Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

¿Qué dice el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en el seno de la Iglesia?

El Defensor del Pueblo presentó este viernes el Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Un texto de 777 páginas que recoge el trabajo de más de un año a través de la Comisión Asesora, la Unidad de Atención a Víctimas y el Foro de Asociaciones. En él, se plasman los testimonios de 487 víctimas, una encuesta sobre el impacto de los abusos y una serie de recomendaciones, entre ellas, la creación de un fondo estatal, en el que colabore la Iglesia, para el pago de compensaciones económicas.

La entrega formal del volumen se hizo en el Salón de los Pasos Perdidos de un Congreso de los Diputados, en plena preparación de la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Mientras distintos operarios colocaban alfombras , las cámaras enfocaron la llegada de Ángel Gabilondo y Francina Armengol, esta última con una cruz bien visible, al cuello, un detalle que no pasó desapercibido para los presentes. Entre ellos, estaban la mitad de los asesores, incluidos algunos vinculados de una u otra manera a la Iglesia católica, como Miguel García-Baró, coordinador del Proyecto Repara, de la archidiócesis de Madrid.

De ahí el foco se trasladó a la sala de prensa de la Cámara Baja, donde el defensor del Pueblo expuso las principales líneas del informe y contestó a las preguntas de los periodistas. El texto reconoce, como recalcó el propio Gabilondo, el compromiso de la Iglesia en España en materia de abusos, que ha ido «adoptando medidas y posiciones más firmes» y que la mayor conciencia del problema se ha manifestado en la elaboración de protocolos y normas internas. En concreto, señala «el avance que ha representado la Instrucción dictada por la Conferencia Episcopal Española, en 2023, sobre abusos sexuales, con una especial referencia a los casos de menores».

Eso sí, apunta que hace falta avanzar en la atención a los derechos y necesidades de las víctimas durante el proceso penal canónico, así como en la reparación. También critica que, en algunos casos, se minimice el fenómeno y se relegue a un aspecto marginal, «enfatizando la dimensión social del problema y rehuyendo abordar los factores internos que pueden favorecer las dinámicas de abuso y de encubrimiento».

El texto también es duro con los poderes públicos. «El Estado no ha actuado según la responsabilidad que le incumbe ante un problema que tiene una dimensión institucional y que se ha producido en el ámbito de sus obligaciones de prevención, supervisión y control. Ello es particularmente relevante en lo que concierne al sistema educativo», recoge

Y expone las dificultades en la práctica para que las víctimas reciban una reparación efectiva. De hecho, sobre esta cuestión, el trabajo del Defensor del Pueblo propone que las compensaciones no estén sujetas a la discrecionalidad de una u otra institución ni sometida a criterios desvinculados de una valoración profesional especializada. Así, una de sus recomendaciones es la creación de un órgano que tenga como finalidad la reparación de las víctimas en el seno de la Iglesia que no han tenido un proceso por causa de la prescripción y de un fondo estatal —donde colabore la Iglesia— para el pago de las compensaciones.

Entre otras propuestas, pide la Iglesia reconozca la gravedad del problema y lo haga públicamente, que se ajusten los protocolos de las diversas instituciones a los de la Administración, se garantice la atención psicológica a las víctimas y se establezca un mecanismo de coordinación entre las oficinas de la Iglesia y las que dependen del Ministerio de Justicia y comunidades autónomas. «No hay ningún ataque a la Iglesia», dijo Gabilondo, que añadió que lo que es importante «son las víctimas».

Las cifras

El informe, además del número de víctimas del que han tenido conocimiento —334 directamente y 153 por testimonios indirectos—, incluye una encuesta realizada, previa licitación, por GAD3, que revela que el 11,7 % de los entrevistados (8.013) afirman haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años. Un 3,36 % señala que ese abuso se produjo en el entorno familiar y un 0,6 % fue agredido por un sacerdote o religioso católico. El porcentaje sube hasta el 1,13 % si se tiene en cuenta los abusos en centros educativos a cargo de personal seglar o en otras confesiones religiosas.

«El presente informe responde a una necesidad social, ética y política expresada por la ciudadanía. A la par, y esto es lo decisivo, responde a lo que las víctimas de abusos sexuales vienen requiriendo. Para empezar, ser escuchadas, atendidas y correspondidas. Ellas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este informe», dijo el defensor del Pueblo durante la comparecencia, en la que evitó hacer cualquier tipo de extrapolación de los porcentajes de la encuesta para ofrecer un dato global sobre el número de personas que habrían sufrido abusos.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now