Tras la 128ª Asamblea Plenaria de la CEE, monseñor García Magán se refirió a las cuestiones más candentes de la actualidad eclesial, política y social de España
La 128ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se ha desarrollado a lo largo de esta semana, concluyó con una rueda de prensa en la que el secretario general de la institución, monseñor Francisco César García Magán, se sometió a una hora de preguntas de los medios de comunicación sobre las cuestiones más candentes de la actualidad eclesial, política y social.
Así, afirmó que los obispos españoles han recibido el informe anual sobre el Plan PRIVA de reparación integral a víctimas de abusos, reveló una pequeña parte de las negociaciones abiertas con el Gobierno para la compensación de los afectados y respondió a varias preguntas sobre la situación del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. También hubo tiempo para el proceso de resignificación del Valle de los Caídos emprendido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las posibles repercusiones a la condena del fiscal general del Estado por revelación de secretos.
Abusos
Según informó el secretario general de la CEE, los obispos han conocido los avances de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA), que actúa con total autonomía e independencia de los obispos. Hasta la fecha, reveló, se han presentado 101 casos a esta comisión. De estos, 58 ya han sido resueltos y comunicados, y se espera la resolución de otros 11 próximamente. El plan PRIVA está diseñado para atender aquellos casos que no pueden seguir una vía judicial, como, por ejemplo, cuando el victimario ha fallecido o el caso ha prescrito. Según ha comunicado el obispo auxiliar de Toledo, para la Iglesia es crucial destacar que la reparación que ofrece el Plan PRIVA es «integral», no limitándose únicamente al ámbito económico, sino facilitando también el acompañamiento terapéutico y espiritual a las víctimas que lo deseen.
Negociaciones con el Gobierno
En el ámbito de las discusiones con el Ejecutivo, la Asamblea Plenaria ha aceptado un marco general de referencia para seguir colaborando en la reparación a las víctimas. Esta propuesta, que se trabaja con el ministerio de Justicia, busca establecer un mecanismo que permita a las víctimas que no deseen dirigirse a la comisión PRIVA de la Iglesia tramitar sus casos a través del Defensor del Pueblo. La Comisión Ejecutiva de la CEE ha sido delegada para proseguir y concluir esta negociación. Durante estas conversaciones, la Iglesia ha puesto sobre la mesa del Gobierno la necesidad de que las indemnizaciones que reciben las víctimas estén exentas de fiscalidad, ya que actualmente están sujetas a retención tributaria.
Obispo de Cádiz
Respecto a las informaciones sobre monseñor Rafael Zornoza —quien no participó en la Plenaria por decisión propia y por un «tema de salud grave»—, monseñor García Magán reiteró los principios de la Iglesia ante la situación. El secretario general subrayó la necesidad de un «respeto a la presunción de inocencia», un derecho que asiste a cualquier persona, incluido, como no podía ser de otra manera, un obispo, sin que esto sea óbice para que se respete los derechos de las víctimas. Según ha revelado García Magán, el caso se encuentra bajo un procedimiento judicial abierto en el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, y la competencia para actuar en casos que involucran a obispos recae exclusivamente en la Santa Sede, no en la Conferencia Episcopal.
El Valle de los Caídos
La Conferencia Episcopal, por otra parte, ha reiterado su falta de competencia en el proceso de resignificación del Valle de los Caídos. El secretario general ha sido enfático al señalar que la CEE «ni siquiera ha sido un convidado de piedra» en las negociaciones, que se están llevado a cabo entre el Gobierno de España, la comunidad benedictina y la archidiócesis de Madrid. La CEE valora positivamente el mantenimiento de los acuerdos alcanzados entre estos actores, especialmente en lo relativo al respeto de la basílica, el culto católico y la permanencia de la comunidad benedictina.
Ante las preguntas de los medios de comunicación sobre una posible «profanación» y la demolición de elementos religiosos fuera de la basílica, el secretario general ha explicado que las maquetas iniciales del proyecto podrían haber sido «de máximos», y que se ha garantizado que la imagen de La Piedad y otras figuras no serán retiradas. Aunque la CEE no ha intervenido directamente en el proceso, ha destacado que el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor José Cobo, sí ha estado «trabajando para salvaguardar los principios fundamentales» y las excepciones esenciales en el proyecto.
Fiscal general del Estado
Por último, también se ha colado en la extensa rueda de prensa —en la que monseñor Garíca Magán ha respondido a todos los periodistas que lo han solicitado, con una sala de prensa llena y muchas veces con hasta tres y cuatro preguntas por persona— la percepción de los obispos respecto a la condena del fiscal general del Estado y sus consecuencias. A este respecto, el secretario general ha afirmado la postura de la CEE en defensa del estado de derecho, subrayando que un principio fundamental de la democracia es la separación de poderes y que el respeto al trabajo de los tribunales es indispensable para el mantenimiento del edificio democrático. Por último, concluyó que, al igual que todos los españoles, el Ejecutivo debe cumplir con lo establecido por la Constitución y lo señalado por los tribunales.
