Carlos Busto Cuervas-Mons forma parte de la Comunidad de Sant’Egidio. Es el responsable en Madrid de la Campaña Ciudades por la Vida
En un contexto internacional marcado por un escenario bélico creciente, donde se observa un aumento de la violencia, del terrorismo y de los conflictos armados —hay 59 guerras en curso, según las Naciones Unidas—, nos preguntamos por el sentido de continuar la lucha contra la pena de muerte. De continuar defendiendo el derecho a la vida en un mundo en el que la vida humana vale cada vez menos y se difunde esa «globalización de la indiferencia» denunciada por el papa Francisco.
En uno de los foros del reciente Encuentro Internacional por la Paz en el espíritu de Asís, organizado por la Comunidad de Sant’Egidio el pasado mes de septiembre en París, se dijo: «A la primera consternación inmediata, a los primeros gritos de paz, siguieron la resignación, el desapego y la impasibilidad. Hemos entrado en una nueva era histórica, dominada por regímenes de guerra. Y esto tiene consecuencias no solo en el panorama geopolítico, sino también en nuestra percepción de los demás, de nosotros mismos y en nuestra humanidad».
Es necesario tomar conciencia de que la normalización de la guerra y la violencia socava los avances en derechos humanos. La costumbre a la guerra provoca el riesgo de hacer retroceder los esfuerzos realizados así como los logros obtenidos en el trabajo por la abolición de prácticas crueles, como por ejemplo la pena de muerte —de hecho se ha reintroducido recientemente en la República Democrática del Congo—, a la vez que favorece la adopción de otras medidas excepcionales, como la ley marcial y los códigos militares. Ya desde el siglo XVIII, Cesare Beccaria afirmaba que «la pena de muerte es la guerra de una nación contra un ciudadano, cuya destrucción es para los jueces necesaria o útil».
A pesar de que la tendencia hacia la abolición de la pena capital ha crecido de manera significativa en estas últimas décadas, desde 1999 hasta hoy 50 países han eliminado la pena de muerte de sus sistemas jurídicos; el mundo asistió en 2023 a un trágico repunte de las ejecuciones, con más de 1.153 personas perdiendo la vida a manos del Estado. Esta cifra, la más alta en casi una década, revela una crisis global de los derechos humanos. Irán se erigió en el principal verdugo mundial, ejecutando a más de 853 personas, principalmente por delitos relacionados con drogas. Esta ola de ejecuciones, que afectó de manera desproporcionada a la minoría baluchi, pone además en evidencia una preocupante instrumentalización de la pena de muerte.
Hay que añadir que más de 27.000 personas en todo el mundo viven con esta espada de Damocles sobre sus cabezas, aguardando su ejecución. Este aumento del 20 % en el número de personas en el corredor de la muerte refleja una crisis humanitaria que exige una respuesta urgente. Todo ello sin tener en cuenta las cifras de China, Corea del Norte y Vietnam, países en los que es imposible conocer el número de ejecuciones debido a que se mantienen en secreto.
«La pena de muerte no hace justicia, fomenta la venganza», ha afirmado el papa Francisco en varias ocasiones. Hoy en día la pena capital persiste como un recurso retórico en el discurso político de numerosos países. Su mención se intensifica en momentos de alta tensión social, tras crímenes que generan gran impacto mediático o en vísperas de elecciones. Sin embargo, la evidencia científica es contundente: ejecutar a un condenado no reduce los índices de criminalidad. Por ejemplo, en Corea del Sur, la Asamblea Nacional aprobó en septiembre una enmienda que establece la pena de muerte como castigo máximo para casos de infanticidio o abandono de recién nacidos, esta medida surgió tras varios hechos delictivos que conmocionaron a la opinión pública. La presión social y la búsqueda de votos impulsan la aprobación de leyes cada vez más severas. Los políticos, respondiendo a las demandas de mano dura, utilizan la pena de muerte como un arma electoral. En países como Taiwán y Estados Unidos, la aprobación de leyes que endurecen las penas, especialmente la pena capital, que está habitualmente presente en los debates electorales, responde a una lógica populista que busca capitalizar el miedo y la inseguridad ciudadana.
Precisamente por eso es necesario hoy más que nunca continuar la batalla contra la pena de muerte, con empeño, pero también con creatividad. Una batalla a favor de la vida, de la civilización y por la regresión de una cultura de muerte. Es necesario fortalecer el camino hacia la abolición de la pena capital, fomentando su evolución en la conciencia civil y jurídica.
A pesar de todo, el año 2023 nos ha mostrado que la abolición de esta pena cruel e inhumana es un objetivo alcanzable. En varios países africanos encontramos algunos proyectos de ley abolicionistas en trámite, como los existentes en Kenia, Liberia y Zimbabue, y el Parlamento de Ghana votó a favor de dos proyectos de ley que eliminarían la pena de muerte del Código Penal y del Código Militar. Asimismo, en Asia, Pakistán abolió la pena de muerte para delitos de drogas, Malasia eliminó la pena de muerte preceptiva (quedando la decisión en manos de los jueces según el caso particular) y en Sri Lanka el presidente admitió que no tenía intención de firmar más órdenes de ejecución. Estos avances son el fruto de años de esfuerzo por parte de organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y personas comprometidas con la construcción de un mundo más justo y equitativo. Sin embargo, es fundamental mantener la presión y seguir trabajando para que su abolición sea una realidad en todos los países
La Iglesia también desempeña un papel importante en la lucha a favor del abolicionismo, gracias al diálogo con los Estados, entre políticos de sensibilidad cristiana e influyendo en la toma de conciencia ciudadana. En Filipinas, el sentimiento cristiano supone un obstáculo para el impulso político de la reintroducción de la pena de muerte. A pesar de la polarización política y la instrumentalización por parte de gobiernos autoritarios, la tendencia abolicionista sigue su curso. Recientemente, en la ONU se aprobó la nueva resolución sobre la moratoria de la pena de muerte con 131 votos a favor, 36 en contra, 21 abstenciones y cinco ausencias. Se trata de un resultado histórico, con cinco votos más que en 2022. Países como Ruanda y Camboya, que han vivido terribles genocidios, saben bien que hay que interrumpir la cadena de venganza y por eso no tienen la pena de muerte.
Victor Hugo afirmó: «La pena de muerte es signo peculiar de barbarie». Crear una barrera contra la invasión de la muerte es el trabajo diario de las Comunidades de Sant’Egidio en todo el mundo. Este se realiza a través de una amplia serie de iniciativas que van desde una presencia generalizada en las cárceles, la correspondencia con personas condenadas a muerte, el envío de llamamientos contra las ejecuciones, hasta la implicación de la sociedad civil con el movimiento de Ciudades por la Vida – Contra la Pena de Muerte. Este convoca cada 30 de noviembre a miles de ciudades de todo el mundo para expresar públicamente y en sus reglamentos su oposición a la pena capital.
Para fortalecer este vasto movimiento internacional contra toda forma de ejecución y a favor de toda vida, Sant’Egidio también promueve conferencias periódicas entre ministros de justicia de países tanto abolicionistas como retencionistas.
En el contexto actual de conflictos y violencia, la batalla contra la pena capital debe continuar con tenacidad y creatividad para instaurar una cultura de la vida. El aumento de las ejecuciones en algunos países es un recordatorio de que la violencia sigue siendo una amenaza constante para la humanidad. Sin embargo, la lucha por la abolición de esta práctica nos ofrece una oportunidad para construir un futuro diferente, basado en el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para promover una cultura de vida, paz y justicia, y para garantizar que los derechos humanos sean respetados en todo el mundo.
