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Un estudio del CEU pone cifras al «maltrato» a la familia en España

Menos nacimientos, explosión de la soledad y los divorcios, peor acceso a la vivienda y menos libertad educativa, los síntomas de un olvido que ha ido contra la Constitución durante décadas

La familia es mucho menos fuerte en la España de hoy que cuando se aprobó la Constitución, en cuanto a variables objetivas como número de miembros, estabilidad y régimen legal. Así se desprende del informe Constitución y familia. Un principio fallido, elaborado por el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social —CEU-CEFAS— sobre la base de analizar cómo se trata a la familia en el texto de nuestra Carta Magna, y cómo la han tratado realmente desde su promulgación los poderes públicos.

La evidente deriva en las estadísticas muestra que el número medio de hijos por mujer ha caído más del 50% desde 1977, lo cual redunda en que cada nueva generación de españoles sea un 45% menos numerosa que la anterior. Aparte del agujero negro que supone para la sociedad esta tasa de fecundidad, existe una consecuencia cualitativa de todo ello: el «gran empobrecimiento afectivo y altas tasas de soledad en la infancia —por la falta de hermanos, y muchas veces de uno de los progenitores en el hogar, generalmente el padre—, así como en la edad adulta y la vejez —por más y más gente que no convive con una pareja estable y/o no tiene hijos—», explica el Centro de Estudios en un comunicado. Para colmo de males, más de 2,7 millones de hijos en edad de gestación han sido matados en el vientre de sus madres desde 1986 en abortos considerados «legales», en buena parte pagados por el Estado.

En el mismo período, el porcentaje de ciudadanos que se casan ha caído en torno al 50 % y se ha instalado a la familia española en una enorme inestabilidad. Por el contrario, pero también lógico, la tasa de «fragilidad matrimonial» —número de divorcios por cada cien bodas— ha superado el 60% en 13 de los últimos 18 años. Con estas pautas de ruptura conyugal, al menos 50 % de los matrimonios se acabarían separando. Desde comienzos de los años 80, se han roto unos tres millones de matrimonios legales. Fruto de ello, de 3,5 a 4 millones de niños y jóvenes se han visto afectados directamente por la separación de sus padres, algo que «empobrece a los hijos no emancipados en lo económico y produce daños afectivos, con riesgo incrementado de necesitar tratamiento mental-emocional, así como de posibles perjuicios en el campo educativo-formativo, y por ende, en su futuro éxito profesional y nivel de vida como adultos».

Por si todo esto fuera poco, la carga fiscal que tienen que soportar las familias se ha duplicado —incluyendo impuestos confiscatorios—, mientras que la deuda pública actual hipoteca a cada familia con más de un año completo de su renta, con grandes inequidades fiscales entre regiones. En toda la década de los 70, como promedio, los españoles pagaban, entre impuestos directos e indirectos de todo tipo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, aproximadamente un 20 % de lo que ganaban, con apenas deuda pública. Ahora, acaban pagando de media del 40 % al 45 %, incluyendo impuestos a su patrimonio acumulado después de pagar impuestos por las rentas obtenidas para poderlo acrecentar, de forma inmediata cada año o bien al fallecer e ir a disponer de ese patrimonio sus legítimos herederos.

A esta presión del Estado, y también como consecuencia de ella, comprar una vivienda en la España de hoy es mucho más caro que hace 45-50 años. En 1978, en torno al 40 % de los españoles residía en una vivienda de protección oficial construida en los 35 años previos, porcentaje que superaría ampliamente entonces el 50 % entre la mitad menos pudiente de la población. En la actualidad, tenemos una gran dificultad de acceso a la vivienda, y en especial para los jóvenes y las familias de clases media-baja y baja. Y, por ende, más dificultad para la emancipación de los jóvenes del hogar paterno, que se ha retrasado en media desde los 25 años a mediados de los 70, a unos 30 años en la actualidad, con un efecto negativo en la tasa de fecundidad.

Por último, el estudio de CEU-CEFAS no quiere dejar de denunciar que «se ha conculcado gravemente la libertad de enseñanza en cosas como el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral acorde con sus propias convicciones, y en diversas CCAA, a ser educados en español».

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