Cáritas, CONFER, REDES y la CEE celebran la aprobación del Real Decreto como un avance hacia la justicia social.y exigen a la Administración medios presenciales para garantizar que nadie quede fuera del proceso.
En un posicionamiento conjunto, las principales instituciones de la Iglesia católica en España han manifestado su respaldo unánime a la reciente aprobación del Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes. La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) consideran que esta decisión constituye una «medida de responsabilidad política, ética y social».
Para estas entidades, el proceso no es solo un trámite administrativo, sino un acto de coherencia con los valores fundamentales. Según han subrayado, la regularización es un paso necesario para corregir una situación de injusticia estructural que afecta a cientos de miles de ciudadanos que ya conviven en el país pero carecen de reconocimiento legal.
Desafío con rostro humano
Las organizaciones eclesiales han advertido sobre la complejidad técnica que supone un proceso de esta envergadura, especialmente debido al marco temporal tan ajustado en el que debe ejecutarse. Por ello, han hecho un llamamiento directo a las autoridades para que el despliegue no sea meramente digital o burocrático, sino humano y accesible.
Confían en que «el proceso de regularización extraordinaria dé respuesta a todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, en particular aquellas que llevan sufriendo estas circunstancias durante un largo período de tiempo». No obstante, recalcan que el éxito de la medida depende de la voluntad operativa del Gobierno: «Este objetivo únicamente será posible si la Administración se dota de los medios adecuados para ofrecer información de calidad y ofrece posibilidades de registro presencial de expedientes a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias».
Coherencia con el Evangelio
Desde la perspectiva de la Iglesia, el acompañamiento al migrante no es una labor opcional, sino que la acogida y dignificación de estas personas son una «exigencia inherente a su misión». En este sentido, defienden que la regularización es una «expresión coherente del Evangelio en la vida pública», uniendo la fe con la defensa activa de los derechos humanos en la sociedad civil.
Recuerdan además que esta medida es el resultado de una intensa movilización ciudadana. La regularización supone un «refrendo al proceso participativo impulsado por la sociedad civil, que logró concitar a más de 900 organizaciones de toda índole y recabar más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)». Las instituciones firmantes han sido parte activa de este camino desde 2023, trasladando a los actores políticos la «relación innegable entre irregularidad administrativa y exclusión social».
Fin de la precariedad
Según el IX Informe FOESSA, el 68% de las personas en situación irregular se encuentra en exclusión social. Por su parte, Cáritas revela que el 47% de las personas que acompañaron en 2024 carecía de papeles, una cifra que equivale a unas 550.000 personas y que mantiene una tendencia alcista desde hace siete años.
La irregularidad, denuncian, crea un «círculo de invisibilidad y desprotección que afecta a toda la convivencia social». Sin embargo, la obtención de la residencia y el trabajo tiene un efecto transformador inmediato. Permite a las personas «salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad», abriendo puertas a un «empleo formal y digno» y al acceso a servicios básicos como la sanidad o la vivienda sin el miedo constante a la expulsión o el abuso.
Finalmente, las entidades eclesiales subrayan el beneficio mutuo de esta medida. Al regularizar su situación, cientos de miles de nuevos ciudadanos podrán cotizar y pagar impuestos, lo que «contribuye formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando el Estado del bienestar». Es, en definitiva, el paso de la precariedad a la plena participación social.
