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Una luz frente a los abusos

La Conferencia Episcopal Española publica una nueva edición de su informe sobre abusos a menores en el seno de la Iglesia. Recoge 806 casos, de los que más de 350 están probados, son verosímiles o se encuentran en estudio

En su compromiso con la transparencia en materia de abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, la Conferencia Episcopal Española (CEE) publicó el pasado 21 de diciembre una nueva edición del informe Para dar luz. Se trata de un trabajo en varios tomos que ofrece toda la información disponible e integra el trabajo de las oficinas diocesanas, así como los últimos estudios tanto del Defensor del Pueblo como del despacho Cremades y Calvo-Sotelo. Este último informe, encargado en febrero de 2021 y que llega con retraso, según indicó en un encuentro informativo el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal Juan José Omella, fue entregado personalmente por el presidente del bufete, Javier Cremades, el miércoles 20 de diciembre tras ser avanzado por correo electrónico el fin de semana anterior.

Así, Para dar luz ofrece un estudio de las denuncias recibidas a través de distintos canales y, por tanto, apunta varias cifras, analiza las medidas que ha tomado la Iglesia católica hasta el momento y hace suyas algunas de las observaciones y recomendaciones recibidas. Todo ello se está estudiando para su posible incorporación al Plan Integral de Reparación a las Víctimas, cuyo iter fue aprobado en la última Asamblea Plenaria, a finales de noviembre. «Se trata —recoge el texto— de ofrecer una mirada complexiva a una realidad dolorosa que ha hecho y hace sufrir a tantas personas e instituciones».

En materia de cifras, la CEE ha optado por no cruzarlas y ofrecer por separado las que plantea cada institución. Así, sus datos indican en estos momentos la existencia de 806 casos, de los cuales han sido probados 205 y son verosímiles, 70. 280 no han podido ser probados, mientras que 24 han sido excluidos y 75 se están investigando o a la espera de resolución, 13 fueron archivados y tres son falsos o infundados.

Los números presentados por Cremades y Calvo-Sotelo son superiores, aunque la propia CEE los pone en cuestión por la metodología, pues, por ejemplo, añade las 305 denuncias recibidas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe a las ya comunicadas por las diócesis. Por lo tanto, es probable que haya duplicidades. El informe de este despacho concluye un total de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas. Con todo, el director de la Oficina de Información de la CEE, José Gabriel Vera, afirma en un vídeo explicativo que para la Iglesia lo importante no son las cifras, sino «las historias de las víctimas». «Las cifras no pueden ser reparadas, pero las personas sí. Por eso, nuestra preocupación es que las víctimas puedan encontrarse con la Iglesia y puedan sanar su dolor», explica.

Otro de los puntos relevantes, a los que se dedica un capítulo entero y decenas de páginas, son las recomendaciones y observaciones. Propuestas de carácter general como una mayor claridad y firmeza de la Iglesia frente a esta realidad, la necesaria atención pastoral a las víctimas, el refuerzo de la unidad de acción y el análisis de las causas de los abusos. O cuestiones más particulares como el derecho de las víctimas a ser recibidas, acompañadas y escuchadas, del establecimiento de un sistema de cumplimiento normativo, de la reparación del daño, también cuando los casos están prescritos o la no conveniencia de creación de un fondo de contingencia para hacer frente a las indemnizaciones por no ser necesario.

Con toda la información recogida y su análisis, el documento de la CEE concluye que los abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia «han producido dolor y vergüenza en todos sus miembros» y reconoce que «son un problema grave en la vida de la Iglesia por la altura de la misión que le ha sido confiada». «Son pecados y delitos y como tal deben ser tratados», recoge.

Caer en la cuenta de esta realidad ha llevado a las instituciones eclesiales, continúa el documento, a un movimiento en tres direcciones: el conocimiento de la realidad de los abusos y el daño causado, la reparación del daño causado y el establecimiento de las medidas para que estos abusos no vuelvan a producirse.

En este sentido, reconoce que el paso más decisivo ha sido la creación de las oficinas de protección de menores y prevención de las diócesis y congregaciones, que «ha permitido un conocimiento cierto de lo que ha ocurrido». «Esta experiencia puede servir a otras instituciones sociales que estén publicados por esta lacra», recoge.  Al volver sobre los datos y la dificultad para conocer una cifra concreta, señala el compromiso de la Iglesia para conocer todos los casos y así ayudar a sanar el dolor de las víctimas y poner todos los medios para que no vuelvan a ocurrir. Del mismo modo, pone en valor la legislación creada por la Iglesia.

Y concluye: «La realidad de los abusos no es un problema exclusivo de la Iglesia. Las cifras aportadas en este informe y las que derivan de los diversos informes publicados por otras instituciones hacen ver que estamos ante uno de los problemas más graves que afronta nuestra sociedad y que, tristemente hoy, sigue estando oculto». 

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