La Mesa de Diálogo Interconfesional publica una nota relativa a la decisión del Gobierno de eliminar este tipo del Código Penal. A ella se han unido la Comisión Islámica de España y la Federación de Comunidades Judías
Las confesiones cristianas representadas en la Mesa de Diálogo Interconfesional de España, que constituida el pasado mes de septiembre, han salido al paso de la propuesta del Gobierno para derogar el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, recogido en el artículo 525 del Código Penal. Una reforma, recogen en un comunicado, que «vulnera sustancialmente el derecho de libertad religiosa».
Por ello, tienden la mano a los gobernantes para «entablar un diálogo respetuoso sobre la derogación anunciada del delito contra los sentimientos religiosos, así como sobre cualquier toda de decisiones que afecten a ese derecho, a través del cauce ordinario de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa».
Los líderes religiosos cristianos señalan también que valoran y respetan el derecho a la libertad de expresión, que se utiliza para justificar la modificación, pero reivindican «el derecho de nuestros fieles a poder vivir la fe en un clima de respeto a los sentimientos religiosos, amparados por otros derechos protegidos constitucionalmente, tales como el derecho a la libertad religiosa, libertad de conciencia y derecho a la dignidad e integridad moral».
«Estos derechos, por ser fundamentales, no pueden prevalecer uno en detrimento de los otros, como si uno fuera absoluto y los demás relativos, pues todos son necesarios para sustentar la armonía de las libertades y los derechos humanos fundamentales en las sociedades democráticas, cuyos poderes públicos han de custodiar celosamente por el bien de todos, incluidas las minorías», afirman.
Garantía para la libertad de expresión
Y señalan que la vulneración de la libertad religiosa ha conllevado también la censura de la libertad de expresión, «por lo que la protección integral de la libertad religiosa es garantía para el ejercicio del pleno derecho a la libertad de expresión y del resto de los derechos fundamentales y libertades públicas».
Y concluyen: «Recordamos igualmente, que la normal aceptación de insultos, estereotipos, bromas hirientes y ridiculizaciones, son en ocasiones la base para que puedan producirse comportamientos más graves tales como amenazas, agresiones u otro tipo de actos violentos contra las personas creyentes y los lugares de culto, actos que, de hecho, están creciendo por toda Europa».
