La entidad de Iglesia ha presentado un avance de la macro encuesta FOESSA, que presenta una situación muy complicada para jóvenes, mujeres, familias con menores a cargo, monoparentales y migrantes, para cuyo bienestar insiste en un ambicioso plan de ayudas sociales
La crisis económica y de exclusión social avanza a pasos agigantados, dejando notar sus efectos sobre los grupos más vulnerables: jóvenes, mujeres, familias con menores a cargo, monoparentales y migrantes. Según el avance del IX Informe FOESSA hecho público hoy por Cáritas Española, encuesta recolectada el pasado semestre entre 12.500 hogares en todo el país, 9,4 millones de personas se encuentran en situación de exclusión social, un 17,7 % más que antes de la gran crisis de 2007. Del mismo modo, la entidad de Iglesia recuerda que tres de cada cuatro personas que viven en la pobreza son de nacionalidad española, si bien la exclusión social afecta tres veces más a la población extranjera, con especial incidencia entre quienes han migrado desde África. Como no podía ser de otra forma, atendiendo a los datos, el número de personas en exclusión social severa también crece hasta los 4,3 millones, 1,4 millones más que en la gran recesión de principios de siglo.
Bajo el título «La sociedad del riesgo, hacia un modelo de integración precaria», la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha señalado que «se hace necesario volver la vista a la situación anterior a la Gran Recesión de 2007, pues los efectos de las crisis del COVID y su recuperación no deben enmascarar que, como sociedad, hemos sido incapaces de superar las consecuencias que originó la crisis financiera que tuvo lugar hace más de una década y que, aun entonces, había familias y personas cuyas condiciones de vida no eran adecuadas. Estamos, por tanto, ante una dinámica que nos muestra un claro carácter estructural de la realidad de la exclusión social, preexistente a las crisis, y de la incapacidad de la economía y de las políticas para romper los ciclos de pobreza y exclusión social».
Así las cosas, la exclusión residencial ha sido una de las variables que más ha empeorado en los últimos años. Los problemas relacionados con la vivienda afectan hoy a 1 de cada 4 hogares en España, pero esa proporción se dispara a 9 de cada 10 cuando hablamos de personas en situación de exclusión social severa. La encuesta revela que más de 4,6 millones de hogares sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda en 2024, mientras que el sobreesfuerzo por los costes afecta ahora a 6,8 millones de personas (14,1 % de la población), 1,7 puntos porcentuales más que en 2018 y 8,9 puntos porcentuales más que en 2007.
Para Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española, «se hace obvio que el esfuerzo que las familias realizan para el pago y mantenimiento de la vivienda como necesidad básica para la vida no ha dejado de incrementarse en los últimos años. La proporción del presupuesto familiar dedicado a pagar la vivienda sigue creciendo, y es una realidad que afecta tanto a la compra como al alquiler, aunque con consecuencias especialmente más negativas para las personas que viven alquilando».
En este sentido, el empeoramiento de algunos indicadores de exclusión residencial ilustra las estrategias con las que los hogares intentan adaptarse al reciente contexto de inflación, aun conllevando consecuencias importantes para la calidad de vida, pues aproximadamente 3 millones de personas utiliza ya formas precarias de tenencia de la vivienda, ya sea facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio. Mientras tanto, 3,4 millones de personas sufren condiciones de hacinamiento en nuestro país, incluido el retorno a casa de los padres. «A diferencia de otras formas de exclusión residencial extrema, como el chabolismo o el sinhogarismo, que son mucho más visibles para la sociedad, los problemas que hemos señalado son en general muy poco visibles. Quizás por ello la sociedad española ha tardado tanto en reaccionar a la actual crisis de vivienda que, en realidad, se viene labrando desde hace ya tiempo», ha explicado Flores.
Por otro lado, el empleo ha dejado de ser un antídoto infalible frente a la exclusión social, ya que una de cada 10 personas ocupadas está en exclusión. En concreto, el número de hogares cuya persona sustentadora principal tiene un empleo de exclusión ha pasado del 1,1 % en 2018 al 2,7 % en 2024. Mientras tanto, el porcentaje de hogares cuya persona sustentadora principal tiene un empleo irregular ha pasado de 1,3% en 2018 a 2,2% en 2024. La encuesta muestra, además, que el desempleo está insuficientemente protegido y compensado, ya que expulsa de la sociedad con gran fuerza a buena parte de quien no ha conseguido una estabilidad laboral. Más de 8 de cada 10 hogares cuya persona sustentadora principal se encuentra en desempleo están en situación de exclusión social; y más de la mitad, en exclusión social severa.
«Una asociación tan directa entre la situación de desempleo y la exclusión social nos sugiere también que las actuaciones propias de las políticas activas de empleo (orientación, formación, empleo protegido, subvenciones a la contratación…) deberían ser complementadas en muchos casos con medidas de apoyo y acompañamiento social para superar las problemáticas del ámbito personal o familiar, que pueden suponer un auténtico hándicap para la (re)incorporación al mercado de trabajo si no se abordan. El trabajo conjunto de servicios sociales y de empleo con este grupo sigue siendo una asignatura pendiente que debería abordarse con urgencia», subrayó el propio Flores.
Frente al dibujo dramático que presenta FOESSA, Cáritas ha incidido en sus propuestas para combatir la pobreza, que van desde «seguir desarrollando el sistema de garantía de ingresos mínimos», hasta «reforzar paralelamente el sistema de protección social para garantizar también el derecho a la inclusión social», pasando por algo esencial: «Generar un parque de vivienda pública extenso».
Otras acciones señalan la «puesta en marcha de políticas sólidas de equidad y solidaridad con las poblaciones segregadas y marginadas», la necesidad de «seguir invirtiendo en el Sistema Nacional de Salud», «favorecer el acceso a la educación no obligatoria» o elevar las prestaciones monetarias dirigidas a familias e infancia a niveles y cuantías de otros países de nuestro entorno.
