El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal José Cobo, reflexiona sobre el caso de Jumilla, donde la prohibición de usar un polideportivo para una celebración religiosa ha reabierto el debate sobre la convivencia, la laicidad positiva y el valor de la libertad religiosa en España.
A mediados de verano, Jumilla, un municipio murciano conocido por sus viñedos y su creciente diversidad cultural, se convirtió en el epicentro de una controversia. La decisión del consistorio de impedir que un polideportivo acogiera unas fiestas religiosas reavivó las discusiones sobre el lugar de la fe en el espacio público. Lo que parecía un asunto administrativo menor pronto adquirió una dimensión simbólica: cómo gestionar la pluralidad en pueblos que, en pocos años, han pasado de ser homogéneos a contar con vecinos de distintas culturas y credos.
En ese contexto, el cardenal José Cobo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha publicado en Agenda Pública un extenso artículo en el que analiza el caso como ejemplo de un reto más amplio: el de la convivencia religiosa en una España plural. El prelado no se limita a describir la situación, sino que la enmarca en una reflexión de fondo sobre la libertad religiosa y la integración de la diversidad.
“El bien común exige crear condiciones para que todos los miembros de la sociedad desarrollen su potencial, respetando la libertad y la diversidad”, señala, recordando que la llegada de inmigrantes —que en Jumilla supera las 1.500 personas en los últimos años— no solo aporta mano de obra, sino también personas con historias, tradiciones y creencias propias. Para Cobo, “el miedo al diferente nunca es la respuesta a la diversidad” y “sembrar una visión negativa de lo religioso” conduce a debilitar la convivencia.
En su argumentación, el cardenal recurre tanto a referencias bíblicas y patrísticas como a documentos magisteriales. Cita el Catecismo de la Iglesia Católica, que establece que “el derecho a la libertad religiosa no es una concesión del Estado, sino un derecho natural que debe ser reconocido como un derecho civil” (CIC 2106), y el Concilio Vaticano II, que defendió que este derecho debía incorporarse al ordenamiento jurídico (Dignitatis Humanae, 2). Para Cobo, no se trata de favorecer una confesión, sino de garantizar que las religiones puedan aportar al bien común sin ser relegadas al ámbito privado.
Uno de los conceptos clave que subraya es el de “laicidad positiva”, entendida como una neutralidad que no invisibiliza lo religioso, sino que reconoce su valor social. “Hablar de laicidad no es abordar una asepsia tintada de neutralidad que invisibilice o excluya el hecho religioso”, escribe, advirtiendo que la libertad religiosa abarca tanto a las personas como a las comunidades de fe, siempre dentro del respeto a la ley y al orden público.
En el caso concreto de Jumilla, Cobo considera que “el uso ordenado de un polideportivo para unas tradicionales fiestas religiosas, de familia y vida de fe no parece perturbar la convivencia” en un lugar donde existe un notable pluralismo. Más bien, interpreta la medida restrictiva como un síntoma de cierta desconfianza hacia lo religioso, algo que, en su opinión, empobrece la vida social.
El vicepresidente de la CEE plantea que el papel del Estado no es imponer ni marginar, sino “armonizar y facilitar las diferentes expresiones religiosas” para que puedan vivirse “como un bien para la sociedad”. En este punto cita a san Agustín: “Ambas ciudades, la terrena y la celestial, buscan la paz; y la paz de la ciudad terrena es el bien común de los hombres”.
Más allá del caso murciano, el cardenal sitúa el debate en un marco mayor: el fenómeno migratorio y la gestión de la pluralidad en España. A su juicio, la integración no puede ser fruto de la improvisación ni de medidas coyunturales, sino de un compromiso a largo plazo. De ahí que afirme: “La inclusión no es solo un gesto de buena voluntad, es una apuesta política por un nosotros más amplio y más humano”. Por ello, defiende la necesidad de un pacto nacional sobre migraciones, consensuado entre partidos, que combine la dignidad de toda persona, el bien común, la seguridad y la responsabilidad internacional.
Cobo también reivindica la tradición española de respeto a la diversidad, recordando que las Leyes de Indias ya establecían un trato justo hacia los pueblos originarios. En su opinión, Europa, “humanizada por tantas innegables raíces cristianas”, y España deberían fomentar procesos de integración en los que los inmigrantes participen activamente “sin renunciar a sus creencias” y desde la aceptación de los valores democráticos y los derechos humanos universales.
En la parte final de su artículo, el prelado pone el acento en el diálogo, tanto entre culturas como entre religiones, como herramienta para superar prejuicios y construir un espacio común. “Sin duda, el camino es el diálogo intercultural e interreligioso”, afirma, subrayando que solo así se pueden forjar valores compartidos como la justicia, la dignidad y la solidaridad.
La reflexión se cierra con una cita del papa Francisco que resume el espíritu de sus palabras: “Soñar juntos como una única humanidad, como compañeros de camino, hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos”. Para Cobo, el caso de Jumilla es, en el fondo, una llamada a mirar más allá del conflicto inmediato y a repensar, con serenidad, cómo quiere España articular su convivencia en un tiempo de pluralidad creciente.
