», por las que han pasado más de mil personas para recibir asesoramiento jurídico y acompañamiento profesional. De hecho, el firmante subraya que incluso víctimas de otros ámbitos acuden a estas dependencias eclesiales «porque no tienen otro lugar al que acudir», ya que ninguna otra institución educativa o deportiva ha creado estructuras similares.
Vera también desmiente que la Iglesia haya comenzado a pagar ahora gracias a la intervención del Ejecutivo. Asegura que la institución «lleva tiempo pagando a las víctimas» a través de tres vías: cumpliendo las sentencias judiciales, realizando pagos voluntarios por conciencia moral y mediante el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (PRIVA). Este plan atiende a quienes han quedado fuera del sistema judicial por fallecimiento del agresor o prescripción del delito. En este sentido, critica que, actualmente, «esas víctimas todavía tienen que pagar a Hacienda por las reparaciones económicas recibidas», una situación que la Iglesia espera que cambie pronto.
El artículo rebate, por otra parte, el «eslogan» de Bolaños de que el Estado fija la indemnización y la Iglesia la abona. Vera aclara que lo firmado estipula un acuerdo entre las propuestas del Defensor del Pueblo y del PRIVA, por lo que «no rige la afirmación de que la indemnización «la fija el Estado»». Advierte, además, que sostener lo contrario daría a entender que el Defensor del Pueblo trabaja para el Gobierno, algo que «ningún Defensor del Pueblo, y mucho menos este, aceptaría».
Finalmente, el responsable de información de la CEE recuerda que el Gobierno tiene pendiente el compromiso de abordar la reparación en «cualquier ámbito de la vida social», incluidas las administraciones públicas. Vera concluye destacando que la Iglesia ha ido «adonde el Estado no puede llegar» debido a las limitaciones legales, movida por una «obligación moral que se encuentra muy lejos de la capacidad del Estado para imponer». Y, aunque reconoce que la Iglesia «hace cosas mal», insiste en que su propia conciencia la obliga a rectificar. Negar estos avances es, simplemente, «faltar a la verdad».
