El Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española presenta, junto a Greenpeace, ECODES, Enlázate por la Justicia y el Movimiento Laudato Si’, una declaración conjunta que urge a tomar decisiones en la cumbre del clima de Antalya
Ante la inminente celebración —del 9 al 20 de noviembre— de la Cumbre del Clima de la ONU (COP31) en Antalya, Turquía, un amplio frente de organizaciones religiosas y ecologistas ha unido su voz en una iniciativa sin precedentes. Bajo el lema «De las promesas a la acción real y justa», el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española (CEE), dirigido por Eduardo Agosta, las entidades católicas Enlázate por la Justicia y el Movimiento Laudato Si’ y decenas de delegaciones diocesanas y movimientos sociales han presentado su Declaración Conjunta ante la COP31 junto a destacadas organizaciones ecologistas, como Greenpeace España o ECODES.
El documento fija una postura contundente ante la que califican como la «COP de la implementación», tras los debates de la COP30 en Belém, la Conferencia de Santa Marta y la Intersesional de Bonn (SB64), alertando sobre la peligrosa brecha existente entre los compromisos diplomáticos y la devastadora realidad en los territorios, con el fin de evitar que la cumbre se diluya en trámites burocráticos.
La declaración, así las cosas, articula su análisis combinando la evidencia «geofísica» con los principios éticos de la Doctrina Social de la Iglesia, pues las entidades firmantes recuerdan que la ciencia ya constata la transgresión de siete de los nueve límites planetarios esenciales para la supervivencia humana. En el contexto del suroeste de Europa y la Península Ibérica, por ejemplo, el texto pone el foco en la alteración del régimen hidroclimático. Y es que se destaca la preocupante paradoja de las lluvias: mientras disminuyen las precipitaciones ordinarias benévolas, se disparan los eventos torrenciales de gran violencia debido al almacenamiento de energía térmica y humedad impulsado por el calentamiento antropogénico. Asimismo, advierten sobre la peligrosa amplificación regional de un Mediterráneo sobrecalentado y «dopado de energía», capaz de generar lluvias extremas al margen de las DANAs tradicionales, junto a olas de calor prolongadas que intensifican el riesgo de incendios colosales.
Desde el plano moral y teológico, tanto las organizaciones católicas como las no confesionales convergen en la enseñanza de las encíclicas Laudato Si’ y Magnifica Humanitas, recordando que «el clamor de la tierra y el clamor de los pobres son un solo e inseparable clamor». El documento denuncia que esta crisis no es un mero fallo técnico, sino un «pecado social y estructural». Como ejemplo de vulnerabilidad local, citan datos del IX Informe FOESSA sobre la cronificación de la pobreza energética en España, que fuerza a miles de familias a elegir entre alimentarse o protegerse de las temperaturas extremas. Además, apoyándose en la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV y en los documentos de la Comisión Teológica Internacional, advierten del elevado consumo hídrico y energético del paradigma tecnocrático e Inteligencia Artificial si no se orientan al bien común.
De este modo, y para superar la inercia negociadora, la alianza articula sus demandas clave en tres ejes irrenunciables. El primero de ellos es la rendición de cuentas estricta y fin de los combustibles fósiles: exigen fijar un calendario vinculante para la eliminación progresiva del carbón, el petróleo y el gas, prohibiendo las falsas soluciones tecnológicas; reclaman la publicación obligatoria e inmediata de los inventarios de subsidios públicos a las industrias contaminantes para su reorientación hacia energías limpias, y exigen que los Informes Bienales de Transparencia garanticen planes nacionales verdaderamente alineados con el límite de 1,5 °C. Asimismo, respaldan la iniciativa «35 x 35» de la Presidencia de la COP31 para alcanzar el 35 % de electrificación en 2035, siempre que dicha energía proceda en un 100 % de fuentes renovables y descentralizadas.
En segundo lugar, apuestan por los derechos humanos y la transición justa, reclamando la protección efectiva de los defensores socioambientales y la puesta en marcha del Mecanismo Belém-Antalya con salvaguardas laborales de la OIT. Adicionalmente, exigen que la extracción de minerales críticos respete el Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) de las comunidades originarias para no crear nuevas «zonas de sacrificio» y demandan también la integración de los saberes ancestrales en el Panel Científico para la Transición Energética Global, así como el impulso a la soberanía alimentaria y la agroecología.
Por último, la justicia financiera y una reparación sin endeudamiento. El frente social demanda que la financiación climática global y la Nueva Meta Cuantificada se estructuren exclusivamente mediante subvenciones y donaciones no reembolsables, evitando préstamos que encarezcan la deuda externa. Exigen definir metas numéricas para triplicar los fondos de adaptación, dotar de acceso directo y ágil al Fondo de Pérdidas y Daños, e implantar mecanismos de condonación de deuda e impuestos a las grandes corporaciones contaminantes.
El manifiesto concluye con un llamamiento directo tanto a la ciudadanía global como a las delegaciones gubernamentales reunidas en Turquía. A las comunidades de fe y a la sociedad civil las animan a mantener una «esperanza activa» y movilizada. Por su parte, la apelación a los líderes políticos es tajante: «El tiempo de los discursos ha terminado. Traduzcan sus compromisos en decisiones vinculantes que defiendan la vida, la equidad y el bien común».
