Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española, cerró el Curso de Formación en Doctrina Social de la Iglesia, que, en su edición número 30, abordó el problema de la vivienda
La conferencia de Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española cerró este miércoles el XXX Curso de Formación en Doctrina Social de la Iglesia, que organizan la Conferencia Episcopal Española, la Fundación Pablo VI y la UPSA. Una intervención en la que presentó algunos datos del IX Informe FOESSA que será publicado en noviembre de este año. La conclusión: «La vivienda es una emergencia social real».
Con datos, Flores ha constatado que en tres décadas los poderes públicos no han cumplido el mandato constitucional de regular el suelo e impedir la especulación. Lo que ha desembocado, por ejemplo, en un aumento desenfrenado de los precios. Según detalla, en 2023 se volvieron a alcanzar los del momento previo a la burbuja inmobiliaria y ahora ya se están superando. Esta circunstancia está provocando una brecha entre los propietarios, que la dedica a generar beneficios, y los no propietarios, que no pueden acceder a una vivienda.
Pero este aumento, que es generalizado en toda Europa, beneficia sobre todo a unos actores: los fondos de inversión, «que han encontrado una alta rentabilidad en la vivienda y llevan usándola y disfrutándola muchos años».
Exceso
Al mismo tiempo, Flores contesta la idea de que en España falta vivienda, pues señala que en 30 años el parque se ha incrementado en un 55 % frente al aumento de la población, cifrado en un 22 %. Pero es que, además, España tiene el récord de viviendas por cada 1.000 habitantes, aunque el último puesto en viviendas principales. Es decir, que hay muchas viviendas dedicadas a usos que no son el de la residencia. «Hay un exceso de viviendas vacías y dedicadas al turismo, al ocio o a la especulación», agrega.
En concreto, recoge que hay 3,8 millones de viviendas vacías (14,4 %) y que 1,1 millones están en las ciudades, en Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo, Sevilla… «Frente a la propuesta de construir más, quizás tambien habrá que gestionar mejor el parque de vivienda que ya existe», sostiene.
Escasez de vivienda social
Otra clave apuntada por el secretario técnico de FOESSA es que en nuestro país hay una «carencia significativa de vivienda social». Las proyecciones más optimistas hablan de un 3, 3 % frente a la media europea, del 9,9 %, o de Países como Austria, Dinamarca, Suecia, Inglaterra o Países Bajos, con parques de vivienda en alquiler entre el 16 % y el 32 %. También se ha referido a la «competencia desleal» del alquiler turístico que, en lugares como en Málaga, expulsan a los residentes fuera de la ciudad porque ya no pueden asumir la renta.
Finalmente, toca dos temas relevantes: el impacto que tiene la vivienda en las condiciones de vida y la exclusión y la emancipación de los jóvenes. Sobre la primera cuestión, señala que la situación tiene un impacto mayor entre las capas más vulnerables de la sociedad que, precisamente, no se pueden permitir una vivienda en propiedad. De hecho, recoge que las tasas de exclusión social se multiplican por tres en el caso de personas en régimen de arrendamiento.
El otro tema es la juventud, pues el gasto excesivo en vivienda impide que se emancipen, dando datos como el siguiente: que solo el 15 % de las personas jóvenes pudieron emanciparse durante el segundo semestre de 2024.
Para reflexionar
A modo de conclusión, Flores ha lanzado algunas reflexiones. Por ejemplo, que en la solución de esta emergencia no basta solo con arreglar un elemento como el parque de vivienda social, sino que hay que considerar otros como la mejora de la garantía de rentas. También apunta la necesidad de construir un nuevo relato sobre la vivienda y de convertir este tema en un problema político y colectivo.
Del mismo modo, ha lamentado que la vivienda haya perdido su valor social frente a su valor como inversión. «Son derechos que tienen que entenderse, pero «el derecho a la vivienda y su valor social debería ser primordial», agrega.
También recuerda que la Iglesia sigue preocupada de las personas más vulnerables y ha recordado la llamada a la responsabilidad individual de los católicos, como ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) al proponer que alquilen sus propiedades a un precio justo. «Tenemos que decidir de qué manera mandamos un mensaje a los políticos sobre cómo queremos la vivienda en nuestro país. Y tenemos que tomar decisiones cuando tengo una segunda vivienda en propiedad y decido alquilarla», concluye Flores.
