Las XXXV Jornadas para Delegados Episcopales y Directores de Secretariados de Relaciones Interconfesionales ponen el foco en la pérdida de protección del hecho religioso y la necesidad de normalizar la identidad creyente en la esfera pública
La ciudad de Madrid está acogiendo durante esta semana las XXXV Jornadas para Delegados Episcopales y Directores de Secretariados de Relaciones Interconfesionales. Este encuentro, organizado por la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, pretende suscitar una reflexión sobre el derecho fundamental a la libertad religiosa con motivo del 60º aniversario de la declaración conciliar Dignitatis humanae.
La jornada de hoy martes, así las cosas, ha cobrado un cariz profundamente institucional y práctico. José Daniel Pelayo Olmedo, representante de la Dirección General de Libertad Religiosa dependiente del ministerio de la Presidencia, ha desgranado los mecanismos que el Estado español emplea para garantizar este derecho fundamental. Durante su ponencia, ha subrayado que la gestión actual es «cada vez más compleja y multinivel, debido a la distribución de competencias entre ministerios y administraciones locales».
Pelayo Olmedo ha recordado asimismo que el sistema español permite un reconocimiento jurídico formal mediante una inscripción registral, destacando que en el caso de la Iglesia católica «este reconocimiento se compagina con el Acuerdo de Asuntos Jurídicos firmado por la Santa Sede en 1979». Y ha resaltado la importancia de las estructuras eclesiales, señalando que «las diócesis y circunscripciones territoriales tienen reconocida la personalidad jurídica siempre que mantengan reconocimiento canónico». El ponente ha concluido que el objetivo esencial de su departamento es el desarrollo de este derecho y la regulación de las relaciones con las diversas expresiones religiosa en una sociedad cada vez más plural.
Tras esta conferencia de carácter institucional y de diálogo con el poder político, el foco se ha desplazado hacia una mesa redonda que ha ofrecido una mirada muy diversa sobre la realidad española. En ella, han participado representantes de las confesiones evangélica, islámica y judía, coincidiendo todos en que, aunque la libertad religiosa está reconocida, aún existen obstáculos significativos en la vida cotidiana.
Carolina Aisen, directora ejecutiva de la Federación de Comunidades Judías de España, ha lamentado que el hecho religioso esté perdiendo protección y ha hecho un llamamiento a la normalización de la identidad religiosa: «Mi hijo no debería tener vergüenza de decir que es judío». Por su parte, desde la Comisión Islámica de España, Mohamed Ajana El ouafi ha puesto de manifiesto problemas prácticos muy graves, como los alimentos halal en los comedores escolares, la polémica sobre el uso del hijab, la escasez de personas que atiendan a presos musulmanes o la falta de cementerios, resumiéndolo en una frase de gran impacto: «Tenemos derecho a un lugar para morirnos».
Los ponentes han coincidido también en que, más allá de las reivindicaciones particulares, la secularización afecta negativamente a todas las confesiones, y han denunciado la «aplicación irregular» de las normas que atañen al hecho religioso, especialmente a nivel municipal. Álvaro Serrano, de la federación evangélica FEDERE, ha señalado que «el desconocimiento genera que sea más difícil llevar la ley a la práctica de la vida cotidiana».
Durante la sesión de la tarde de esta intensa jornada de trabajo está interviniendo José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, quien expone la dramática situación de persecución que sufren muchos creyentes en el mundo. El día culminará con un gesto de gran valor simbólico: una visita a la Mezquita Central de Madrid para celebrar la Jornada de la Fraternidad Humana, reafirmando el compromiso de la Iglesia con el diálogo y la convivencia pacífica.
Este seminario de trabajo, que fue inaugurado ayer lunes con el saludo de monseñor Ramón Valdivia, ha permitido profundizar en el mencionado texto conciliar desde su contexto histórico, con el profesor Julio L. Martínez, y su aplicación en la España democrática, con su homólogo Ricardo García. Tras el intenso programa de hoy, el encuentro concluirá mañana miércoles analizando el marco jurídico actual con el profesor Jaime Rossell y ofreciendo «claves prácticas de actuación en casos de discriminación y delitos por motivos religiosos», sesión que contará con la participación de importantes mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
De esta manera, estas jornadas no solo celebran un aniversario histórico, sino que buscan, en palabras de los organizadores, contribuir a una mayor conciencia de este derecho y a su promoción efectiva en la vida pública, siendo fieles al espíritu del Concilio Vaticano II.
