El prelado afirma que la Iglesia, además de atender a los desplazados, quiere ofrecer una respuesta espiritual y educativa para afrontar esta situación con criterios y prudencia evangélica
Desde los primeros momentos de la crisis que se desató en Ceuta el pasado 30 de julio, con la entrada de miles de migrantes en la ciudad autónoma, la Iglesia estuvo muy presente. Primero, en la atención de emergencia a los que llegaban, pero luego en el acompañamiento de los ceutíes, que viven en una situación de excepcionalidad que se alarga durante mucho tiempo. La cabeza de esa Iglesia es Ramón Valdivia, que atiende a ECCLESIA para analizar esta crisis.
—¿Cómo vivió la situación del pasado 30 de julio?
—Muy temprano, por la mañana de ese día, el vicario de Ceuta me avisó de la entrada de algunos inmigrantes. La primera respuesta para responder a esa situación fue fortalecer el Centro San Antonio, de la Delegación de Migraciones de la diócesis, con la ayuda económica de la colecta de Cáritas de las parroquias de Ceuta. A las pocas horas de ese día, lo que en principio era una crisis migratoria localizada en la frontera con Marruecos, se convirtió en una entrada masiva que conllevaba unas consecuencias que superaban cualquier previsión. Jamás pudimos imaginar la entrada de unas 100.000 personas. Al día siguiente me trasladé a la ciudad autónoma y pude comprobar, de primera mano, el alcance de lo ocurrido. No solo afectaba a los movilizados, que comenzaron a vivir un desarraigo al no tener qué comer, ni beber, ni dónde dormir, sino también a los vecinos de Ceuta, quienes han visto frustradas su estabilidad y la paz.
A partir de entonces, la injusticia se apoderó de esta situación, porque las administraciones no pudieron asumir esa llegada tan abrumadora de personas, a las que no se pudo acoger ni proporcionar el sustento más básico. Así, la mayoría se volvió a su país, pero otras muchas se quedaron en las zonas periféricas de la ciudad, deambulando desnortadas, especialmente los menores. Pero esa injusticia la ha padecido principalmente la ciudad de Ceuta, que se quedó colapsada en sus servicios básicos por falta de seguridad y salubridad. Lo que se espera es que el mando único establecido pueda hacerse con el control de la situación y se regenere la confianza institucional.
—¿Qué lectura hace de la situación?
—A mi juicio, la sensación generalizada es que existe un abandono institucional que genera ansiedad, miedo e inseguridad, que se ha visto acrecentado por la lentitud e inoperancia de quienes tienen la responsabilidad de defender el orden y de hacer cumplir la ley y los derechos humanos en el Estado social y democrático de Derecho que rige en Ceuta, que forma parte de España y, por tanto, de la Unión Europea.
La mirada de futuro es imprescindible porque, si bien no puede dudarse en ningún momento de la condición española de Ceuta, la presencia del Estado debe fortalecerse hasta el punto de que esa confianza institucional asegure la estabilidad, la paz y la justicia. Esta reclamación requiere también la presencia de las instituciones europeas. De lo contrario, las pretensiones desmedidas de países extranjeros que parece que se han expresado desalientan la permanencia de los vecinos, que buscan zonas de mayor seguridad, dejando abandonada la ciudad. Es un riesgo que no podemos asumir.
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—¿Se ha instrumentalizado a los migrantes?
—El presidente de la Conferencia Episcopal lo ha descrito como un conflicto biopolítico, término que me resulta adecuado para la situación. Lo problemático de esta crisis es la desigualdad entre nuestra sociedad, más próspera y basada en la defensa de la dignidad de la persona, y la de los países de origen, que quizá han instrumentalizado a los más débiles de su sociedad como si fueran un arma arrojadiza, para generar inestabilidad en la zona.
—¿No tiene la impresión de que la muerte de decenas de personas ha pasado desapercibida?
—No existe un cálculo aproximado de cuántas personas han fallecido en esta operación política. En las morgues oficiales hay un número de cadáveres que no han sido reclamados; ni tampoco nuestra legislación puede intervenir para darles sepultura de forma inmediata. Pero, sin duda, en el intento de entrada en las fronteras nacionales españolas y europeas han fallecido muchas más personas que todavía desconocemos. No podemos comprender el alcance de esta situación hasta que no seamos conscientes de la desgracia que ha supuesto para las familias de esos fallecidos. Es la muestra más descorazonadora de la falta de respeto a la vida de quien debe respetar los derechos humanos.
—¿Cuál es la posición de la Iglesia sobre los menores?
—Desde el primer momento del día 31 de julio, cuando vi entre la multitud de personas a muchos niños y niñas, pensé en sus padres. ¿Cómo los habrán dejado marchar? Hay noticias de que, en algunos casos, hasta sus familiares alentaron su salida, y quizá por eso mismo no los reclaman a las instituciones españolas. En cambio, dentro de nuestras fronteras, nuestro sistema constitucional protege a la infancia por la especial vulnerabilidad. Me consta que la ciudad autónoma ha hecho lo imposible por proteger a esos niños y niñas, pero es imposible hacerlo cuando los servicios están colapsados.
La Iglesia pone por delante la dignidad del menor, que no puede quedar oculta en un mero expediente burocrático. Sin duda alguna, el principio que debe regir es que los derechos fundamentales de los menores sean protegidos y garantizados, pero cuando la realidad no es fruto de un caso aislado de carácter migratorio, sino de un abuso flagrante de autoridad, y no hay recursos para atenderlos dignamente, se deben buscar alternativas que prioricen el bien de los menores.
