Se prohíbe «expresamente el acceso y permanencia en los monasterios y todos sus inmuebles de los señores Pablo de Rojas y cualquier otra persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Apóstol»
La Santa Sede ha nombrado al arzobispo de Burgos, don Mario Iceta Gavicagogeascoa, comisario pontificio para los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, tras la declaración del pasado 13 de mayo de sor Isabel —en nombre, supuestamente, de toda la comunidad— de abandonar la Iglesia católica, firmando un documento de abandono formal y situándose bajo la jurisdicción de Pablo de Rojas. Según ha publicado la archidiócesis de Burgos, hoy, día 29 de mayo, expiraba el nombramiento de sor Isabel como abadesa del Monasterio de Santa Clara de Belorado. Este día, asimismo, era el acordado previamente con el Delegado episcopal para la vida consagrada para la elección de la nueva abadesa.
Según ha comunicado la archidiócesis, a última hora de la tarde de ayer, día 28, «se remitió un burofax a sor Isabel comunicándole la finalización de su mandato y el nombramiento del comisario pontificio, con efectos inmediatos». Asimismo, se prohíbe «expresamente el acceso y permanencia en los monasterios y todos sus inmuebles de los señores Pablo de Rojas y José Ceacero y cualquier otra persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Apóstol».
«Las hermanas merecen el máximo respeto y consideración», subraya la nota, que mantiene que se requerirá que cada una de ellas expresa «de modo personal» su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia católica, recordando que la insistencia en esta posición es motivo de excomunión. Del mismo modo, manifiesta su preocupación «por el bienestar de las hermanas mayores», las cuales, pese a estar recibiendo un «cuidado esmerado» del que se tiene constancia, preocupa sobremanera «que no estén recibiendo la atención espiritual congruente con la fe católica que siempre han amado y profesado».
«Seguimos orando —prosigue el documento, hecho público hoy—, y nos consta que lo están haciendo muchas personas y comunidades, para que las hermanas reconsideren su decisión y encuentren el camino de retorno a casa. La Iglesia las espera con entrañas de misericordia».
Para el desempeño de este encargo —que le otorga todos los derechos y deberes que el Derecho universal de la Iglesia y el Derecho propio del Instituto atribuyen al Superior Mayor y a su Consejo, incluida la representación legal en el ámbito civil—, el arzobispo de Burgos ha nombrado una Comisión gestora compuesta por el propio comisario, la presidenta de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu —a la que pertenecen los mencionados monasterios— y su secretaria federal —que velarán por el cuidado de la comunidad—, el vicario judicial de la archidiócesis de Burgos —que se encargará de las cuestiones en el ámbito canónico— y el director de Asuntos Jurídicos del arzobispado de Burgos —que coordinará los aspectos concernientes al ámbito civil—. Contará, por último, con la colaboración del delegado episcopal para la vida consagrada y de los capellanes del monasterio, y se pedirá la colaboración de un despacho profesional para la administración de los monasterios, al que se encargará la realización de una auditoría y un inventario.
Si fuera necesario, agrega el comunicado de prensa, «se contará con la ayuda de despachos profesionales de servicios jurídicos, en materia civil, fiscal o penal». Por último, la archidiócesis recuerda que los monasterios, así como sus propiedades y bienes, «pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto personas físicas». En el caso de decretar la supresión de los mismos por no poder cumplir lo establecido en la Instrucción sobre la vida contemplativa, «todos sus bienes quedarían en el ámbito de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, conforme a sus estatutos».