Entrar ahora en un debate burocrático entre las comunidades autónomas sobre el destino de estas personas menores me resulta, personalmente, muy desagradable, sobre todo cuando se usa la palabra «reparto», como si fueran mercancías. Son personas menores, cuyo primer derecho humano es el de estar atendidos por sus familias, cosa que desgraciadamente no sucede. Como consecuencia, las leyes españolas y los tratados internacionales exigen que el Reino de España se haga responsable de ellos. Es una situación muy delicada, que debe atenderse con responsabilidad y caridad social.
—¿Cómo ha vivido la Iglesia y la población de Ceuta en general este drama?
—La población de Ceuta es acogedora, integradora y respetuosa, pero también está en una situación muy vulnerable. Hay un dolor fuerte por la inseguridad, por el desamparo y la falta de apoyos institucionales que puedan devolver la normalidad; sin embargo, también quiero destacar que la mayoría se han visto sobrepasados por la impotencia para responder con sus pocos bienes a una situación que les superaba. ¿Cómo ofrecer algo de beber cuando hay una muchedumbre de personas a tu puerta? ¿Cómo dar algo de comer, cuando se agolpan delante de casa una cantidad incontable de personas? Si la opción institucional en los primeros momentos fue negarles cualquier prestación para que optaran «libremente» por el regreso a su país, ¿qué va a poder hacer una sola persona o una comunidad pequeña? Algún gesto caritativo, particularizado. Los ceutíes han dado muchas respuestas, posiblemente incompletas, pero han tenido un valor testimonial muy grande. Muchos se han visto sobrepasados ante la multitud.
Eclesialmente, quisiera destacar que el Papa, en el ángelus del 2 de agosto, expresó su preocupación ante la alarmante situación en Ceuta. Ese es también el sentir de la Iglesia septense [de Ceuta], porque ese drama no ha sido resuelto. Siendo conscientes de esta enorme dificultad, la Iglesia se puso, desde el primer momento, a la disposición de los responsables de la ciudad y del Gobierno, para colaborar en lo que estuviera de nuestra mano. Así, por ejemplo, la colaboración institucional ha sido ejemplar para la organización de los cultos de la patrona, que, sin duda, sirvieron en aquellos momentos críticos para ofrecer apoyo espiritual, y aliento para reivindicar el espacio público, lo que supuso una cierta normalidad.
La Iglesia de Ceuta quiere atender no solo a los desplazados, sino también ofrecer una respuesta espiritual y educativa para afrontar esta situación con criterios y prudencia evangélica. Nuestra vulnerabilidad y pobrezas, congénitas al estar en otro continente, no impiden que el gran corazón de los caballas se despliegue en la medida de nuestras pequeñas posibilidades.
—¿Qué destacaría de la respuesta de la Iglesia?
—En un primer momento, la fuerza de acogida de la Iglesia de Ceuta se concentró en el Centro San Antonio, que fue desbordado desde el inicio. La atención de la Delegación de Migraciones, encabezada por Carlos Méndez, de la familia scalabriniana, y el equipo de voluntarios, fue, y sigue siendo, excepcional. Los pocos recursos se multiplicaron ante la multitud. Ahora, un centro pequeño con capacidad para unas 20 personas acoge a más de 50, muchas más de la disponibilidad adecuada del espacio. Entre las personas recibidas, están los más vulnerables entre los vulnerables, como niños con enfermedades graves acompañados de sus padres o aquellos que están extremadamente heridos. También acompañan en el centro dos carmelitas vedrunas, y han querido acompañar temporalmente una pequeña comunidad de Hijas de la Caridad que, urgidas por la necesidad, se han mostrado disponibles. Los hermanos de la Cruz Blanca siguen atentos a las necesidades de todos, al igual que las hermanas adoratrices. Por su parte, Cáritas de Ceuta ha atendido las necesidades de este centro, y está preparando todo lo que se viene encima en las próximas fechas, porque la demanda va a ser muy difícil de gestionar. Las parroquias se han convertido en refugios para los ceutíes, que necesitan esperanza y consuelo ante tanta desorientación, un lugar donde recuperar el equilibrio emocional para afrontar con paz un nuevo día. Igualmente, los sacerdotes están ofreciendo un testimonio de presencia continua, lo que supone una puerta a la esperanza y a la estabilidad.
—¿Cuál debe ser el papel de la Iglesia en estos momentos?
—Me gustaría que nuestra pequeña comunidad fuera garante de un espíritu de paz y de esperanza. El desaliento conlleva el abandono de lo humano y, frente a ello, la ciudad de Ceuta puede presumir de una humanidad desbordante.
—¿Qué les diría a quienes ven estas llegadas como una amenaza?
—Es muy difícil no sentirse inseguro ante una situación como la que ha vivido Ceuta. Todo se ha paralizado de repente. El miedo se instala en la casa y se percibe todo como una agresión. Tenemos derecho a vivir con la seguridad que deben ofrecer los responsables que guían el bien común. No es lo mismo vivir en la frontera, o en la periferia, que en una zona segura. No creo que tengan el mismo valor los juicios morales realizados desde un lugar protegido a otro inseguro y frágil, porque la incertidumbre y el desamparo hacen más comprensibles respuestas que no son del todo adecuadas.
¡Por supuesto que una llegada masiva se vive como una amenaza, seríamos de otro mundo si nos resultara indiferente! Así lo demuestra la historia ante las expansiones masivas, sean violentas o no. Basta recordar el tiempo de san Agustín y cómo reacciona en La ciudad de Dios. Otra cosa es que las instituciones y las mediaciones políticas puedan arbitrar medidas eficaces para integrar las necesidades de esas personas y que la Doctrina Social de la Iglesia pueda proporcionar principios y medidas que orienten y ofrezcan luz y aliento para tamaña misión. Acompañar a quienes tienen en su mano la caridad de guiar y sostener esta responsabilidad es también una tarea de la Iglesia.
